16 de septiembre: el golpe que quiso borrar al peronismo de la Argentina

El 16 de septiembre de 1955 comenzó el levantamiento que terminó con el segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. La llamada “Revolución Libertadora” no se limitó a derrocar a un presidente: intentó desarmar al movimiento político que había transformado la Argentina desde 1943. Disolvió el Partido Peronista, persiguió a sus dirigentes, prohibió sus símbolos y empujó a millones de argentinos a una larga etapa de proscripción. Pero aquella operación política produjo un resultado paradójico: cuanto más intentaron borrar al peronismo, más profundamente se instaló en la historia argentina. Setenta y un años después, con el peronismo otra vez en la oposición y el gobierno de Milei intentando construir una nueva hegemonía política, aquella vieja pregunta vuelve a aparecer: ¿se puede sacar al peronismo de la Argentina?

Por Alcides Blanco para NLI

Hay fechas que pertenecen a un gobierno, fechas que pertenecen a un presidente y fechas que pertenecen a una época entera. El 16 de septiembre de 1955 pertenece a esta última categoría. Ese día comenzó una rebelión militar que, después de varios días de combates, terminaría derribando al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y abriendo uno de los períodos más largos de proscripción política de la historia argentina. Los protagonistas de aquel levantamiento lo bautizaron “Revolución Libertadora”, pero para buena parte del movimiento obrero y del peronismo popular quedaría grabado otro nombre, mucho más contundente: la Revolución Fusiladora. No fue solamente un cambio de gobierno. Fue el intento deliberado de modificar por la fuerza el mapa político y social que la experiencia peronista había construido durante una década.

El golpe no apareció de la nada. La Argentina llevaba años atravesada por una confrontación cada vez más violenta entre el gobierno peronista y una oposición que reunía sectores empresariales, políticos, eclesiásticos, militares y civiles. Desde 1951 habían existido intentos de derrocamiento y conspiraciones, mientras la relación entre Perón y sectores de las Fuerzas Armadas se deterioraba. El punto de quiebre fue el bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, cuando aviones de la Marina y la Aeronáutica atacaron el centro político de Buenos Aires con el objetivo de matar al presidente. El ataque provocó más de 300 muertos y más de 1.200 heridos y constituyó un antecedente directo del golpe que se produciría apenas tres meses después.

El 16 de septiembre las fuerzas rebeldes comenzaron a levantarse en distintos puntos del país. La conspiración tenía una característica que resulta fundamental para comprender la dimensión del acontecimiento: no fue solamente una asonada militar aislada. La Marina tuvo un papel central, participaron sectores del Ejército y de la Fuerza Aérea y el movimiento recibió apoyo de partidos políticos opositores, sectores de la Iglesia y comandos civiles. Después de una semana de enfrentamientos, Perón terminó abandonando el poder y comenzó un exilio que se prolongaría durante casi dos décadas. El saldo de los combates superó las 150 víctimas mortales.

Eduardo Lonardi asumió como presidente de facto con una frase que pretendía marcar una diferencia respecto del revanchismo que reclamaban algunos sectores: “ni vencedores ni vencidos”. Pero aquella fórmula duraría poco. En noviembre, un golpe interno dentro del propio gobierno militar desplazó a Lonardi y llevó al poder al general Pedro Eugenio Aramburu, acompañado por el almirante Isaac Rojas. El nuevo régimen tomó una decisión que terminaría definiendo la relación entre el Estado argentino y el peronismo durante los siguientes 18 años: no alcanzaba con haber expulsado a Perón; había que intentar eliminar políticamente al peronismo.

El instrumento fue directo. El 24 de noviembre de 1955, el gobierno de facto dictó el Decreto-Ley 3.855, que disolvió los partidos peronistas masculino y femenino en todo el territorio nacional. El texto oficial justificaba la medida acusando al peronismo de haber constituido un régimen totalitario y de haberse confundido con el Estado. Pero el decreto no se detuvo allí: el nuevo poder comenzó a perseguir símbolos, dirigentes, organizaciones y expresiones vinculadas con el movimiento. La proscripción no fue, por lo tanto, una consecuencia accidental del golpe. Fue una política de Estado destinada a impedir que una fuerza política que había obtenido millones de votos volviera a competir libremente.

