La nueva Ley de Discapacidad consiguió dictamen en el Senado con la firma del oficialismo, que ahora habla de «consenso». Es el mismo Gobierno que vetó la emergencia, la suspendió por decreto y quiso derogarla en el Presupuesto.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Hay que reconocerlo: el Gobierno de Javier Milei aprende rápido cuando el almanaque aprieta. Este miércoles, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado le dio dictamen a la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya tenía media sanción de Diputados. La firmaron La Libertad Avanza, el bloque justicialista, el PRO, la UCR y bancadas provinciales. El oficialismo quiere votarla en el recinto el 19 de noviembre.
La que más festejó fue Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, que celebró haber alcanzado «un encuentro en torno a esta ley» y dejó una frase para el cuadro: «Esto no es un plan social, es una pensión a la discapacidad». Gracias por la aclaración, senadora. Hace poco más de un año, cuando ella era ministra de Seguridad, las personas con discapacidad que reclamaban frente al Congreso lo que hoy firma su bloque se comían los palos de los operativos de su ministerio, como te contamos en NLI.
Tres intentos para borrarla
Para entender el «consenso» hay que repasar el prontuario. El 4 de agosto de 2025, Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Congreso no se lo bancó: Diputados rechazó el veto con 172 votos y el 4 de septiembre el Senado insistió 63 a 7, el primer veto revertido en 22 años.
¿Qué hizo el Gobierno? La promulgó con el Decreto 681/2025 y, en el mismo decreto, suspendió su aplicación hasta que el Congreso le dijera de dónde sacar la plata. Segundo intento. El tercero llegó en diciembre: metió la derogación de la emergencia en el artículo 75 del Presupuesto 2026. Diputados le volteó el capítulo entero. Y a fin de año, con el DNU 942/2025, disolvió la ANDIS y mandó todo al Ministerio de Salud.
Ahora, con la emergencia venciendo el 31 de diciembre y el período ordinario terminando a fin de mes, el oficialismo descubrió las virtudes del financiamiento por ley.
Qué dice la nueva ley
El proyecto reemplaza la emergencia por un régimen permanente. Entre lo principal:
- Aranceles: actualización mensual del nomenclador de prestaciones según la inflación, con un nomenclador universal y un arancel unificado.
- Pensiones no contributivas: se mantienen y son compatibles con un empleo registrado para quienes ganen menos de dos salarios mínimos. Los requisitos pasan a estar en la ley y dejan de depender de la reglamentación del Gobierno.
- Cobertura de salud: continuidad del programa Incluir Salud para quienes cobran pensiones por invalidez o discapacidad, con las prestaciones básicas de la Ley 24.901.
- Deuda con prestadores: el Gobierno tendrá 30 días corridos para informar el cronograma de pagos y 90 días para cancelar lo adeudado.
- Financiamiento: partidas específicas y la garantía de que los fondos de Discapacidad no podrán caer en términos reales respecto del año anterior, con compensaciones del Tesoro. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima un costo de $598.912 millones para 2027.
En Diputados, el 22 de octubre, salió con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
«Sáquensela a la SIDE»
El plenario dejó algunas perlas. Cuando alguien preguntó de dónde va a salir la plata, el senador Fernando Salino (Justicia Social Federal) tuvo la respuesta más sensata de la tarde: «Sáquensela a la SIDE, muchachos». No es mala idea: es la misma SIDE a la que este Gobierno le multiplicó el presupuesto mientras le pasaba la motosierra al resto del Estado.
La peronista Juliana Di Tullio calificó de «relato perverso» lo dicho por Bullrich y explicó por qué su bloque firmó igual: las sesiones ordinarias se terminan y está convencida de que «este gobierno no tiene en agenda los derechos de las personas con discapacidad y sus familias». Alicia Kirchner, que copresidió el plenario, fue en la misma línea: «Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura». La única que planteó objeciones fue Alejandra Vigo (Provincias Unidas), que calificó la propuesta de «oportunista» y dijo que no se trató con todos los responsables.
Del otro lado, el libertario Bruno Olivera Lucero celebró que la ley le dé «un financiamiento permanente y responsable». Lo mismo que pedía la emergencia que su Gobierno vetó.
El área del escándalo
Todo esto pasa en el área que dejó uno de los escándalos más pesados del Gobierno. Los audios de Diego Spagnuolo, las sospechas de sobreprecios en medicamentos y la causa por presuntos retornos en la ANDIS siguen en la Justicia, y en septiembre cayó otro secretario de Discapacidad mientras una auditoría oficial detectaba una diferencia de $158 mil millones. El mismo Gobierno que decía que no había plata para las prestaciones.
¿Por qué un Gobierno que vetó, suspendió y quiso derogar la emergencia ahora firma su reemplazo y lo presenta como un logro? ¿Será convicción o será que el 31 de diciembre se le vencía la excusa?
Las personas con discapacidad y sus familias le arrancaron esta ley a la calle y al Congreso, con veto, decreto y palos de por medio. Que nadie venga ahora a cortar la cinta como si fuera un regalo.
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