Apelaron el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados. Denuncian pruebas pendientes, llamadas previas al lanzamiento y dudas sobre el destino de los fondos.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
El cierre judicial de la causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que denunciaron pérdidas tras el desplome del activo promocionado por Javier Milei, apeló los sobreseimientos del Presidente, Karina Milei y otros nueve imputados. La presentación cuestiona al juez Marcelo Martínez De Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano por cerrar el expediente con medidas de prueba pendientes, sin declaraciones indagatorias y con interrogantes centrales sobre las comunicaciones previas al lanzamiento y el destino de los fondos.
El expediente que investiga uno de los episodios más controvertidos del Gobierno de Milei enfrenta ahora una nueva instancia de revisión. La decisión de sobreseer a los once investigados, adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano, fue impugnada por Marchetto mediante un recurso patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. El planteo reclama que se revoque el cierre de la causa y se profundice una investigación que, según la acusación particular, dejó cuestiones fundamentales sin esclarecer.
La controversia excede la discusión técnica sobre una resolución judicial. En el centro del caso está la promoción presidencial de un criptoactivo que sufrió un desplome después de su lanzamiento y que provocó pérdidas entre numerosos compradores. La pregunta que sigue pendiente es si la Justicia agotó las medidas necesarias para reconstruir lo ocurrido antes de descartar la existencia de delitos.
Un sobreseimiento cuestionado por las pruebas que quedaron pendientes
Uno de los principales argumentos de la apelación apunta a la diferencia entre no contar con pruebas suficientes para acreditar un delito y concluir que los hechos investigados no constituyen un ilícito penal. Para Marchetto, el fallo de Martínez De Giorgi avanzó hacia el cierre definitivo sin explicar de manera convincente por qué correspondía descartar la continuidad de la pesquisa cuando todavía quedaban diligencias relevantes por realizar.
El recurso también cuestiona la actuación del fiscal Taiano. Según la presentación, hubo demoras en la producción de pruebas, testigos que no fueron convocados y medidas que la propia Fiscalía había considerado necesarias, pero que no llegaron a completarse antes de solicitar los sobreseimientos. La contradicción señalada es concreta: si una investigación todavía requiere pericias, testimonios y verificaciones, ¿con qué fundamentos puede darse por agotada antes de conocer sus resultados?
Entre las diligencias reclamadas figuran nuevas pericias sobre dispositivos electrónicos vinculados con Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, mencionados en el expediente por haber recibido fondos del empresario estadounidense Hayden Davis. También se cuestiona que no hayan sido convocados a declarar Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda, y Yanina Nicoletti, quien fue la primera abogada de Davis en la Argentina.
La apelación sostiene, además, que ninguno de los once imputados fue citado a declaración indagatoria antes de que se dispusiera el sobreseimiento. Esa circunstancia forma parte de los cuestionamientos planteados por el inversor, aunque la ausencia de indagatorias, por sí sola, no determina automáticamente la invalidez de una resolución judicial. El punto central es si el expediente reunía elementos suficientes para cerrar la investigación sin completar las medidas pendientes.
Las llamadas entre Milei y Novelli, minutos antes del lanzamiento
Uno de los aspectos más sensibles del recurso vuelve a poner el foco en las comunicaciones entre el Presidente y Mauricio Novelli, uno de los operadores investigados por su participación en el proyecto, durante los minutos previos a la publicación presidencial que difundió $LIBRA en la red social X, el 14 de febrero de 2025.
De acuerdo con los registros telefónicos citados en la apelación, Novelli llamó a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. También se registró una llamada entrante del operador a las 18:56:22. La publicación del Presidente sobre la criptomoneda apareció a las 19:01:22.
El escrito incorpora otro dato que reclama una explicación judicial: según la reconstrucción citada por Marchetto, 74 billeteras virtuales realizaron 87 transacciones por aproximadamente 13,5 millones de dólares unos 22 segundos antes de la publicación presidencial.