El problema fue que el peronismo no estaba solamente en las boletas electorales. Estaba en los sindicatos, en las fábricas, en los barrios, en las familias y en la memoria de millones de trabajadores que habían experimentado durante los años anteriores una ampliación de derechos laborales y sociales. La dictadura podía prohibir el Partido Peronista, pero no podía prohibir que un obrero recordara el aguinaldo, las vacaciones pagas, los convenios colectivos, las conquistas sindicales o la movilidad social que había experimentado durante aquellos años. Podía borrar una palabra de una pared, pero no podía borrar una experiencia social.

Allí comenzó una de las paradojas más grandes de la historia política argentina. El régimen que pretendía “desperonizar” el país terminó contribuyendo a convertir al peronismo en una identidad de resistencia. La persecución produjo organización clandestina, sindicalismo combativo y una cultura política que sobrevivió durante años sin poder presentarse abiertamente a elecciones. El propio Estado argentino reconoce que el período 1955-1973 estuvo marcado por la proscripción, la persecución y la resistencia peronista, mientras la prohibición de la principal fuerza política generó una situación que condicionaría durante décadas el funcionamiento democrático argentino.

Y ahí aparece el eterno retorno. Perón se fue, pero el peronismo quedó. Fue proscripto, pero volvió a ganar elecciones a través de candidatos que debieron presentarse sin su nombre. Frondizi llegó a la Presidencia en 1958 en un contexto atravesado por el llamado Pacto Perón-Frondizi. En 1962, el peronismo volvió a imponerse en elecciones provinciales y el resultado contribuyó a la caída de Frondizi. En 1966, una nueva dictadura volvió a cerrar el sistema político. Y cuando finalmente el régimen militar ya no pudo sostener la proscripción, el peronismo regresó al poder.

En 1973, después de 18 años, Héctor Cámpora asumió la Presidencia y puso fin formalmente a la proscripción. Poco después volvió Perón. El viejo líder que había sido presentado como una amenaza que debía desaparecer regresó a la Argentina recibido por una multitud. En octubre de ese año fue nuevamente elegido presidente. La historia había producido una de sus ironías más contundentes: el movimiento que el golpe de 1955 había intentado sepultar regresaba al gobierno por las urnas.

La experiencia terminó nuevamente de manera trágica. Perón murió en 1974, Isabel Martínez de Perón fue derrocada en 1976 y la dictadura que siguió llevó la persecución política a una escala infinitamente superior. El terrorismo de Estado atacó especialmente a militantes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales, incluidos sectores del peronismo. La pretensión de reorganizar definitivamente la sociedad argentina mediante la fuerza volvió a fracasar. En 1983 regresó la democracia y, esta vez, el peronismo debió enfrentar algo que no había ocurrido desde 1946: una elección presidencial libre sin proscripciones, que ganó Raúl Alfonsín.

Pero tampoco entonces desapareció. En 1989 Carlos Menem llegó a la Presidencia, encabezando al Partido Justicialista, aunque luego transformaría profundamente el programa económico histórico del peronismo. Esa elección mostró otra característica del movimiento: su extraordinaria capacidad para mutar. El peronismo podía ser sindical, nacional-popular, desarrollista, neoliberal, conservador en algunos territorios o progresista en otros. Podía cambiar de discurso y de dirigentes, pero seguía encontrando una forma de permanecer competitivo.

Después llegó la crisis de 2001. El sistema político argentino quedó devastado, cinco presidentes pasaron por la Casa Rosada en pocos días y la consigna “que se vayan todos” expresó una ruptura profunda entre la sociedad y la dirigencia. Dos años más tarde, casi como otra vuelta de aquella rueda histórica, un gobernador patagónico prácticamente desconocido para buena parte del país llegó a la Presidencia: Néstor Kirchner. Obtuvo apenas el 22,25% de los votos en la primera vuelta, pero terminó construyendo desde el poder una nueva etapa del peronismo.

Con Kirchner y luego con Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo volvió a ocupar durante doce años consecutivos el gobierno nacional. Cambió su lenguaje, reconstruyó vínculos con organismos de derechos humanos, impulsó la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad y volvió a reivindicar un papel activo del Estado en la economía. En 2003 se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y en 2005 la Corte Suprema declaró su inconstitucionalidad, abriendo nuevamente el camino para los juicios contra responsables del terrorismo de Estado.

