PRIMICIA: La Resolución que busca criminalizar la toma de colegios

Por la Redacción de La Insuperable

Se dio a conocer en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del pasado 19 de febrero el nuevo protocolo que busca criminalizar la toma de colegios que lleva la firma de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña.

La RESOLUCIÓN N.° 643/MEGC/18 lleva fecha 14 de febrero y aprueba “las Pautas para la Convivencia Escolar que deberá cumplir el equipo de conducción en caso de producirse la toma de establecimientos educativos de gestión estatal”.

La Resolución establece que ante una toma “los/las Directores /Directoras/ Rectores/Rectoras o quien los reemplacen en sus funciones” deben, entre otras cosas, “Labrar un acta dejando constancia de la imposibilidad de llevar adelante la conducción pedagógica”. En la misma la autoridad efectuará un detalle del patrimonio escolar “que además deberá ser documentado fotográficamente” y en lo posible, las fotos deben ser certificadas por Escribano Público.

Asimismo, la autoridad deberá ponerse en contacto con los padres de los alumnos requiriéndoles “que procedan a retirarlos del establecimiento”. Y, como si esto fuera poco y en lo que parece una cacería de datos que buscan criminalizar la protesta de los alumno, el Rector o Director deberá escribir en el acta “los datos de los padres o de quienes ejerzan la responsabilidad parental que no hayan retirado a los jóvenes a su cargo del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental, mientras dure la situación y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo”.

Ante la inminencia de conflictos desatados por la postura del gobierno de impedir el desarrollo de paritarias nacionales y apuntar a que los salarios de los docentes vayan a la baja, a lo que se suma el creciente deterioro de los establecimientos educativos y problemas con las vacantes, el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta busca lavar sus responsabilidades.

A continuación: la Resolución completa y su anexo.



RESOLUCIÓN N.° 643/MEGC/18 Buenos Aires, 14 de febrero de 2018 VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Leyes Nacionales N° 26061, 26.206, 23849, el Código Civil y Comercial de la Nación-Ley Nacional 26.994, las Leyes 114, 898, la Resolución Nº 4776/MEGC/2006, y sus modificatorias, y el Expediente Electrónico N° 2018-05082568-MGEYA-DGEGE, y CONSIDERANDO: Que por el presente expediente tramita la consulta por parte de las direcciones de área sobre el temperamento a adoptar por los equipos de conducción de los establecimientos educativos de gestión estatal ante situaciones de tomas de dichas instituciones por parte de los alumnos; Que la Procuración General ha emitido dictamen legal sobre las pautas a adoptar para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y los adolescentes y las responsabilidades inherentes a los equipos de conducción de los establecimientos educativos, implicando así también la corresponsabilidad de las familias en las referidas situaciones; Que en tal sentido la Constitución de la Ciudad de Buenos reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática; Que así también asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo; Que en virtud de la Convención sobre los derechos del niño aprobada por Ley 23849, los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley; Que conforme la Ley 26061 la Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad; Que la Ley 114 establece que la familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad, tienen el deber de asegurar a niñas, niños y adolescentes, con absoluta prioridad, la efectivización de los derechos a la vida, a la libertad, a la identidad, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la cultura, al deporte, a la recreación, a la formación integral, al respeto, a la convivencia familiar y comunitaria, y en general, a procurar su desarrollo integral; Que de conformidad con la Ley Nacional de Educación 26026, el Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender; Que por Resolución Nº 4776-MEGC/06 y modificatorias se aprobó el Reglamento del Sistema Educativo de Gestión Pública del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Reglamento Escolar-; Que el referido Reglamento establece la organización, principios y fines de la educación, como así también regula los trámites, procedimientos y actuaciones administrativas, la documentación escolar y estructuras burocráticas que intervienen en los procesos en las distintas Áreas de Educación; Que en virtud del Art. 75 de la referida normativa los/las Directores/Directoras /Rectores/Rectoras en los distintos niveles y Áreas de la Educación son las máximas autoridades de los establecimientos a su cargo y, en consecuencia, responsables de su gobierno y conducción pedagógica y gestión técnico-administrativa; Que, en el área de la Educación Media y Técnica, conforme el Artículo 170 inc. 17 mencionado en dicho cuerpo legal, el equipo directivo debe comunicar a la Superioridad cualquier eventualidad de carácter grave y dar intervención a otra autoridad si corresponde; Que asimismo tiene entre sus funciones velar por el uso correcto y la conservación de los bienes del establecimiento, según lo determina su Artículo 73 inc. 9 y 170 inc. 18; Que, por su parte el Artículo 1767 del Código Civil y Comercial de la Nación determina que el titular de un establecimiento educativo resulta responsable por el daño causado o sufrido por las niñas, niños y adolescentes que tengan que estar bajo su control; Que asimismo el Artículo 1756 del mismo cuerpo legal prevé la delegación de responsabilidad parental de los padres mientras las niñas, niños y adolescentes estén bajo la órbita del establecimiento educativo; Que ante la situación de toma de establecimientos educativos de gestión estatal, que impiden el normal dictado de clases e implican la pérdida de gobierno por parte de las máximas autoridades, resulta menester asegurar con absoluta prioridad la efectivización del derecho a la integridad de los niñas, niños y adolescentes, mediante la corresponsabilidad de las familias ante dichas situaciones; Que por su parte resulta también menester establecer los mecanismos a través de los cuales las autoridades respectivas puedan hacer efectivo el cumplimiento de las responsabilidades a su cargo, fijando pautas de convivencia escolar que determinen el temperamento a adoptar; Que por ello deviene oportuno el dictado de la norma pertinente; Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de Educación Superior dependientes de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa han tomado intervención en estos actuados; Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional y la Procuración General han tomado la intervención que le compete. Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébanse las Pautas para la Convivencia Escolar que deberá cumplir el equipo de conducción en caso de producirse la toma de establecimientos educativos de gestión estatal, conforme surge del Anexo IF-2018-05263943-MEGC, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.

