El Niño amenaza con agravar las inundaciones en Argentina. Mientras crecen los ríos y hay familias afectadas, la gestión de Milei enfrenta preguntas por las obras hídricas suspendidas y los fondos sin ejecutar.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El agua no espera al equilibrio fiscal. Con crecidas e inundaciones en distintas provincias y los pronósticos anticipando un fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte, la Argentina enfrenta un desafío que exige prevención, infraestructura y asistencia estatal. Sin embargo, detrás de la emergencia aparece una pregunta incómoda para el gobierno de Javier Milei: ¿cuánto más graves pueden volverse las consecuencias cuando las obras destinadas a prevenir inundaciones quedan suspendidas y los recursos específicos no se transforman en infraestructura? El fenómeno climático es natural; la decisión de cómo prepararse, en cambio, es política.
Un fenómeno anunciado y una emergencia que no admite improvisaciones
Las imágenes de calles anegadas, caminos afectados, ríos crecidos y familias pendientes del avance del agua vuelven a mostrar una realidad conocida por numerosas provincias argentinas: cuando las lluvias superan la capacidad de absorción del suelo y los cursos de agua aumentan su caudal, las consecuencias no se limitan a un problema meteorológico. Se ponen en riesgo viviendas, producción, rutas, escuelas, centros de salud y servicios esenciales. Y, para quienes viven en las zonas más vulnerables, cada tormenta puede convertirse en la amenaza de perder en unas horas lo que construyeron durante años.
El escenario de esta primavera y del verano que se aproxima es particularmente preocupante. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones de El Niño se encontraban instaladas y que los modelos preveían su continuidad durante septiembre, octubre y noviembre de 2026, con una intensidad fuerte o muy fuerte. Los pronósticos señalan una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las habituales en distintas regiones, especialmente en el Litoral y el noreste argentino. Eso no significa que todo el país vaya a inundarse de la misma manera ni que cada episodio de lluvia extrema pueda atribuirse exclusivamente a El Niño. Significa, sí, que existe una señal de riesgo conocida con anticipación y que las autoridades tienen la obligación de prepararse.
En octubre, las crecidas de los ríos Paraná, Iguazú, Uruguay y Pilcomayo y las inundaciones en sectores de Corrientes, Misiones, Chaco y Mendoza volvieron a poner la emergencia en el centro de la agenda. La situación es dinámica y las consecuencias varían de una localidad a otra, pero el problema común es evidente: cuando el agua avanza, la diferencia entre una contingencia manejable y un desastre puede depender de la infraestructura existente, del mantenimiento de los desagües, de las alertas tempranas, de la coordinación entre jurisdicciones y de la capacidad de asistir rápidamente a quienes lo necesitan.
El Niño no es una sorpresa que apareció de un día para otro. Su evolución se monitorea con herramientas científicas y permite anticipar tendencias generales. Ningún Gobierno puede controlar el clima, pero sí puede invertir en prevención, completar obras, mantener rutas y sistemas de drenaje, fortalecer los organismos técnicos y organizar la respuesta. La naturaleza puede desencadenar una emergencia; la preparación del Estado puede reducir sus consecuencias.
Las obras que quedaron en el camino
La discusión sobre la respuesta de Milei no puede reducirse a las declaraciones oficiales ni a la cantidad de reuniones realizadas. Hay que mirar los números de la infraestructura, porque allí aparece una de las principales contradicciones de la política de ajuste: mientras el Gobierno sostiene que cada peso debe administrarse con rigor, los recursos destinados específicamente a prevenir inundaciones no se tradujeron al ritmo necesario en obras terminadas.
Una investigación publicada por Chequeado el 12 de agosto de 2026, basada en información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública, reveló un panorama difícil de justificar. De 24 obras hídricas iniciadas desde 2023 con recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, 15 habían sido canceladas o suspendidas, ocho continuaban en ejecución y solamente una estaba terminada, según el relevamiento. No se trata de un detalle administrativo: son trabajos vinculados con la prevención de inundaciones, el saneamiento, los desagües pluviales y el manejo del agua, es decir, infraestructura destinada a reducir riesgos que pueden afectar directamente a la población.
