La investigación por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo explosivo. La fiscalía incorporó informes bancarios que muestran que, durante sus 28 meses en el Gobierno, Adorni realizó consumos con tarjetas de crédito por alrededor de 139 millones de pesos, una cifra que, según la causa, excede ampliamente los ingresos que percibía como funcionario. El expediente también analiza compras realizadas con tarjetas de colaboradores, quienes luego habrían recibido el dinero en efectivo.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La causa judicial que investiga el patrimonio de Adorni continúa acumulando elementos que profundizan las sospechas sobre la evolución de su situación económica durante su paso por la administración nacional. En las últimas horas trascendió que los informes bancarios incorporados al expediente revelan consumos con tarjetas de crédito por 139.110.716 pesos entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, un volumen de gastos que, para la fiscalía, resulta difícil de compatibilizar con los salarios declarados por el entonces vocero presidencial y luego jefe de Gabinete.
La documentación forma parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, quien intenta determinar si existe correspondencia entre los ingresos legales declarados por Adorni y el nivel de consumo registrado durante ese período. Los datos obtenidos mediante el levantamiento del secreto bancario y fiscal muestran que, incluso antes de asumir como jefe de Gabinete —cargo que implicó un incremento salarial—, los gastos ya superaban ampliamente las remuneraciones oficiales.
Compras realizadas por empleados y reintegros en efectivo
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es la modalidad utilizada para algunas adquisiciones. Según declaró una excolaboradora de Adorni ante la Justicia, varias compras destinadas al entonces funcionario fueron abonadas con tarjetas de crédito de empleados de su confianza, mientras él posteriormente les reintegraba el dinero en efectivo.
Entre los consumos bajo análisis aparecen electrodomésticos de alta gama, artículos para el hogar, equipamiento tecnológico, productos gamers y otros bienes destinados a una propiedad ubicada en Indio Cua. Una de las declaraciones incorporadas a la causa señala que una secretaria pagó con su tarjeta un lavarropas y un lavavajillas por unos 3,1 millones de pesos, además de otras compras posteriores, todas presuntamente reintegradas por Adorni en efectivo.
Los investigadores consideran que esa operatoria merece un análisis específico porque dificulta reconstruir el verdadero origen de los fondos utilizados para afrontar esos gastos.
La fiscalía busca determinar el origen del dinero
De acuerdo con la información bancaria obtenida, los resúmenes de las tarjetas fueron cancelados regularmente mediante débitos automáticos y sin registrar mora. Sin embargo, la principal incógnita para la fiscalía no es la existencia de deuda sino de dónde provenían los recursos para sostener semejante nivel de consumo.
La investigación también examina pagos en efectivo para refacciones, operaciones inmobiliarias, viajes y otros movimientos patrimoniales que, según distintas medidas de prueba ordenadas en el expediente, deberán ser justificados por el exfuncionario. Una vez concluido el informe contable definitivo, la fiscalía prevé avanzar con un requerimiento formal para que Adorni explique las inconsistencias detectadas. Si las explicaciones no resultaran satisfactorias, el expediente podría avanzar hacia una eventual citación a declaración indagatoria.
En los delitos de presunto enriquecimiento ilícito, la legislación establece un régimen probatorio particular: corresponde al funcionario investigado acreditar el origen lícito del incremento patrimonial cuando existen elementos objetivos que generan sospechas razonables sobre la evolución de sus bienes e ingresos.
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