El jefe de Gabinete vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras confirmarse que voló en primera clase a una isla paradisíaca junto a su familia. La investigación ahora apunta a una pregunta clave: quién pagó realmente esos gastos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La situación de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo. La Justicia confirmó que el funcionario viajó en primera clase a Aruba junto a su esposa y sus hijos para pasar las fiestas de fin de año, en medio de una causa que ya venía acumulando sospechas sobre su patrimonio.
El dato no es menor: no se trata de un simple viaje, sino de un traslado en condiciones de lujo que vuelve a poner en tensión el discurso oficial contra la “casta” y la realidad de algunos de sus principales funcionarios.
Un viaje de lujo bajo la lupa judicial
Según surge de la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita accedió a información de la aerolínea que confirma que Adorni viajó acompañado por su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos.
El costo total de los pasajes en primera clase asciende a unos 5.800 dólares, una cifra significativa que ahora forma parte del expediente judicial.
Pero ese número podría ser apenas la punta del iceberg: la Justicia también busca determinar cuánto se gastó en alojamiento y otros consumos durante la estadía en la isla caribeña, un destino asociado al turismo de alto poder adquisitivo.
El viaje se habría extendido desde fines de diciembre de 2024 hasta los primeros días de enero de 2025, en pleno período festivo.
La clave: el origen del dinero
El punto más delicado no es el viaje en sí, sino cómo se financió. La causa judicial avanza justamente sobre ese eje: verificar si los gastos son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario.
En ese marco, el juez de la causa ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su entorno, una medida que permite reconstruir movimientos financieros, consumos con tarjeta y posibles inconsistencias patrimoniales.
El objetivo, según se desprende del expediente, es contrastar esos datos con las declaraciones juradas del funcionario y determinar si hubo irregularidades o enriquecimiento ilícito.
Un escándalo que no llega solo
El viaje a Aruba no es un hecho aislado. Se suma a una serie de episodios que ya venían generando ruido: vuelos privados, cuestionamientos por operaciones inmobiliarias y denuncias por el crecimiento de su patrimonio en poco tiempo.
De hecho, la fiscalía también analiza otros traslados realizados por el funcionario, en un expediente que ya acumula múltiples líneas de investigación y que amenaza con escalar políticamente.
En ese contexto, la confirmación judicial del viaje en primera clase no hace más que reforzar una imagen que choca de frente con el relato oficial de austeridad.
Entre el discurso y la realidad
El caso expone una contradicción difícil de disimular: mientras el gobierno sostiene un ajuste fuerte sobre amplios sectores de la sociedad, uno de sus principales funcionarios aparece vinculado a viajes de lujo cuya financiación todavía no logra explicar con claridad.
La investigación recién empieza a mostrar sus primeros resultados concretos, pero el daño político ya está hecho. Porque más allá de lo que determine la Justicia, el dato es contundente: el relato anticasta vuelve a quedar en entredicho frente a prácticas que parecen ir exactamente en sentido contrario.
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