El juez federal Federico Villena ordenó un operativo en las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, por sospechas de vínculos con empresas proveedoras que entregaban alimentos no aptos para el consumo en el penal de Ezeiza. La causa apunta a una posible cartelización en licitaciones millonarias.
Por Roque Pérez para NLI
La investigación judicial dio un paso clave este viernes cuando Villena dispuso el allanamiento de las dependencias del director del SPF, Fernando Martínez, funcionario que ocupa el cargo desde 2024 y que quedó bajo la lupa por presuntas maniobras para beneficiar a firmas proveedoras cuestionadas por la calidad de la comida que reciben los internos.
El expediente se originó tras denuncias por raciones deficientes y licitaciones irregulares en cárceles federales, con foco en Ezeiza. La hipótesis central es una cartelización para direccionar contratos a empresas que entregaban alimentos en mal estado, con consecuencias directas sobre la salud de las personas privadas de libertad.
Durante el procedimiento, Martínez entregó un teléfono celular que no sería el de uso habitual y aseguró haber “extraviado” su dispositivo principal esa misma mañana. La explicación encendió alarmas inmediatas en el juzgado.
Las sospechas se profundizaron cuando el rastreo de antenas determinó que el celular habitual registró conexión una hora antes del arribo de la policía, en el barrio porteño de Barracas. Una fuente del caso ironizó que “o fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, deslizando la posibilidad de una filtración previa.
Maniobras de cartelización y empresas pantalla
En la pesquisa aparece Bio Limp como actual proveedora del servicio, sin antecedentes en el rubro alimentario, señalada como pantalla de Foodrush, firma sancionada previamente por niveles de Escherichia coli por encima de lo permitido en sus productos.
El propio Villena constató la precariedad del servicio durante una visita al penal de Ezeiza y, según trascendió en su entorno, calificó la comida como “un asco, vomitiva”, una descripción que grafica el estado del suministro investigado.
La causa también incorporó episodios de intoxicaciones de internos en Ezeiza. Si bien uno de los hechos fue atribuido preliminarmente al consumo de sustancias adulteradas, el juzgado analiza el contexto sanitario general del penal y la calidad de los alimentos como parte del mismo entramado de irregularidades.
Facturación cruzada, nexos y un vehículo sospechoso
La investigación reveló que Bio Limp y Foodrush compartían camiones, empleados y facturación cruzada por $150.000.000, una operatoria que, según fuentes del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, “no podía pasar inadvertida” para las autoridades del SPF al momento de la licitación.
A esto se sumó un dato sensible: Martínez se movilizaba en un vehículo a nombre de Enrique “Quique” Antequera, un prófugo vinculado a la feria La Salada, lo que agrava el cuadro de nexos irregulares bajo análisis judicial.
Pese a pedidos de nulidad de la fiscalía, Villena ratificó el avance del expediente y dejó constancia del respaldo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para continuar con la investigación. El caso pone en cuestión la gestión del SPF y expone un sistema de contrataciones que, de confirmarse, priorizó negocios por sobre la salud y los derechos básicos de los internos.
Descubre más desde Noticias La Insuperable
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Noticias La Insuperable 