Aportantes truchos: Crece el escándalo

A través de una nueva investigación del periodista Juan Ignacio Amorín, pudo constatarse que el 94% de los llamados “aportantes truchos” a Cambiemos, también se encuentra afiliado compulsivamente al PRO en la Provincia de Buenos Aires.

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

Una nueva investigación del periodista Juan Ignacio Amorín constató que el 94% de los supuestos contribuyentes figuran como afiliados al PRO que preside María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, lo que compromete seriamente a la gobernadora de cara al futuro, ya que resulta la principal responsable del partido donde hoy hay miles de militantes falsos a los que le falsificaron la firma y los hicieron pasar como aportantes.

Además, al entrar en detalle, la maniobra defraudatoria del PRO se vuelve más interesante: en el listado figuran dirigentes de otros partidos políticos e incluso candidatos opositores a Cambiemos en la elección del año pasado: 76 del PJ, 10 del Frente Renovador, 8 del GEN de Margarita Stolbizer, 6 de Libres del Sur y hasta 2 del Partido Obrero, como aportantes de Esteban Bullrich y Gladys González, para senadores, y Graciela Ocaña y Héctor Toty Flores, para diputados.

El Destape puso como ejemplo al primer candidato a concejal en 2017 de Vicente López, Germán Maldonado, hombre ligado a Sergio Massa desde el comienzo de su carrera política. Maldonado aparece insólitamente aportando $8000 para la campaña de su rival de Cambiemos. El Frente Renovador informó que sus abogados están chequeando las nóminas porque creen que puede haber más casos, y que presentarán una denuncia ante la Justicia ni bien concluya la feria judicial.

A su vez, El Destape logró desglosar la afiliación política de cada uno de ellos, y el resultado fue sorpresivo: los afiliados al PRO aportaron $45.486.100. Es por eso que la Justicia, que ya comprobó que el 99% de los primeros 200 casos señalados por este medio figuran empadronados en el partido de Vidal, tiene en la mira el origen de al menos esos 45 millones.

De confirmarse esto, las consecuencias para la gobernadora de la Provincia podrían ser las peores: como presidenta del PRO, enfrentaría una condena que podría dejarla inhibida de participar para ocupar o ejercer cargos públicos por entre 6 meses y 10 años, tal como establece la propia ley de Financiamiento Electoral. Y la misma suerte correría su Contadora General y Tesorera del PRO, María Fernanda Inza.

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