Cresta Roja y los ciclos de destrucción 

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan

A lo largo de los últimos 40 años de historia argentina, se han alternado en la Argentina dos políticas que representan en intereses a dos polos opuestos. Podrían denominarse inclusivas vs excluyentes, sociales vs ultraliberales o, como prefiero denominarlas en mi caso en particular, aquellas que apuntan a la construcción del país versus las que buscan su destrucción.

Dentro de estas últimas (las que destruyen) incluyo los períodos de la última Dictadura Militar, el Menemismo, el interludio delarruista y, sin ningún lugar a dudas, al actual gobierno de Cambiemos.

Aclaro que la búsqueda de “destrucción” llevada adelante durante estos procesos no responde a una malvada e irracional necesidad de sus partícipes que los lleva a destruir en un acto de fanatismo absurdo. Por el contrario: esta destrucción apunta en su lógica a que, las pocas familias que la propugnan, se enriquecen desmesuradamente en el caos que la misma genera.

Las características principales de estos denominados “ciclos de destrucción” poseen en común las siguientes características:

1) Propugnan un modelo económico ultraliberal sostenido en principios como apertura económica indiscriminada y achicamiento del Estado. Se destacan aquí políticas como la privatización, la apuesta al enriquecimiento no productivo (bicicleta financiera) y el sostenimiento económico apuntado a la actividad primaria (agrícola-ganadera)

2) Sus miembros, familias y asociados, buscan sacar provecho y se reparten impunemente todo posible negocio que pueda surgir de la administración del Estado, tanto en el ámbito público como en el privado.

3) Son acompañados por un andamiaje jurídico que busca la indemnidad de sus partícipes. Me refiero puntualmente a una catarata de leyes y decretos que permiten el control por parte del ejecutivo del aparato judicial que actúa como brazo ejecutor que absuelve y dilata las causas que su accionar genera.

4) Cuentan con un refinado apoyo mediático que construye en el imaginario popular una suerte de idea subyacente de que lo que se percibe como un mal es solo un camino necesario en búsqueda de un futuro promisorio y que debe transitarse fruto de la impericia de los gobiernos predecesores de corte populista.

5) Su principio básico hace que no sea sostenible en el tiempo pues, al basarse en la destrucción continua su propia esencia lo lleva a agotarse. Su tiempo de permanencia se sustenta tanto en “el cuanto” hay para destruir, en la pericia de sus ocasionales aliados (como ser otras fuerzas políticas o el sindicalismo) así como en el aparato represivo que se monte para alargar su vida una vez desatado el caos.

6) Tanto durante su gobierno como una vez finalizado el mismo, las consecuencias de su accionar son “pagadas” por las clases populares, sobre las cuales se operará la reconstrucción hasta su nueva entrada en escena.

Fiel a esta tradición, el gobierno de Cambiemos a respetado a rajatabla estos principios. Pero ya sea por el empuje dado por haber arribado por primera vez al ejecutivo nacional como un partido político sin disfraces en un acto eleccionario, o apañado por la sabienda de su propia impunidad, cometió el pecado de autosentenciarse en el corto plazo llevando adelante su plan destructivo con una voracidad inusitada. O dicho de otra manera, se apuró en cavar su propia tumba al apostar ciegamente a un modelo agotado sin vislumbrar que podría haber prolongado su permanencia en el poder realizando algunos ajustes que, básicamente, debían apuntar a un mínimo sostenimiento del mercado interno.

En un mercado mundial cada vez más excluyente y proteccionista, el gobierno de Mauricio Macri apuntó a la vieja receta del proveedor de materias primas y receptor de inversiones pasajeras sin vislumbrar que el sostenimiento del país en la plaza sólo como abastecedor de alimentos y el presentarlo al inversionista foráneo sin atractivos de consumo, le iban a jugar claramente en contra.

Dentro de este panorama, el caso de Cresta Roja se presenta como ejemplificador.


Un poco de historia

No habían pasado dos semanas desde que asumió Macri cuando la Secretaría 35 del Juzgado Comercial N.º 18 encabezado por Valeria Pérez Casado decretó la quiebra de la firma Rasic Hnos. S.A., dueños de Cresta Roja, ante un pedido de los sucesores de Saturnino Manuel Zemboraín. En el escrito, la jueza Valeria Pérez Casado requirió “al Ministerio de Trabajo de la Nación, que continúe interviniendo en el conflicto laboral y social desatado, facilitando las negociaciones con los eventuales interesados en la adquisición de la empresa”.

Es probable que la Jueza no supiese que la sobrina de don Saturnino Manuel Zemboraín fuese, asimismo, la madre del flamante Subsecretario de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, el economista José Francisco de Anchorena.

O sea, de aquel que debe “desarrollar, analizar y publicar estudios e investigaciones sobre el desenvolvimiento del mercado de trabajo, las relaciones laborales, la legislación y la seguridad social”. Pero para no ser mal pensados, digamos que la jueza no vio el nombramiento del ex Coordinador de Desarrollo Económico de la Fundación Pensar en el Boletín Oficial del 15 de diciembre de 2016.