En 2015 el peronismo perdió el poder frente a Mauricio Macri, pero volvió cuatro años después con una fórmula inesperada: Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Una vez más, cuando buena parte del sistema político daba por agotado al kirchnerismo, el peronismo encontró una fórmula electoral capaz de regresar a la Casa Rosada. Y cuando perdió nuevamente en 2023 frente a Javier Milei, volvió a aparecer la pregunta que acompaña al movimiento desde 1955: ¿esta vez sí se terminó?

La respuesta histórica, por ahora, sigue siendo negativa. El peronismo puede perder elecciones; lo que nunca consiguió la política argentina es hacerlo desaparecer. Hoy Milei ocupa la Presidencia y el peronismo atraviesa una crisis profunda de conducción, identidad y representación. Sus principales dirigentes están enfrentados, el Partido Justicialista busca reconstruir una estrategia común y distintas figuras —desde Axel Kicillof hasta Sergio Massa, Máximo Kirchner y gobernadores de distintas provincias— intentan encontrar una nueva arquitectura opositora. Incluso en 2026, cuando algunos sectores consideran agotada la experiencia peronista, el movimiento continúa siendo uno de los actores centrales de la política argentina.

Y allí el 16 de septiembre vuelve a adquirir actualidad. Milei no es Aramburu, ni la Argentina de 2026 es la Argentina de 1955. No existe hoy una proscripción formal del peronismo ni una dictadura militar intentando eliminarlo por decreto. Pero la discusión sobre si el movimiento puede ser desplazado definitivamente del centro de la política vuelve a aparecer cada vez que un nuevo ciclo político pretende presentarse como el comienzo de una Argentina distinta.

Es justamente allí donde la historia ofrece una advertencia. Cada generación política argentina tuvo, en algún momento, su propia versión de la idea de que el peronismo estaba terminado. Lo creyó la Revolución Libertadora. Lo creyó buena parte del antiperonismo durante los años de proscripción. Lo creyó la dictadura de 1976, que pretendió reorganizar la sociedad mediante el terror. Lo creyó una parte de la dirigencia política después de la derrota de 1983. Lo creyó el antimenemismo cuando el menemismo dejó exhausto al movimiento tradicional. Lo creyó buena parte de la política después de 2015. Y volvió a creerse después de la derrota electoral de 2023.

Sin embargo, el peronismo regresó una y otra vez, aunque nunca exactamente igual al anterior. Esa es quizás la clave de su supervivencia. No se trata solamente de la persistencia de un líder, de una estructura partidaria o de una doctrina cerrada. Se trata de una identidad política capaz de reconstruirse sobre distintas generaciones y distintas crisis. El peronismo de 1946 no era el de 1973; el de 1989 no era el de 2003; el kirchnerismo no fue el menemismo y el peronismo que intenta reorganizarse frente a Milei tampoco podrá ser idéntico al que gobernó hasta 2023.

Setenta y un años después de aquel 16 de septiembre, la ironía histórica permanece intacta. El golpe que quiso borrar al peronismo terminó convirtiendo su ausencia en una bandera; la proscripción transformó al movimiento en resistencia; la resistencia terminó produciendo su regreso al poder; y cada nueva derrota abrió una etapa de mutación antes que una desaparición.

La historia argentina tiene una particular obsesión con los finales que después no son finales. El peronismo es, probablemente, el ejemplo más extraordinario de esa lógica. Puede ser derrotado, fragmentado, cuestionado, transformado, repudiado por una parte de la sociedad y reivindicado por otra. Puede incluso atravesar períodos en los que parezca políticamente agotado.

Pero desde aquel septiembre de 1955 existe una pregunta que la política argentina nunca consiguió responder definitivamente: ¿cómo se elimina una identidad política que, después de ser prohibida durante 18 años, vuelve al poder?

Quizás por eso cada 16 de septiembre no haya que mirar solamente hacia atrás. Hay que mirar también hacia adelante. Porque mientras una parte de la política argentina vuelve a discutir si el peronismo está muerto, la propia historia parece responder con una ironía que lleva siete décadas repitiéndose: lo que alguna vez quisieron borrar terminó convirtiéndose en una de las presencias más persistentes de la Argentina contemporánea.