En medio del debate público por la reforma del Código Penal enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, una declaración del ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, detonó una de las polémicas políticas más intensas de la semana. Sus palabras, pronunciadas en una entrevista televisiva, encendieron las redes sociales y desataron críticas cruzadas entre opositores y defensores del proyecto.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La controversia estalló cuando Cúneo Libarona aseguró en el programa conducido por Eduardo Feinmann que, durante la elaboración del nuevo texto penal, se consultó a “sectores concentrados del poder”. Entre ellos destacó a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y a la Sociedad Rural Argentina: “Consultamos a la DAIA y le gustó”, afirmó con tono triunfalista, subrayando que también había diálogo con las patronales agropecuarias.
Estas declaraciones, lejos de ser un simple dato técnico, prendieron la mecha de una discusión profunda sobre quiénes deben participar en reformas legales de enorme alcance y qué intereses representan dichas voces. Sectores del progresismo y de la izquierda se apresuraron a cuestionar la legitimidad de tales consultas, señalando que organizaciones ajenas al proceso legislativo no deberían tener injerencia directa en la definición de las normas que rigen a toda la sociedad.
Especialmente polémico fue el señalamiento hacia la DAIA, entidad que representa a un sector de la comunidad judía argentina y que suele participar en ámbitos de lucha contra la discriminación y el antisemitismo. Para muchos críticos, la mención equivale a insinuar una “bendición” de grupos con poder económico o social, lo que alimentó discursos conspirativos y teorías de injerencia de poderes fácticos sobre el Estado.
Por otro lado, la referencia a la Sociedad Rural —tradicional actor de peso en la política agropecuaria y socioeconómica del país— fue interpretada por opositores como la confirmación de que la reforma penal responde a lobbies sectoriales más que a un debate amplio y democrático. La crítica se centró en que una norma que define delitos, penas y mecanismos de justicia debe surgir del debate parlamentario y de la participación de diversos actores del entramado social, no de “consultas” discrecionales.
El ex ministro, que recientemente dejó su cargo tras más de dos años en el Gobierno —reemplazado por Juan Bautista Mahiques en un recambio que algunos analistas vinculan a acuerdos de poder internos— defendió su gestión como un “trabajo serio” y de “buena repercusión”, insistiendo en que la reforma fue fruto de una tarea intensa y profesional.
Sin embargo, analistas políticos remarcan que la polémica no solo pone en tensión al propio proyecto de reforma penal, sino que expone una vez más la crisis de representatividad en los procesos de decisión legislativa en Argentina, donde el peso de lobbies y organizaciones con acceso privilegiado al poder político es percibido como una constante.
A la espera del debate en el Congreso, que promete ser áspero y fragmentado, las declaraciones de Cúneo Libarona se perfilan como un punto de inflexión: no solo por lo que revelan del proceso detrás del texto legal, sino porque abren un choque de interpretaciones sobre quiénes realmente influyen en las grandes decisiones que afectan al sistema judicial y penal argentino.
¿Es legítimo que instituciones privadas sean consultadas en reformas tan profundas? ¿O estas declaraciones revelan una captura del Estado por parte de grupos de poder que buscan moldear las reglas del juego a su favor? El país debatirá estas preguntas en las próximas semanas, con el Código Penal como epicentro de una polémica que ya trascendió las intenciones de la propia reforma.
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