Por orden judicial de la misma jueza en lo comercial fue beneficiada con la administración de Cresta Roja la empresa Proteinsa S.A., que según nos explica el edicto publicado en el Boletín Oficial del 23 de marzo de 2016 no es otra cosa que un consorcio conformado por 3 firmas: Ovoprot International S.A., Tanacorsa S.A. y La Suerte Agro S.A. con un capital constitutivo de un millón de pesos, algo bastante escaso si se toma en cuenta que la deuda a acreedores de Cresta Roja ronda los ciento diez millones de dólares. Recién en una Asamblea de la sociedad en el mes de noviembre se amplió dicho capital, pero a también escasos 8 millones de pesos.

Cresta Roja era entonces el segundo mayor productor de carne de pollo fresca y congelada en Argentina y su plantilla superaba los 3.000 empleados. Ante la inminente quiebra y el temor de quedarse si trabajo, a fines del año pasado sus trabajadores realizaron protestas y cortes en la Autopista Richieri. En el mismo momento en que la Jueza Pérez Casado decretaba la quiebra, “un grupo de gendarmes comenzó a golpear (a los trabajadores) y luego avanzaron los escuadrones y camiones hidrantes con agua, gases y balas de goma”.

Las duras imágenes avecinaban los tristes momentos por venir. Los trabajadores,mostrando sus cuerpos con los impactos de las balas de goma no se cansaban de decir: “esta represión la ordenó directamente Macri. Estamos en medio de las negociaciones y esperamos respuestas para el día de hoy”.

Con el transcurso de los días la empresa fue entregada al consorcio de Sociedades, apenas la cuarta parte de los empleados volvieron a su trabajo (precarizados) y el mismísimo Presidente se apersonó en Cresta Roja para manifestar muy suelto de cuerpo: “como cuidamos a los trabajadores de Cresta Roja, queremos cuidar a todos”, lo que dijo mientras venía de vetar la “Ley antidespidos”. Y para ese entonces uno ya se imaginaba que el cuidado del Ejecutivo pasaba por la precarización y la represión. Y a lo que también se refería Macri, era a que la empresa “ya estaba en buenas manos”.

La Suerte Agro S.A., una de las firmas beneficiadas con la administración de Cresta Roja, es una de las tantas sociedades dirigidas por el Grupo Lacau, una familia dedicada a varios negocios dentro de la actividad agrícola-ganadera, como ser “la producción de granos, leche, carne, quesos mas frutas, vid y vinos en la provincia de Mendoza”. El vino mendocino al que se refieren es el “Juana del Sol”, administrado por el grupo a través de Fincas La Juanita S.A., donde la familia Lacau se asoció con Miguel Woodyatt y Daniel Llambías, dos hombres emblemáticos del Banco Galicia.

Pero en esta sociedad vitivinícola hay otra pata: el esposo de la mayor de las hijas Laclau, don Francisco Julio Prat Gay, primo hermano del ex Ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

Dentro de los seis nombres que componen el Directorio del Grupo Lacau, además de los miembros de la familia de dicho apellido y el primo del ex Ministro, encontramos a otro Director: el Ingeniero Agrónomo Mariano Miguel Bosch, el mismo que a través del Decreto 158/2015 fue designado por el Presidente Macri como Vicepresidente del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Para decirlo más claro, la Jueza le entregó Cresta Roja al primo del ex Ministro de Hacienda y a un influyente funcionario del Gobierno vinculado familiarmente con los Braun.

Para cuidar bien “el negocio Cresta Roja” la familia se involucró personalmente en la administración. Como muestra, digamos que desde marzo de 2016 el flamante Ejecutivo de Compras de la firma avícola no es otro que el joven Tomás Prat Gay Laclau, hijo de María Lacau y del primo del ex Ministro Alfonso y quien venía de trabajar en todos los emprendimientos familiares.

Ya dijimos que también conforma el grupo administrativo de la Empresa otras 2 firmas, entre ellas, Ovoprot Internacional S.A. Según se presenta, “Ovoprot es la compañía líder de Latinoamérica en procesamiento y exportación de huevo líquido y en polvo y es además la principal compradora de huevo en cáscara en el mercado nacional”.

Según consta en el Boletín Oficial del último 28 de diciembre, Ovoprot renovó sus autoridades, siendo designados “como Director Titular y Presidente a Sebastián Ernesto Perea Amadeo, como Director Titular y Vicepresidente a Maximilian Hörmanseder, como Director Titular a Juan Antonio Perea Amadeo y como Directores Suplentes a Santiago Ginés Perea Amadeo, Juan Francisco Loncán y Mateo De Durañona y Vedia.”

Mateo Durañona y Vedia no es otro que el hijo del fallecido Diputado Nacional de la UceDé y ex Interventor de la Provincia de Corrientes durante el menemismo, Francisco Durañona y Vedia. Además, Mateo, fue alumno del Colegio Champagnat y concurría a la división de al lado del Jefe de Gabinete Marcos Peña, recibiéndose juntos en 1994.

En cuanto a los Perea Amadeo, no solo son familia accionista mayoritaria de Ovoprot sino que, además, se encuentran presentes como socios en Tanacorsa S.A. (la otra pata de Proteinsa).

