El escándalo por los consumos con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina ya tiene un nuevo capítulo judicial y vuelve a golpear al círculo más cercano de Milei. El asesor presidencial Demian Reidel fue imputado por el fiscal federal Ramiro González en una causa que investiga gastos por más de 313 mil dólares realizados con fondos públicos en hoteles de lujo, free shops, bares, tiendas de ropa y adelantos millonarios de efectivo.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La investigación quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas y apunta a determinar si existió malversación de fondos públicos dentro de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país. Durante el período bajo sospecha, Reidel era presidente del directorio de la firma y uno de los hombres de máxima confianza política de Milei.
Según la documentación incorporada a la causa, con alrededor de cien tarjetas corporativas se realizaron consumos en más de veinte países. Entre los gastos aparecen 45 compras en free shops, consumos en tiendas como Adidas, Reebok, Primark y El Corte Inglés, estadías en hoteles cinco estrellas en ciudades como Miami, Viena, Singapur y Washington, además de pagos en bares y retiros de efectivo por más de 60 millones de pesos.
El expediente que empezó a complicar al Gobierno
La denuncia judicial fue impulsada por el diputado socialista Esteban Paulón luego de que los datos surgieran en un anexo del informe de gestión presentado por Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados. Allí aparecieron detalles de los movimientos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 con cuentas corporativas de la empresa estatal.
El expediente no sólo involucra a Reidel. También fueron señalados el propio Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, por su responsabilidad política sobre la empresa estatal. La causa busca establecer si existió un esquema sistemático de utilización irregular de recursos públicos mientras el Gobierno sostenía un discurso de ajuste, recorte y motosierra para jubilados, universidades y trabajadores estatales.
En Comodoro Py comenzó a instalarse además otra discusión incómoda para el oficialismo: la posible aplicación de criterios similares a los utilizados en la causa Vialidad, donde la responsabilidad jerárquica y política fue utilizada para sostener acusaciones sobre el funcionamiento de estructuras estatales completas. Esa interpretación podría complicar la situación judicial de quienes estaban al frente de Nucleoeléctrica durante el período investigado.
La defensa de Reidel y el avance de las sospechas
Antes de ser imputado, Reidel intentó despegarse públicamente del escándalo. En redes sociales aseguró que sus resúmenes “no muestran ningún gasto personal” y acusó a los medios de mezclar consumos de distintas tarjetas corporativas para involucrarlo. También pidió que “se investigue hasta el último peso”.
Sin embargo, la situación política del asesor presidencial ya venía deteriorada desde hacía semanas. Reidel había abandonado la conducción de Nucleoeléctrica luego de denuncias por presuntos sobreprecios y fuertes cuestionamientos internos sobre contrataciones realizadas durante su gestión. Oficialmente, el Gobierno habló de una “reorganización” del área nuclear, aunque en los pasillos oficiales la salida fue interpretada como un intento de desactivar el creciente costo político del caso.
El avance judicial sobre Reidel se suma a una cadena de denuncias que golpean al entorno de Milei y que ya incluye investigaciones sobre patrimonio, contrataciones, sobresueldos y movimientos financieros de distintos funcionarios. Lo que comenzó como una revelación sobre gastos con tarjetas corporativas ahora amenaza con transformarse en otra causa explosiva para un Gobierno que hizo del discurso anticasta su principal bandera electoral.
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