Usos y abusos de la corrupción

Pretexto para derribar gobiernos populares

Por Arturo Frondizi en “La Corrupción” (publicado por El Cohete a la Luna)

Frondizi con su principal colaborador, Rogelio Frigerio, El Tapir.

El dique San Roque, de Córdoba, fue construido en el increíble lapso de veinte meses durante la gobernación de Miguel Juárez Celman. Fue la obra de ingeniería hidráulica más importante realizada en el país y en Sudamérica en su época; transformó la economía de Córdoba y puso un hito en nuestro desarrollo energético. Esto ocurría allá por el año 1881. Medio siglo después los cordobeses todavía solían alarmarse cada vez que caían lluvias copiosas porque se temía el derrumbamiento del dique. La campaña de calumnias y rumores que se había desatado contra Juárez Celman y la empresa contratista perduraba en las mentes de la población.

Se decía que el contratista –Juan Bialet Massé– y el ingeniero proyectista –Carlos Cassafousth– se habían quedado con parte de los fondos públicos destinados a comprar materiales y que, por lo tanto, el dique no era sólido.

Bialet Massé, catalán de origen, radicado desde su juventud en la Argentina y casado con una nieta de Francisco Narciso de Laprida, y el ingeniero argentino Cassafousth, autor también del ferrocarril trasandino, sufrieron un año de prisión con motivo de esta acusación infame.

En una carta dramática escrita por Bialet Massé al doctor Juárez Celman, que ya había cesado en su mandato gubernativo, se leen estos párrafos: “Le escribo desde el Departamento de Policía, donde estoy preso por el crimen de haber construido el dique. Con la frente alta y dispuesto a sufrir las consecuencias de haber emprendido y llevado a cabo esa obra, le garantizo por mi honor que el dique es bueno”.

“Lo que conmigo se ha hecho es brutal y ha sido porque hay el propósito deliberado de derribar el dique para que no quede nada que venga de Juárez Celman. ¡Bárbaros! No saben que la ingratitud es la peor de las manchas. Esa obra sobrevivirá a los años y ese laurel no podrán arrancarlo de su frente y de la mía, en lo poco que me toca. (…) Se repite que el dique no sirve y que no hay otro remedio que deshacerlo. Eso me mataría. (…) Le ruego que no pida y no haga nada por mí, pero le pido haga todo lo que esté a su alcance para que se conserve el dique”.

El doctor Juárez Celman ofreció la garantía de sus bienes como fianza para obtener la excarcelación de los detenidos y consiguió que no se derribara la obra. La historia reivindicó a los constructores del dique San Roque y una ciudad cordobesa lleva el nombre del esforzado español que prefería la cárcel a la destrucción de su obra.

Recordamos este episodio como uno de los tantos ejemplos de la sempiterna ofensiva reaccionaria contra los pioneros del progreso nacional. No ha habido hazaña –militar, política, económica, cultural– de trascendencia para el afianzamiento de nuestra nacionalidad y el acrecentamiento de su patrimonio espiritual y material, que no haya sido objeto de las más irresponsables campañas de difamación tendientes a invalidarlas, menoscabarlas o postergarlas.

Durante los solitarios meses de mi confinamiento en Martín García, regresé a las abandonadas lecturas de nuestra historia patria, tan coherente en su apariencia turbulenta y contradictoria, que los hechos de hoy conservan asombroso parentesco con los de antaño.

En todo tiempo, quienes quisieron empujar el país hacia adelante fueron acusados de mala conducta administrativa, de cohecho y malversación. Como también a mi gobierno se le habían formulado idénticos cargos, me propuse trazar esquemáticamente esa constante que podemos llamar “de la calumnia” y que en mi caso se había cebado no tanto en mi persona, a la que algunos adversarios generosos eximían de culpa, sino en mis más cercanos y eficaces colaboradores y, especialmente, en Rogelio Frigerio y sus amigos.

Con lo cual, los críticos más benignos me perdonaban la vida sin razón, pues nada hicieron en mi gobierno los “frigeristas” que no fuera fruto de la más estrecha y leal deliberación con quien asumía entonces y ratifica hoy la responsabilidad ejecutiva.

Pero antes de ocuparnos de los “negociados” atribuidos a mi gobierno, resultará pintoresca una excursión por los caminos de la historia, donde, a cada rato, tropezaremos con la constante de la calumnia como arma innoble para destruir al adversario.

Y lo curioso es que, siempre, tal recurso no perseguía la reparación de la moral o la ley ofendida, sino que se conformaba con lograr su objetivo político: caída la cabeza del adversario, los presuntos ladrones dejaban de ser perseguidos y castigados, como lo demuestra el hecho de que ningún proceso e investigación emprendido con fines políticos se haya esforzado en sancionar a los supuestos culpables.

