Milei profundiza la apuesta por la deuda: el Gobierno lanza nuevos bonos y letras atados al dólar y extiende compromisos financieros hasta 2030. La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda dispusieron la emisión y ampliación de instrumentos de deuda por decenas de billones de pesos y miles de millones de dólares. El esquema incluye títulos dolarizados, bonos ajustados por inflación o tasas bancarias y canjes para postergar vencimientos inmediatos hacia los próximos años.
Por Walter Onorato
Bajo el discurso de la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal, el Gobierno de Javier Milei continúa consolidando una estrategia que traslada compromisos financieros hacia el futuro mediante una nueva ola de endeudamiento público. La Resolución Conjunta 32/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda autoriza la emisión y ampliación de una batería de instrumentos financieros que abarcan desde letras vinculadas al dólar hasta bonos con vencimientos que se extienden hasta junio de 2030, configurando un escenario en el que el Estado profundiza su dependencia de los mercados financieros para sostener su programa económico.
La medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, constituye uno de los movimientos más significativos en materia de financiamiento público de los últimos meses. El esquema contempla tanto nuevas colocaciones como operaciones de conversión de deuda existente, una práctica que, aunque habitual en la administración financiera moderna, deja al descubierto una realidad difícil de ocultar: la necesidad permanente de refinanciar vencimientos y extender obligaciones hacia adelante.
El primer instrumento autorizado es una Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, sin pago de intereses y con vencimiento el 31 de agosto de 2026. El monto máximo autorizado alcanza los 3.500 millones de dólares de valor nominal original. Aunque será suscripta y pagada en pesos, el capital estará atado a la evolución del tipo de cambio oficial determinado por el Banco Central. Este mecanismo vuelve a colocar al dólar como referencia central para la deuda pública argentina, incluso cuando el discurso oficial insiste en destacar una supuesta fortaleza monetaria derivada de las políticas de ajuste.
La decisión no es menor. Cada vez que el Estado emite instrumentos indexados al dólar traslada al futuro el riesgo cambiario. Si el tipo de cambio se incrementa, también lo hace el valor de la obligación que deberá afrontar el Tesoro. En otras palabras, el Gobierno consigue financiamiento presente a costa de asumir compromisos futuros cuya magnitud dependerá de variables económicas que hoy resultan inciertas.
A esta letra se suma la emisión de un Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense con vencimiento en diciembre de 2028. El monto autorizado asciende a 4.100 millones de dólares. Al igual que la letra de corto plazo, se trata de un instrumento cero cupón, es decir, sin pago periódico de intereses, cuya rentabilidad surge del descuento aplicado al momento de la colocación. Aunque este diseño puede parecer financieramente eficiente, implica concentrar pagos significativos al momento del vencimiento, trasladando hacia futuras administraciones la carga de afrontar obligaciones acumuladas.
Sin embargo, la apuesta más ambiciosa del Gobierno aparece en los denominados BONO CER/TAMAR 2028, 2029 y 2030. Estos instrumentos habilitan emisiones por hasta 10 billones, 11 billones y 11,5 billones de pesos respectivamente. La característica central de estos bonos radica en su naturaleza dual. Al vencimiento, el tenedor cobrará el mayor valor entre dos mecanismos de actualización: el ajuste por CER, que replica la evolución de la inflación, o una tasa vinculada a los depósitos bancarios de gran magnitud conocida como TAMAR, incrementada en tres puntos porcentuales.
Detrás de la complejidad técnica se esconde una definición política contundente. El Estado garantiza a los inversores una cobertura frente a dos de los principales riesgos de la economía argentina: la inflación y las tasas de interés. Si los precios continúan creciendo, el bono se ajustará por CER. Si las tasas resultan más convenientes, prevalecerá la referencia TAMAR más un adicional del tres por ciento. En cualquier escenario, los acreedores quedan protegidos. La incógnita es quién absorberá el costo de esa protección cuando llegue el momento de pagar.
La resolución también pone en marcha una operación de conversión de títulos que vencen en junio de 2026. Los tenedores del BONCER TZX26 y del Bono Tasa Dual TTJ26 podrán canjear esos instrumentos por los nuevos BONO CER/TAMAR con vencimientos en 2028, 2029 y 2030. La maniobra permite despejar compromisos inmediatos y distribuirlos a lo largo de los próximos años. Desde la óptica oficial se trata de una herramienta destinada a administrar vencimientos y fortalecer el programa financiero. Sin embargo, desde una mirada crítica resulta inevitable observar que el problema no desaparece: simplemente cambia de fecha.
La refinanciación permanente se ha convertido en uno de los pilares del esquema económico. La promesa de eliminar el déficit fiscal convive con una realidad donde la deuda sigue desempeñando un papel central en el sostenimiento de las cuentas públicas. El discurso libertario que durante años cuestionó el endeudamiento estatal encuentra ahora una paradoja difícil de ignorar. Mientras se ajustan jubilaciones, salarios públicos, programas sociales y presupuestos destinados a áreas estratégicas, el aparato financiero del Estado continúa generando nuevos compromisos multimillonarios.
Otro aspecto relevante es la ampliación del Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses al 6% con vencimiento en octubre de 2028. La resolución habilita una expansión de hasta 300 millones de dólares adicionales para cubrir la demanda de los inversores. La decisión confirma que el Gobierno continúa apostando a captar recursos mediante instrumentos dolarizados, reforzando una lógica financiera que históricamente ha condicionado la autonomía económica argentina.
