Bunge cerró su planta de fertilizantes en Campana y puso en riesgo unos 250 puestos de trabajo. El gremio denuncia el impacto de las importaciones y reclama respuestas ante una nueva crisis industrial.
Por Ignacio Elfratini para NLI
El cierre de una histórica planta de fertilizantes en Campana dejó a 137 trabajadores directos sin empleo y amenaza otros puestos vinculados a empresas contratistas. El Sindicato del Personal Químico y Petroquímico de Zárate-Campana denunció que la decisión fue sorpresiva y cuestionó el impacto de las importaciones, los costos energéticos y la política económica del Gobierno de Milei. La crisis vuelve a golpear al cordón industrial bonaerense y expone el costo social de un modelo que pone en jaque la producción nacional.
La motosierra también corta empleos industriales. La multinacional Bunge decidió cerrar su planta de fertilizantes de Campana, poniendo fin a más de medio siglo de actividad productiva en el establecimiento y desatando una nueva crisis laboral en el norte bonaerense. La decisión alcanza a 137 trabajadores directos y compromete, además, los puestos de personal tercerizado de limpieza, seguridad, comedor y mantenimiento. Según las estimaciones sindicales, el impacto total ronda los 250 empleos.
El cierre se conoció el lunes 26 de octubre, cuando la empresa impidió el ingreso del personal del turno noche y comunicó que discontinuaría la actividad. Los trabajadores y la representación gremial se encontraron frente a una decisión consumada, sin señales previas que anticiparan semejante desenlace. Según la información publicada por Página/12 y los testimonios recogidos por Radio Provincia, la noticia sorprendió incluso porque la planta venía funcionando con normalidad y recientemente había atravesado tareas programadas de reparación.
El episodio vuelve a colocar en el centro de la discusión el rumbo económico de la Argentina bajo la presidencia de Javier Milei: apertura de importaciones, presión de los costos productivos, debilitamiento de la industria local y pérdida de puestos de trabajo. Mientras el Gobierno presenta la desregulación y la competencia externa como herramientas para ordenar la economía, en Campana una planta con décadas de trayectoria deja de producir y cientos de familias enfrentan la incertidumbre.
Un cierre sorpresivo y un gremio en alerta
El Sindicato del Personal Químico y Petroquímico de Zárate-Campana cuestionó la forma en que se anunció la medida y respaldó el reclamo de los trabajadores. Oscar Casco, secretario general de la organización, señaló que la comunicación llegó de manera simultánea a los operarios y a la conducción gremial. La empresa, según los testimonios difundidos, había negociado mejoras salariales en las paritarias semanas atrás y no había transmitido señales claras de que estuviera por cerrar sus puertas.
La situación generó todavía más desconcierto porque, de acuerdo con el sindicato, se habían realizado reparaciones en las instalaciones durante una parada programada de mantenimiento. Nada de eso hacía prever una interrupción definitiva de la producción. El gremio también informó que presentó una denuncia penal por el impedimento de ingreso a la planta y que esperaba una instancia de negociación ante el Ministerio de Trabajo bonaerense.
La dimensión del conflicto excede la discusión por las indemnizaciones. En una industria química, los trabajadores acumulan conocimientos técnicos específicos y experiencia en procesos que requieren formación prolongada. Casco advirtió que una eventual desvinculación no se resuelve simplemente consiguiendo otro empleo: la capacitación necesaria para operar instalaciones de esta complejidad puede llevar años, y la pérdida de esos puestos implica también la destrucción de saberes productivos difíciles de recuperar.
A eso se suma el impacto sobre los empleos indirectos. Cuando una fábrica deja de funcionar, no solo desaparecen los puestos registrados en su nómina: también se resienten las empresas contratistas, los proveedores y el comercio que depende del movimiento cotidiano de trabajadores. Por eso, los aproximadamente 250 puestos comprometidos representan mucho más que una estadística laboral. Son ingresos familiares, consumo local y actividad económica que pueden desaparecer de una ciudad con una fuerte identidad industrial.
Importaciones, costos y producción nacional en retroceso
Entre los motivos atribuidos al cierre aparecen la caída de las ventas, las dificultades para competir con los fertilizantes importados, el costo de los insumos y los problemas de modernización de una planta con más de 50 años de funcionamiento. Desde el sindicato señalaron especialmente el ingreso de productos provenientes de China, los costos energéticos y las consecuencias de la política nacional sobre la demanda y la producción.