La historia se repite

Ya en los albores de la emancipación funcionó una comisión investigadora. La creó la Asamblea General Constituyente de 1813. ¿Quiénes se sentaron en el banquillo de los acusados? Nada menos que todos los miembros de los primeros gobiernos patrios, entre otros Mariano Moreno (juzgado post mortem) Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Larrea, Matheu, Alberti, Juan José Paso, Rodríguez Peña, Hipólito Vieytes, Bernardino Rivadavia, Sarratea, Chiclana, Álvarez Jonte y varios más.

Entre las preguntas incluidas en el interrogatorio de testigos (depusieron muchísimos vecinos) figuraba la siguiente: “Si saben, les consta o han oído decir que dichos gobernantes hayan recibido cohechos o gratificaciones en el tiempo de su administración, de cualquier especie”.

Un testigo, llamado Pedro Giménez, dijo haber oído de su amigo Agustín Carrigós que este había oído en un café que don Bernardino Rivadavia había repuesto en su cargo al obispo de Córdoba, monseñor Orellana, mediante la percepción de “unas onzas, unas hebillas, un sombrero y un espadín de oro”.

Otros testigos acusaron a Saavedra de haber conspirado contra la Junta y dijeron que Moreno había sido expulsado y enviado a la muerte en el buque que lo llevaba a Europa, siendo su muerte sospechosa. Finalmente, este juicio de residencia contra los primeros gobernantes criollos terminó en una ley de amnistía.

Pocos años más tarde, Juan Manuel Balcarce, Carlos María de Alvear, Félix de Álzaga, Manuel Josa García, quienes habían sido ministros de Guerra, uno, y de Hacienda, otros, y proveedor del ejército el señor de Álzaga, fueron acusados de haber medrado en la compra de vestimenta y uniformes para el ejército que se formó para la guerra con el Brasil: “El vestuario era de pésima calidad, el paño más inferior y todas las prendas eran chicas, como si se hubiera calculado su hechura no para hombres, sino para muchachos”, dice don Tomás de Iriarte en sus memorias. Y agrega: “Este era un negocio que hacía un contratista exclusivo, don Félix de Álzaga con el ministro de la Guerra, Balcarce, y el de Hacienda y Relaciones Exteriores, don Manuel García; todos abusaban y el tesoro pagaba”.

Sin embargo, Juan Manuel Beruti, en sus Memorias Curiosas, se refiere a la revolución que depuso a Carlos María de Alvear y al proceso que se siguiera contra gran número de civiles y militares adictos al régimen depuesto, y dice lo siguiente: “Estoy informado por un coronel juicioso, y por lo mismo lo manifiesto, que cuanto se ha dicho y vituperado denigrativamente contra los Gobiernos que han caído y sucedido unos tras de otros, como contra las personas que han mandado de presidentes, de la Primera Junta, el Gobierno Ejecutivo, Directores, Secretarios y Jefes militares y políticos es falso, y no se debe creer, por no haberse probado cosa alguna, y solo las fracciones y partidos que reinan generalmente, agregada la negra envidia, es la que ha motivado la ruina y caída de los gobernantes y sus agraciados; por lo que, preguntado el coronel que por qué se les levantaba tantas especies y se daban en Gazeta públicamente, me contestó diciendo que eso se hacía para acarrearles el odio público, que su partido y amigos no pudiesen revivir, y el Gobierno que reemplazaba al caído se pudiese sostener, sin temor de que los caídos pudiesen voltearlos; cuyas razones de este sujeto tan respetable me han dado margen a no creer cuanto se ha dicho de las personas de los anteriores gobernantes”.

La calumnia contra los líderes populares

Estas sabias reflexiones de Beruti demuestran que hace siglo y medio ya se conocían las tácticas políticas basadas en la denigración gratuita del adversario y había quiénes eran capaces de desentrañar sus ocultos designios.

Es lamentable, entonces, que esa práctica desleal haya llegado intacta hasta nuestros días y que las calumnias que antes se lanzaron contra los próceres de nuestra independencia y organización nacional, desde San Martín hasta Rosas y Urquiza, se hayan repetido contra gobernantes contemporáneos y siempre con el mismo propósito denunciado por Beruti: “Acarrearlas el odio público, que su partido y amigos no pudiesen revivir y el gobierno que reemplazaba al caído se pudiese sostener sin temor de que los caídos pudiesen voltearlo”.

Más lastimoso todavía es que se presten al juego partidos y hombres sinceramente dedicados a la causa popular, cuyos propios líderes y ellos mismos fueron víctimas de la insidia cada vez que, desde el gobierno o desde la oposición, ponían en peligro posiciones y los privilegios de la minoría.