El mismo informe expuso otro dato de enorme relevancia. Entre 2024 y mayo de 2026, el Estado recaudó $375.400 millones provenientes del impuesto a los combustibles con asignación específica para infraestructura hídrica, pero ejecutó alrededor de $116.000 millones. En paralelo, $290.000 millones fueron colocados en Letras del Tesoro, de acuerdo con los datos relevados. La distancia entre los recursos recaudados y los efectivamente ejecutados obliga a preguntar por qué fondos creados para atender necesidades concretas no se convirtieron oportunamente en obras para prevenir daños.
La discusión no consiste en afirmar que cada inundación se habría evitado con una obra determinada. Las emergencias hídricas dependen de múltiples factores: la intensidad y distribución de las precipitaciones, la saturación de los suelos, los caudales que llegan desde otras regiones, la urbanización, la planificación territorial y la capacidad de los sistemas de drenaje. Pero esa complejidad no vuelve irrelevante la infraestructura. Al contrario: hace todavía más importante contar con obras planificadas, terminadas y mantenidas antes de que el agua supere las defensas disponibles.
Entre los proyectos afectados se encuentran tramos de la ampliación de la cuenca del río Salado, una obra clave para reducir el riesgo de desbordes en el interior bonaerense. También se registraron suspensiones o cancelaciones de trabajos de desagües pluviales en municipios de la provincia de Buenos Aires y de otras obras de infraestructura. Cada proyecto tiene su propia historia y no todos inciden sobre las inundaciones que hoy afectan al país. El dato político de fondo, sin embargo, permanece: una parte importante de las obras relevadas no llegó a completarse.
El Gobierno de Milei convirtió el recorte del gasto público y la paralización de numerosos proyectos de infraestructura en componentes centrales de su programa económico. Esa orientación puede presentarse como una decisión fiscal, pero sus consecuencias no quedan encerradas en una planilla presupuestaria. Cuando se demora una obra hídrica, se posterga una defensa contra las inundaciones; cuando no se mantiene un sistema de drenaje, aumenta la vulnerabilidad de una zona; cuando una ruta queda afectada por el agua, también se comprometen la circulación, el transporte de mercancías y el acceso a servicios.
El ajuste tiene consecuencias materiales. No todas pueden atribuirse de manera directa a una decisión puntual del Ejecutivo, pero tampoco es razonable discutir la emergencia como si la inversión pública y el mantenimiento de la infraestructura fueran asuntos secundarios.
El Gobierno dice que se prepara, pero la prevención se mide en hechos
Frente a las advertencias sobre El Niño, la administración nacional anunció medidas de coordinación. En septiembre, el vocero presidencial Adrián Ravier informó sobre el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, impulsado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), con participación de distintos organismos nacionales y articulación con las provincias y los municipios. También se informó sobre el seguimiento de los ríos por parte del Instituto Nacional del Agua, el uso de información satelital de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y tareas preventivas de Vialidad Nacional en sectores críticos de las rutas.
Además, en octubre se reportó el despliegue de efectivos de Gendarmería y Prefectura para colaborar en el monitoreo y la asistencia en zonas afectadas. Esas acciones deben reconocerse como parte de la respuesta estatal. La presencia de fuerzas federales puede ser importante para tareas de apoyo, logística y seguridad, especialmente cuando las autoridades locales necesitan recursos adicionales.
Pero monitorear no es lo mismo que prevenir, y coordinar operativos no reemplaza la infraestructura que falta. Un tablero de información puede anticipar una crecida; no puede sustituir un sistema de drenaje que nunca se terminó. Una fuerza federal puede colaborar con una evacuación; no puede resolver por sí sola el problema estructural de una cuenca sin obras suficientes. Un protocolo puede ordenar responsabilidades; no elimina la vulnerabilidad de barrios construidos en zonas inundables ni devuelve a las familias los bienes que pierden cuando el agua entra en sus casas.