Santiago Ginés Perea Amadeo, uno de los socios, es quien el mismo día que Macri visitó Cresta Roja, se dirigió a los empleados que se encontraban en Asamblea y les dijo: “Así las cosas no funcionan, si no trabajan no cobran. El paro es todo lo opuesto a lo que quiere la empresa”. Y para que no queden dudas de las conexiones que intentamos explicar, Santiago Ginés Perea Amadeo es hijo de la prima del Diputado PRO Eduardo Amadeo y, además, estudió en el Colegio Champagnat, siendo compañero de curso de Marcos Peña.

En octubre del año pasado, la Jueza Valeria Pérez Casado abrió los sobres de una supuesta licitación por Cresta Roja en la que participaron dos oferentes: la ya mencionada PROTEINSA y el grupo Avícola del Plata, integrado por Granja Tres Arroyos, Adecoagro y Grupo Lartirigoyen. La venta de la empresa se abrió con una base de 110 millones de dólares.

¿Por qué digo “supuesta licitación”? Y es que el segundo grupo, Avícola del Plata, no solo ofreció menos dinero que la base estipulada por la jueza, sino que, además, tenía como representante y portavoz al señor Mariano Bosch, que en estas vueltas de la vida es el hijo del mencionado vicepresidente del INTA, del mismo nombre y que, como ya dijimos, integra PROTEINSA. O sea, padre e hijo “se disputaron” esta extraña compulsa de precios.

Pero para que el negocio de Cresta Roja sea completo, es necesario saber que esta rara licitación judicial fue coordinada por una empresa especializada en fusiones y adquisiciones llamada Finanzas & Gestión, la cual fue fundada por el ex Presidente del Banco Central Carlos Alberto Melconián.

El mismo que tiene más de 65.000.000 de pesos de su patrimonio en el exterior, el que supo sumarse a los Fondos Buitres en el tribunal de Thomas Griesa para demandar a la Argentina y el mismo que fue reemplazado por Javier González Fraga, del que ya se han ocupado bastante los medios por sus controvertidas declaraciones, pero del que podríamos agregar, como dato de color (y de ejemplo de cómo todo tiene que ver con todo), que su suegro es primo de la madre del Jefe de Gabinete Marcos Peña.


La aceleración de la caída


Observamos hasta aquí, claramente, varias características emblemáticas de lo que denominamos “ciclos de destrucción”, a saber:

– un claro reparto de negocios entre los miembros del gobierno, sus familiares y asociados.

– la complicidad del aparato judicial tanto en el otorgamiento como en la falta de control sobre los incumplimentos contractuales en las obligaciones del adquiriente.

– el abandono de los trabajadores por parte de la cúpula sindical.

– la represión sistemática como modelo de resolución de conflictos.

A esto podríamos sumarle el apañamiento mediático de los principales medios que ante los conflictos como los ocurridos en la última semana, represión mediante, priorizan a las declaraciones de la Gobernadora Vidal en su versión de que los mismos obedecen a “organizaciones políticas que intervienen para que estos conflictos no se resuelvan, para que haya violencia y se generen desalojos” o, dicho de otra manera, sustentar el argumento para la posterior represión.

Pero, como ya dijimos, los “ciclos de destrucción” son finitos. Llevan en su esencia su propio fin y el modelo macrista, en su voracidad, se ha encargado de acelerarlo. La falta de inversión de Proteinsa hizo que Cresta Roja descendiese durante el 2016 al sexto lugar en su participación nacional en la producción avícola, con una faena de poco más de 23.000.000 de aves (un 3.37% de la producción nacional).

Durante el “ciclo de construcción” kirchnerista que apostó al consumo interno, la producción avícola creció a pasos agigantados, convirtiéndose para el fin del ciclo en un negocio de alrededor de 3.000 millones de dólares (0,6% del PBI). Según un informe del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), el consumo por habitante pasó de 20 kilos en el 2003 a más de 45 kilos a fin del ciclo. Dichos niveles se han mantenido en los inicios del gobierno de Cambiemos, esencialmente por lo que se denomina “sustitución de consumo”: fruto del incremento de precios el consumidor se ha visto obligado a variar su alimentación, destinando al pollo parte del dinero que antes destinaba a la alimentación vacuna.

Pero la industria avícola, como la mayoría de las industrias en la Argentina, se centra en el consumo interno: más del 90% de la producción termina en el mercado nacional. Los productores, mientras tanto, se quejan de que el bajo valor de cambio y el nivel de salarios de los trabajadores no los deja competir internacionalmente.

Lo que se vislumbra a futuro es una drástica caída del consumo fruto del achicamiento del mercado interno. Por lo pronto Cresta Roja, la empresa de los hombres de Cambiemos, muestra el rumbo del productor: desinvertir, vaciar, despedir y reprimir. Cerca de 1200 empleados se vieron imposibilitados de ingresar en las dos plantas de la Empresa.

Mientras ellos, los que destruyen, otra vez fugarán sus millones o apostarán a la bicicleta hasta que ya no quede nada más.

Permitimos eso o, de una buena vez, aprendemos de nuestros errores.

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