La coincidencia temporal entre las comunicaciones, las operaciones financieras y el mensaje de Milei constituye uno de los núcleos del planteo. Estos datos no prueban por sí mismos la existencia de una maniobra delictiva ni permiten afirmar automáticamente que el Presidente haya coordinado operaciones financieras. Pero son elementos que, según la apelación, debían examinarse de manera integral para establecer quiénes conocían anticipadamente el lanzamiento, cómo se organizaron las transacciones y qué relación existió entre los participantes.
La cuestión es especialmente relevante porque la publicación presidencial tuvo capacidad para dar visibilidad al activo y generar interés entre potenciales compradores. La investigación debía determinar si esa intervención estuvo vinculada con un esquema previamente organizado y si existieron acuerdos, beneficios o conductas penalmente relevantes. Precisamente, la apelación sostiene que esas preguntas no podían considerarse definitivamente resueltas sin profundizar la evidencia disponible.
El destino del dinero y las dudas sobre la evidencia tecnológica
El recorrido de los fondos también ocupa un lugar central en el recurso. Marchetto reclama que se identifique a los destinatarios del dinero aportado por los compradores, se reconstruyan las transferencias y se investiguen los posibles vínculos entre quienes recibieron esos fondos y los organizadores del lanzamiento.
La presentación cuestiona, además, el tratamiento que recibió el informe de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP), elaborado a partir de dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa. El fallo judicial había considerado circunstancias relacionadas con una investigación administrativa por el presunto acceso indebido a documentación reservada. El apelante objetó ese razonamiento y sostuvo que el sumario no habría acreditado que la empleada investigada hubiera entregado documentos a periodistas o terceros, ni que el informe tecnológico hubiera sido alterado.
El recurso también plantea interrogantes sobre un informe preliminar que, según la presentación, la Fiscalía habría recibido en noviembre de 2025. La discusión apunta a establecer cuándo se incorporó ese material, cómo fue comunicado y qué incidencia tuvo sobre el desarrollo de la investigación.
No se trata de cuestiones secundarias: la integridad, la trazabilidad y la valoración de la evidencia tecnológica pueden resultar determinantes para reconstruir las comunicaciones y las relaciones entre los protagonistas del caso.
La batalla judicial todavía no está terminada
La apelación tiene, sin embargo, un obstáculo procesal. Marchetto había sido apartado de su condición de querellante por una decisión judicial que posteriormente confirmó la Cámara Federal. El inversor todavía espera que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva su pedido para recuperar esa participación en el expediente.
Por eso presentó el recurso como pretenso querellante y sostuvo que necesita cuestionar los sobreseimientos antes de que el cierre de la investigación produzca efectos definitivos. La admisibilidad de su impugnación deberá ser evaluada por la instancia correspondiente: la presentación no implica que la apelación ya haya sido aceptada ni que los sobreseimientos estén revocados.
Lo que sí vuelve a quedar expuesto es la dimensión institucional del caso. Cuando una investigación involucra al Presidente de la Nación, operaciones millonarias, comunicaciones previas a un lanzamiento financiero y pérdidas denunciadas por inversores, el cierre del expediente exige fundamentos sólidos y una explicación clara sobre las pruebas examinadas y las que se consideraron innecesarias.
La Justicia tiene la obligación de investigar con el mismo rigor a todos los involucrados, sin privilegios por el cargo que ocupen ni condenas anticipadas por la presión pública. El sobreseimiento constituye una decisión judicial que debe respetarse mientras conserve vigencia, pero también puede ser cuestionado por las vías legales correspondientes. Ahora deberá determinarse si el expediente estaba realmente en condiciones de cerrarse o si quedaron aspectos decisivos sin esclarecer.
En el caso $LIBRA, la discusión ya no pasa solamente por las pérdidas provocadas por el derrumbe de una criptomoneda. También compromete la credibilidad de los mecanismos de control, la transparencia de la actividad pública y la capacidad de la Justicia para establecer qué ocurrió cuando el poder político intervino en la promoción de un activo financiero que terminó bajo sospecha.
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