La explicación empresarial, tal como fue difundida públicamente, combina factores comerciales, tecnológicos y de abastecimiento. Sin embargo, para los trabajadores el problema tiene una dimensión política evidente: si producir en la Argentina deja de ser competitivo frente a importar, el resultado puede ser la pérdida de capacidad industrial y de empleo local. La apertura comercial no ocurre en el vacío; sus consecuencias dependen de los costos internos, las condiciones de competencia, la inversión y las decisiones del Estado respecto del desarrollo productivo.
La planta de Campana elaboraba productos químicos utilizados en la fabricación y aplicación de fertilizantes, entre ellos compuestos que aportan nutrientes esenciales para los cultivos. Su cierre no solo afecta a quienes trabajaban allí: también interrumpe una actividad industrial vinculada a una cadena agropecuaria estratégica para el país. En una economía que necesita agregar valor, desarrollar proveedores y sostener puestos calificados, dejar de producir localmente insumos para el agro abre interrogantes sobre el tipo de estructura productiva que se está consolidando.
Bunge es una multinacional de enorme peso en el negocio agroindustrial y exportador. Su decisión de abandonar esta actividad en Campana contrasta con la dimensión de sus operaciones globales y con la importancia de la Argentina dentro del mercado de granos y derivados. El caso muestra que el crecimiento de grandes actores del comercio agroexportador no garantiza, por sí mismo, la continuidad de todas las actividades industriales ni la protección del empleo.
La empresa sostiene actividades en otros segmentos del negocio agropecuario, pero esa continuidad no resuelve la situación de quienes pierden su fuente de trabajo en Campana. Tampoco elimina la pregunta central: qué condiciones económicas permiten que una instalación industrial permanezca abierta, sostenga su producción y conserve a trabajadores especializados.
Campana, otro golpe al cordón industrial
El cierre de Bunge se suma a una secuencia preocupante de retrocesos industriales en la zona. En mayo de este año, la planta de Cabot dejó de operar y afectó a alrededor de 150 trabajadores. También se registraron cierres o despidos en empresas como Archroma, Clariant y Barcan. La reiteración de estos episodios configura un escenario de deterioro que golpea a una región históricamente vinculada con la producción química, los insumos industriales y el empleo formal.
No se trata de casos idénticos ni todos responden necesariamente a una sola causa. Pero la sucesión de cierres obliga a mirar más allá de cada empresa y analizar las condiciones generales en las que opera la industria. Si a los costos de producción se suma una competencia importadora más intensa, una demanda debilitada y dificultades para invertir en tecnología, las consecuencias pueden traducirse en plantas paralizadas, trabajadores despedidos y capacidades productivas que tardan años en reconstruirse.
El Gobierno de Milei defiende un programa económico que prioriza el ajuste, la desregulación y la apertura comercial. Frente a ese rumbo, la situación de Campana plantea una contradicción que no puede ocultarse detrás de los indicadores financieros: una economía puede mostrar determinados resultados macroeconómicos y, al mismo tiempo, perder empresas, empleos calificados y producción nacional. Para los trabajadores, el equilibrio de las cuentas no alcanza si el precio que deben pagar es quedarse sin salario y sin perspectivas de reinserción laboral.
Ahora, el gremio busca que las autoridades intervengan y que se abra una instancia para discutir las consecuencias del cierre. La prioridad inmediata es defender los derechos de los afectados, esclarecer las condiciones de las desvinculaciones y exigir respuestas tanto a la empresa como al Estado. Pero el conflicto también reclama una discusión más profunda sobre el futuro industrial argentino.
Cuando una fábrica cierra, no desaparece solamente un puesto de trabajo: se pierde conocimiento, se debilita una comunidad y se reduce la capacidad del país para producir lo que necesita. En Campana, 250 empleos están en riesgo y una planta con más de medio siglo de historia deja de funcionar. La pregunta que queda abierta es cuántas industrias más deberán bajar la persiana antes de que el Gobierno reconozca que detrás de la apertura indiscriminada y el ajuste hay trabajadores que pagan la cuenta.
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