La multinacional agroindustrial Vicentin y sus directivos enfrentan un proceso judicial por fraude al fisco argentino. El juez Aldo Alurralde ha dispuesto un embargo de 100 millones de pesos para cada uno de los acusados, subrayando el rol central de la empresa en una trama de facturas falsas y beneficios fiscales indebidos.
Por Walter Onorato – @WalterOnorato para EnOrsai
El magistrado federal de Reconquista, Aldo Alurralde, dictaminó el procesamiento de 14 directivos y exdirectivos de la empresa Vicentin SAIC, acusándolos de aprovecharse indebidamente de beneficios fiscales a través de la presentación de facturas apócrifas.
Además, ha procesado a la misma empresa por su participación en esta maniobra fraudulenta, imponiendo un embargo de 100 millones de pesos a cada uno de los involucrados. Este escándalo pone en el centro de atención a una de las mayores empresas agroindustriales del país, revelando una red de corrupción y engaño que ha afectado profundamente las arcas fiscales.
La denuncia original, fue presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde se expuso un complejo entramado de proveedores ficticios y operaciones comerciales inexistentes, mediante las cuales Vicentin logró obtener reintegros ilegítimos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por más de 143 millones de pesos entre 2016 y 2018.
Recordemos que dicha investigación fue llevada a cabo por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en conjunto con la AFIP, descubrió que la empresa había utilizado hasta 80 proveedores apócrifos para llevar a cabo esta estafa.
De esta manera, el juez Alurralde, en su fallo, destacó que las pruebas presentadas por la fiscalía demostraron la inexistencia de los proveedores y corredores con los que Vicentin SAIC supuestamente había contratado. Los testimonios y las inspecciones revelaron que muchas de las direcciones declaradas correspondían a viviendas particulares o incluso a instituciones educativas, sin rastro alguno de actividades comerciales reales. Además, se encontraron graves inconsistencias en los movimientos bancarios y en la cantidad de empleados necesarios para llevar a cabo las operaciones que Vicentin alegaba haber realizado.
El fallo judicial resalta cómo la empresa, catalogada como «gran contribuyente» debido a su tamaño, seleccionó cuidadosamente las operaciones fraudulentas que luego serían presentadas ante el fisco para solicitar los reintegros de IVA. En muchos casos, se constató que las capacidades operativas de los supuestos proveedores eran significativamente inferiores a lo declarado, o que simplemente no existían. Por ejemplo, en uno de los domicilios fiscales de un proveedor, funcionaba una escuela, mientras que en otros casos eran casas de familia cuyos ocupantes negaban cualquier relación con la empresa.
En su dictamen, el juez subrayó que el fraude cometido por Vicentin no fue un acto aislado, sino una política empresarial deliberada, diseñada y ejecutada por sus directivos para obtener beneficios fiscales ilegítimos. Esta estrategia incluyó la creación de un entramado de empresas fantasma, utilizadas para blanquear granos de origen marginal o dudoso, permitiendo a la compañía beneficiarse financieramente al reducir su carga tributaria mediante créditos fiscales ficticios.
El procesamiento de los directivos y de la propia empresa Vicentin es un duro golpe para la imagen de la multinacional, que ya se encontraba en el ojo del huracán por otros escándalos financieros y su default en 2019. Este nuevo revés judicial pone en evidencia la magnitud de la corrupción y las prácticas fraudulentas en las altas esferas empresariales del país, y subraya la necesidad de una mayor transparencia y control en el sector agroindustrial.
La causa sigue en curso y se espera que nuevos detalles salgan a la luz a medida que avance el proceso judicial. Mientras tanto, el caso Vicentin se perfila como un ejemplo emblemático de la lucha contra la criminalidad económica en Argentina, destacando la importancia de la labor investigativa de organismos como la AFIP y la PROCELAC para desentrañar complejas redes de corrupción que afectan gravemente al erario público.
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad del sistema fiscal argentino ante las prácticas deshonestas de grandes conglomerados empresariales y plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control y supervisión actualmente en vigor. La resolución de este proceso será clave para restaurar la confianza en las instituciones y en la justicia económica del país.
El desenlace de este caso podría sentar un precedente importante para futuras investigaciones de criminalidad económica y lavado de activos, enviando un mensaje contundente sobre las consecuencias de intentar defraudar al Estado. A medida que se desvelen más detalles de la trama, la opinión pública y los actores económicos seguirán de cerca este proceso, que sin duda marcará un antes y un después en la lucha contra el fraude fiscal en Argentina.
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