Artículo 2º.- Delégase en la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa la facultad de crear las normas complementarias.

Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación Superior y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO

A los fines de dar cumplimiento con las responsabilidades a cargo de la máxima autoridad de un Establecimiento Educativo, primando la efectivización del derecho a la integridad de niños, niñas y adolescentes, como así también sus responsabilidades en relación al patrimonio escolar, se establece que ante situación de toma del establecimiento, los/las Directores /Directoras/ Rectores/Rectoras o quien los reemplacen en sus funciones, deberán dar intervención: 1) Al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2) Al SAME 3) Citar de manera inmediata, telefónicamente o por las vías habituales de contacto a los padres o a quienes ejerzan la responsabilidad parental para que retiren a sus hijos del establecimiento habida cuenta de la imposibilidad de prestar el servicio educativo. 4) Labrar un acta dejando constancia de la imposibilidad de llevar adelante la conducción pedagógica y gestión técnico-administrativa con motivo de la toma del establecimiento, la que deberá ser elevada jerárquicamente a la máxima autoridad de la cartera, consignando en la misma los siguientes puntos: – Relato de los hechos y circunstancias por los que se efectivizó la toma del establecimiento educativo. – El estado detallado del patrimonio escolar, el que además deberá ser documentado fotográficamente al momento en que se inicia la toma del establecimiento. Para el caso de ser posible, las fotografías deben ser certificadas por escribano público o con la presencia de dos testigos debidamente individualizados. – Solicitud de intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME. – Constancia de citación a los padres o quienes ejerzan la responsabilidad parental sobre los alumnos, a fin de que procedan a retirarlos del establecimiento habida cuenta de la imposibilidad de prestar el servicio educativo. Los alumnos deberán retirarse del establecimiento conjuntamente con el adulto responsable o quienes ejerzan la responsabilidad parental. A ese fin deberá suscribir al momento del retiro del alumno un acta de retiro en la cual se le hará saber que mientras dure la situación y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo la responsabilidad sobre el mismo recaerá exclusivamente sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental. – Enunciar los datos de los padres o de quienes ejerzan la responsabilidad parental que no hayan retirado a los jóvenes a su cargo del establecimiento educativo, dejando constancia de los motivos y de haberles hecho saber que la responsabilidad sobre el alumno recaerá exclusivamente sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental, mientras dure la situación y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo. 5) Los/las Directores /Directoras/ Rectores/Rectoras o quien los reemplacen en sus funciones, deberán permanecer en el establecimiento educativo hasta la terminación de todas las acciones establecidas en el presente. 6) Desde el Ministerio de Educación, asimismo, se deberá a elevar el expediente administrativo para intervención de las áreas de la Procuración General. 7) Finalizada la toma del establecimiento escolar los/las Directores/Directoras/ Rectores/Rectoras o quien los reemplace deberá labrar un acta, la que será elevada jerárquicamente a la máxima autoridad de la cartera, consignando el estado detallado del patrimonio escolar al momento de cesar la toma del establecimiento educativo, el que además deberá ser documentado fotográficamente. Para el caso de ser posible, las fotografías deben ser certificadas por escribano público o con la presencia de dos testigos debidamente individualizados. – Identificar los daños en el patrimonio que podrían haberse ocasionado por la toma del establecimiento, el que además deberá ser documentado fotográficamente. Para el caso de ser posible, las fotografías deben ser certificadas por escribano público o con la presencia de dos testigos debidamente individualizados. 8) Asimismo, desde el Ministerio de Educación, se elevará el referido expediente administrativo para intervención de las áreas de la Procuración General.

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