La educación superior como derecho

En un contexto de derechos vulnerados, la universidad se vuelve imprescindible

Por Graciela Morgade y Myriam Feldfeber para El Cohete a la Luna

El 11 de junio y en la Ciudad de Córdoba comenzará la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), organizada por la UNESCO. La Primera Conferencia Regional se desarrolló en La Habana, Cuba, en el año 1996, y la Segunda fue celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, en junio de 2008.

La CRES de Cartagena fue una de las conferencias regionales preparatorias del Congreso Mundial sobre Educación Superior, realizado un año después en París. En el desarrollo de ambos eventos se enfrentaron posiciones diversas y se generaron no pocas polémicas, en un contexto tensionado entre las tendencias mercantilizadoras y privatizadoras y las perspectivas democratizadoras en la educación superior.

Sin embargo, en ambas instancias hubo coincidencias que marcaron un hito en la historia de nuestras instituciones. En la Declaración aprobada en Cartagena se estableció que “La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. (…) El carácter de bien público social de la Educación Superior se reafirma en la medida que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas”.

En el año 2009, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior reafirmó que la esta es un bien público y una responsabilidad de todos los gobiernos, y se sostiene de manera explícita: “En ningún momento de la historia ha sido más importante que ahora la inversión en los estudios superiores, por su condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y diversas, y para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad”

En Cartagena de Indias se acordó que la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior se realizaría en Córdoba, Argentina, y en el marco del centenario de la Reforma del ´18.

Hace diez años, los gobiernos democráticos populares en diferentes países de la región desarrollaban políticas dirigidas a la ampliación de derechos y a la “inclusión” social de vastos sectores históricamente excluidos. Así, el sentido político de la formulación de Cartagena podía comprenderse en su profundidad a partir de los avances logrados.

Sin lugar a dudas, en 2018 el escenario en la región es bien diferente de aquel en el que se estableció que la Educación Superior es un derecho y un deber de los Estados. En los últimos años, la restauración conservadora que se fue produciendo en algunos países de América Latina instaló una agenda regresiva en términos económicos, políticos, sociales y culturales, en el marco de un escenario de derechos vulnerados.

En este contexto, asistimos en nuestro país a un fuerte cuestionamiento a las universidades públicas y a la ciencia y la técnología al servicio de un proyecto de desarrollo autónomo. La “sospecha” respecto de la “eficiencia del gasto” en el presupuesto universitario, la reducción o sub-ejecución de partidas, los recortes en el CONICET, los juicios “masivos” a las autoridades universitarias, los cuestionamientos a la creación de Universidades Nacionales, en especial en el conurbano bonaerense, y al lugar de las universidades como consultoras privilegiadas del Estado, constituyen entre otras, sospechosas medidas que perfilan un camino hacia la eliminación de la gratuidad y el ingreso irrestricto, hacia el acoplamiento de la producción de conocimientos a las demandas del mercado. Un mercado que siempre representa los intereses de una pequeña porción de la población, transnacional y salvaje. Un mercado que perfila a la educación superior como “negocio” (en que se “venden” cursos o títulos), que define líneas y temas de investigación y que considera al conocimiento como bien “transable” (que se podría exportar e importar libremente).

Ahora bien, retomando la mirada de Boaventura de Sousa Santos, entendemos que las universidades pueden ser un ámbito de creación, transmisión y recreación del conocimiento que puede “generar ganancias”, pero en forma necesariamente articulada con el conocimiento que no puede, o no debe, generar ganancias. Porque la llamada “sociedad del conocimiento” es también una sociedad del desconocimiento. Y las universidades tienen la posibilidad y el desafío de habilitar lo que Boaventura nombra como la “ecología de saberes”: privilegiar la interactividad sobre la unilateralidad y proponer una articulación del conocimiento científico y otros tipos de conocimiento: saberes tradicionales, saberes artísticos, saberes populares.

La CRES y el aniversario de la Reforma del 18 nos interpelan a sostener a la Educación Superior como derecho individual y de los pueblos, defendiendo el lugar de nuestras universidades, profundizando una ecología de saberes en la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

También asumimos el desafío de asistir a la CRES para reivindicar el lugar preponderante de las universidades en un proyecto de soberanía nacional y de integración regional, para profundizar el análisis de los modos en que las universidades se autotransforman para dar lugar a las nuevas generaciones y los grupos históricamente excluidos -en virtud de prácticas patriarcales, coloniales, etnocéntricas, etc-; para compartir visiones sobre estrategias para abordar los problemas y los desafíos en términos de educación, salud, vivienda y democracia que enfrentamos hoy en nuestras sociedades, entre muchos otros. También para resignificar los legados de la Reforma Universitaria argentina.

A 100 años de la Reforma, reivindicamos un movimiento de insurrección emancipatoria, de relevancia nacional y latinoamericana, que desafió a los poderes hegemónicos en las universidades, y que puso en cuestión no sólo al espacio universitario sino al conjunto de la sociedad, proponiendo como banderas la autonomía frente a las iglesias y los gobiernos, los concursos abiertos y públicos para la composición del claustro docente y la participación de todos los estamentos en el gobierno institucional. Faltó conseguir la gratuidad, que sería sancionada después, en 1949, mediante un decreto del Presidente Perón, en el marco de una política de incorporación masiva de los sectores populares a la educación pública.

¿Es posible que, negando este legado, nuestras universidades retrocedan en su compromiso con la democracia, con la nación y con el pueblo?

Vamos a la CRES a confrontar con las políticas neoliberales y neoconservadoras y a defender una universidad democrática y popular que se encolumne en un proyecto de transformación y emancipación social.

 

https://www.elcohetealaluna.com/la-educacion-superior-como-derecho/

 

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