La estructura general de la resolución permite observar una tendencia clara. Por un lado, se incrementa la oferta de instrumentos vinculados al dólar. Por otro, se amplían los mecanismos de cobertura para los acreedores mediante bonos ajustados por inflación o tasas bancarias. Finalmente, se promueven canjes que extienden vencimientos hacia el final de la década. El resultado es un mapa financiero donde los riesgos son progresivamente trasladados al sector público mientras los mecanismos de protección se concentran en favor de quienes adquieren los títulos.
Federico Furiase y Carlos Guberman, responsables de la firma de la resolución, ocupan posiciones clave dentro del equipo económico que conduce el proceso de reconfiguración financiera del Estado. Ambos representan una visión económica fuertemente orientada hacia los mercados y alineada con la estrategia de financiamiento impulsada por la administración Milei. La resolución lleva su sello técnico, pero también expresa una concepción política que privilegia la confianza de los inversores como eje ordenador de la política económica.
Más allá de las justificaciones formales incluidas en la norma, la magnitud de los montos involucrados permite dimensionar el alcance de la decisión. Entre los bonos CER/TAMAR autorizados se habilitan emisiones potenciales por más de 32 billones de pesos. A ello se agregan los instrumentos vinculados al dólar y la ampliación del bono en moneda estadounidense. No se trata de una operación menor ni de una medida administrativa rutinaria. Se trata de una nueva etapa en la expansión del endeudamiento público bajo una gestión que llegó al poder prometiendo una transformación radical del rol del Estado.
La cuestión de fondo permanece abierta. ¿Puede construirse una economía sostenible apoyándose en sucesivas refinanciaciones y nuevos compromisos financieros? ¿Hasta qué punto la estabilidad proclamada por el oficialismo depende de una creciente sofisticación de los mecanismos de deuda? Las respuestas probablemente excedan el alcance de esta resolución. Sin embargo, los documentos oficiales dejan una certeza difícil de discutir: lejos de retirarse del escenario, la deuda pública continúa ocupando un lugar central en la arquitectura económica del gobierno de Javier Milei, proyectando obligaciones que acompañarán a la Argentina mucho más allá del actual mandato presidencial.
Una deuda que no paga la política, sino la sociedad
Más allá de la sofisticación técnica de los instrumentos financieros aprobados por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, la pregunta central sigue siendo quién termina pagando los costos de estas operaciones. La Resolución Conjunta 32/2026 no anuncia nuevas escuelas, hospitales, rutas, viviendas ni programas de desarrollo productivo. Tampoco contempla mejoras salariales, aumentos jubilatorios o inversiones destinadas a fortalecer el empleo. Su objetivo es otro: conseguir financiamiento, refinanciar vencimientos y extender compromisos financieros hacia los próximos años.
Los principales beneficiarios inmediatos de la medida son los actores financieros (1) que acceden a títulos protegidos frente a los riesgos más importantes de la economía argentina. Los bonos vinculados al dólar ofrecen cobertura ante una eventual devaluación, mientras que los nuevos BONO CER/TAMAR garantizan al inversor cobrar la opción más conveniente entre inflación o tasa de interés bancaria más un adicional del tres por ciento. En otras palabras, el Estado asume obligaciones crecientes para ofrecer certidumbre a los mercados.
Para la ciudadanía, en cambio, los beneficios son indirectos y dependen de una hipótesis que todavía está por demostrarse: que la acumulación de deuda y la refinanciación permanente de vencimientos terminen generando estabilidad económica duradera. Lo que sí resulta concreto es que las obligaciones contraídas hoy deberán ser afrontadas con recursos públicos mañana. Y cuando una porción cada vez mayor del presupuesto queda comprometida por servicios financieros, inevitablemente surge una disputa sobre qué lugar ocuparán las políticas sociales, la educación pública, la salud, la ciencia, la infraestructura y el desarrollo nacional.
La resolución publicada en el Boletín Oficial expone, una vez más, una de las grandes contradicciones del modelo económico de Javier Milei. Mientras el Gobierno reivindica el ajuste sobre el Estado en nombre de la austeridad y la disciplina fiscal, continúa recurriendo a mecanismos de endeudamiento que trasladan responsabilidades hacia el futuro. La deuda cambia de fecha, cambia de instrumento y cambia de nombre, pero permanece como uno de los pilares centrales sobre los que se sostiene el programa económico libertario. Y como ha ocurrido tantas veces en la historia argentina, la incógnita no es quién recibe los beneficios inmediatos, sino quién terminará afrontando la factura cuando llegue el momento de pagar.
(1) Cuando nos referimos a actores financieros estos son concretamente: Bancos privados, Bancos públicos, Compañías de seguros, Fondos comunes de inversión, Fondos de pensión y grandes administradores de activos, Empresas con excedentes de liquidez, Inversores institucionales locales e internacionales y Agentes bursátiles que operan por cuenta propia o de terceros.
Fuentes
Ministerio de Economía de la Nación. (2026). Resolución Conjunta 32/2026. Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda. Boletín Oficial de la República Argentina, N.º 35.928, 11 de junio de 2026. Recuperado de: https://www.boletinoficial.gob.ar/
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