El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a 31 represores por delitos cometidos contra 333 víctimas desde la jefatura del V Cuerpo de Ejército. El fallo ratificó que se trató de crímenes de lesa humanidad y ordenó una rectificación pública al diario La Nueva Provincia como acto de reparación.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dictó este martes una sentencia histórica en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado: 16 condenas a prisión perpetua y otras 15 penas de hasta 20 años de cárcel para integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y personal civil que actuaron desde la jefatura del V Cuerpo de Ejército.
El fallo abarcó delitos perpetrados contra 333 víctimas en un vasto territorio que incluyó el sur de la provincia de Buenos Aires y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, confirmando el carácter sistemático y planificado del aparato represivo.
El debate, iniciado el 7 de febrero de 2022, contó con la intervención del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani junto a los auxiliares Pablo Fermento, Paula Molini y el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia, todos integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca.
Crímenes de lesa humanidad y responsabilidad estatal
El tribunal, integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido, calificó los hechos juzgados como crímenes de lesa humanidad, al considerar probada la comisión de allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios, sustracción de menores de 10 años, abusos deshonestos y abusos sexuales, con múltiples agravantes.
Las conductas se desplegaron desde la estructura del V Cuerpo de Ejército, cuya sede estaba en Bahía Blanca y que coordinó operativos represivos en partidos bonaerenses como Coronel Suárez, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones, entre otros, además de toda la Patagonia.
Solo uno de los imputados resultó absuelto, aunque pesa sobre él una condena previa a prisión perpetua, lo que reafirma la contundencia probatoria reunida a lo largo del proceso.
Las condenas: perpetuas y penas de hasta 20 años
Entre las condenas a prisión perpetua se encuentran Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo González Chipont, Norberto Eduardo Condal, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Víctor Raúl Aguirre, Jorge Aníbal Masson, Bernardo Artemio Cabezón, José Marcelino Casanovas, Arsenio Lavayen, Raúl Artemio Domínguez y Claudio Alejandro Kussman.
También fue condenado Héctor Jorge Abelleira a 7 años por estos hechos, pero su pena quedó unificada en prisión perpetua por una condena anterior.
El resto de los acusados recibió penas que van desde 20 años de prisión, como en el caso de Mario Horacio Torres, hasta 3 años, como Jorge Horacio Rojas, cuya condena fue unificada en 10 años de cárcel. Hubo además condenas a personal de salud, lo que vuelve a poner en evidencia la participación civil en el entramado represivo.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado condenas también para otros imputados, pero en esos casos la acción penal fue declarada extinguida por fallecimiento.
Reparación simbólica y derecho a réplica
En un punto de fuerte contenido político y simbólico, el tribunal ordenó —a pedido del MPF— que, una vez firme la sentencia, el diario La Nueva Provincia publique la rectificación de una nota periodística vinculada a los hechos juzgados, como acto moralmente reparatorio.
El derecho a réplica alcanza a 37 víctimas, algunas de ellas desaparecidas o asesinadas, que habían sido presentadas por ese medio como “detenidas o abatidas en enfrentamientos”, cuando quedó acreditado judicialmente que fueron secuestradas, torturadas, fusiladas o desaparecidas por las fuerzas represivas.
El juicio de la Megacausa Zona V, con 188 testimonios e inspecciones oculares en centros clave como el Batallón de Comunicaciones 181 y la Unidad Regional V de la policía bonaerense, vuelve a confirmar que no hubo excesos ni enfrentamientos, sino un plan criminal desde el Estado, y que memoria, verdad y justicia siguen siendo una política irrenunciable.
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