La responsabilidad frente a una emergencia se distribuye entre Nación, provincias y municipios. Las jurisdicciones locales tienen competencias fundamentales en la planificación urbana, los desagües y la protección civil, mientras que el Estado nacional dispone de organismos técnicos, herramientas de coordinación y recursos para obras y asistencia. Reconocer esa distribución de responsabilidades no habilita a la Casa Rosada a desentenderse de su parte. Si el Gobierno nacional recauda fondos con destino específico a la infraestructura hídrica, debe explicar cuánto ejecutó, qué obras completó, cuáles están demoradas y qué medidas adoptará para reducir los riesgos.
La pregunta es todavía más urgente porque los pronósticos anticipan que el fenómeno podría extender sus efectos durante los próximos meses. La prevención no se improvisa cuando el río ya desbordó ni cuando los vecinos comienzan a levantar muebles para evitar que el agua los destruya. Requiere planificación sostenida, inversión y coordinación antes de que llegue la emergencia, además de capacidad de respuesta cuando las previsiones no alcanzan.
Cuando el ajuste llega hasta la puerta de las casas
En el debate público, el equilibrio fiscal suele presentarse como una cifra abstracta. Sin embargo, para una familia que debe abandonar su vivienda, para un productor que pierde parte de su cosecha o para una localidad que queda aislada por una ruta anegada, el costo del Estado ausente se vuelve concreto. Aparece en los bienes arruinados, en los días sin trabajar, en la dificultad para llegar a una escuela o un hospital y en la incertidumbre de no saber cuándo será posible regresar a casa.
La emergencia también golpea de manera desigual. Quienes cuentan con viviendas seguras, ahorros y medios para trasladarse tienen más posibilidades de protegerse. Las familias con menos recursos suelen vivir en zonas más expuestas y enfrentan mayores dificultades para recuperarse. Por eso, la prevención hídrica no es solamente una política de infraestructura: también es una política social. Evitar que una inundación destruya una vivienda precaria o deje a una comunidad sin servicios significa proteger a quienes menos herramientas tienen para enfrentar la catástrofe.
Mientras tanto, el discurso de la austeridad no puede convertirse en una explicación automática para cualquier obra suspendida ni en una excusa para trasladar los costos del ajuste a las provincias y a las familias damnificadas. Los fondos específicos, los plazos de ejecución y el estado real de cada proyecto son información pública que debe ser explicada con claridad. Si el Gobierno considera que actuó correctamente, tiene que demostrarlo con datos verificables, obras concluidas y resultados concretos.
El Niño no espera definiciones ideológicas. Tampoco distingue entre provincias gobernadas por oficialistas u opositores. Cuando la emergencia golpea, el Estado debe estar presente con prevención, asistencia y recursos, no solamente con comunicados. La discusión no es si el Gobierno puede impedir que llueva, sino si hizo todo lo razonablemente posible para que las lluvias no se transformen en una tragedia evitable.
La Argentina necesita un plan que combine alertas tempranas, obras hídricas, mantenimiento, ordenamiento territorial, asistencia a los damnificados y financiamiento sostenido. También necesita transparencia sobre el destino de los recursos que la sociedad aporta para protegerse de estos riesgos. Cada peso ejecutado debe poder vincularse con una obra o una capacidad de respuesta real; cada demora debe tener una explicación; cada emergencia debe dejar lecciones para evitar que se repita el mismo escenario.
Cuando el agua avanza, la discusión sobre el tamaño del Estado deja de ser teórica. Se vuelve una pregunta urgente sobre qué puede hacer el Estado para proteger la vida, la vivienda y el trabajo de la población. Un país que enfrenta un fenómeno climático de gran intensidad no puede darse el lujo de confundir ahorro presupuestario con prevención ni de medir la gestión únicamente por el resultado de las cuentas públicas.
El agua no entiende de discursos ni de planillas fiscales. Y las familias que ven amenazados sus hogares tampoco pueden esperar a que el Gobierno descubra, cuando la emergencia ya está encima, que hay obras que no se terminaron y recursos que no se ejecutaron. La responsabilidad política consiste precisamente en anticiparse. En esa prueba, la gestión de Javier Milei tiene que responder por sus decisiones, por las obras pendientes y por la distancia entre el ajuste que proclama y la protección que la sociedad necesita.
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