A Lisandro de la Torre estuvieron a punto de asesinarlo en el Senado de la Nación cuando desnudaba las maquinaciones de los monopolios exportadores. Pero si esa vez falló el intento y abatió en cambio a uno de sus discípulos más queridos, el arma más sutil y menos riesgosa de la calumnia se había ensañado antes con el ilustre tribuno en ocasión de su candidatura a Presidente. Todos recordamos el libelo publicado por un ex socio de don Lisandro, con quien mantenía una controversia judicial, en el que se formulaban acusaciones indignas contra el candidato presidencial y que tuvo amplia acogida en la prensa y en los círculos que auspiciaban la candidatura rival. El doctor de la Torre replicó eficazmente al calumniador, pero siempre guardó un amargo recuerdo del episodio.

¿Qué no se dijo de la corrupción de los gobiernos de Hipólito Yrigoyen?

El ministro del Interior del gobierno de facto surgido de la revolución militar de 1930, Matías G. Sánchez Sorondo, afirmó, dos días después del triunfo del golpe, que “una horda, un hampa, había acampado en las esferas oficiales y plantado en ellas sus tiendas de mercaderes, comprándolo y vendiéndolo todo, desde lo más sagrado basta el honor de la Patria”.

Y el senador Benjamín Villafañe, en pleno recinto de la alta cámara, dijo: “Al yrigoyenismo lo forman ciento diez mil prontuariados en la sección Robos y Hurtos, sesenta mil pederastas y cincuenta mil más que viven al margen de la ley, del juego y de la explotación de mujeres”.

Ministros y funcionarios de Yrigoyen tuvieron que buscar refugio en el destierro o se suicidaron. El propio caudillo sufrió la afrenta de un proceso criminal, fue confinado en Martín García y murió en la más digna pobreza.

Como en el caso ulterior del gobierno peronista, se practicaron centenares de investigaciones, hubo incautación y secuestro de bienes e inhabilitaciones civiles. Nada pudo probarse y la justicia absolvió a los acusados, les restituyó en algunos casos sus bienes y les levantó las interdicciones. Pero el objetivo político estaba cumplido y ya no interesaba sancionar a los supuestos delincuentes.

También se cumplía el propósito reaccionario de paralizar el desarrollo económico, como en el caso de la fábrica de la Mercedes Benz, que el gobierno de la Revolución Libertadora cerró y que la firma alemana resolvió instalar en el Brasil, con el consiguiente perjuicio para la naciente industria automotriz de la República.

La calumnia organizada, publicitada profusamente, recogida y amplificada por los más caracterizados dirigentes de la oposición, logró movilizar a amplias capas populares –de trabajadores, estudiantes y profesionales– para derribar a gobernantes elegidos por la inmensa mayoría del pueblo.

Y la lección no fue aprovechada, porque los mismos yrigoyenistas que sufrieron en carne propia las infamias contra Yrigoyen, los mismos demócratas progresistas que lloraron la muerte trágica de Lisandro de la Torre, abrumado por la ingratitud y la mentira, los mismos peronistas que salían apenas de su propio proceso de persecución y descrédito, los mismos socialistas que durante años soportaron campañas de calumnias, se unieron a los voceros de la oligarquía antinacional y a los aliados de los monopolios belicistas extranjeros para combatir y calumniar despiadadamente a otro gobierno elegido en 1958 por la más amplia coalición nacional que registra nuestra historia democrática. Se apoyaron en la calumnia y la intriga para justificar y promover la quiebra de las instituciones y la secuela de retroceso económico, desocupación y angustia de productores, trabajadores y consumidores que siguió al golpe de Estado de marzo de 1962.

Los “negociados” y el golpe del 29 de marzo

En las páginas anteriores hicimos una rápida y muy esquemática reseña de hechos pasados que configuran todo un hábito político, hábilmente sustentado por sectores interesados en un doble propósito: desacreditar a la democracia fundada en el consenso de las auténticas mayorías y, como fin último y real de la maniobra, impedir que esos gobiernos –apoyados por el pueblo– cambien las estructuras económicas, sociales y políticas de que se nutren las minorías y sus aliados externos.

El arma elegida es la calumnia, el rumor sin fundamento, la apelación a la moral pública.

Hemos sido víctimas de una cruel campaña de ese tenor y de ella queremos ocuparnos aquí, no para reivindicarnos o defendernos personalmente, sino para extraer de esta experiencia la lección que interesa a la comunidad nacional, que es la que sufre en sus más vitales intereses espirituales y materiales.

En dicha comunidad nacional nadie escucharía a quien combatiese frontalmente el concepto de la soberanía popular sin deformaciones ni amputaciones. Nadie escucharía a quien combatiese frontalmente la necesidad de reformar estructuras caducas y de integrar al país en la comunidad de las naciones adelantadas que han superado su estadio pastoril.

Por eso es menester que los enemigos de la soberanía popular y el desarrollo económico (presupuesto de la autodeterminación y la independencia en el campo internacional) recurran a procedimientos oblicuos, pero de aparente solvencia y sinceridad, para no descubrir el juego.

Entre estos procedimientos falaces el más eficaz es el de excitar la sensibilidad moral que tiene toda sociedad civilizada. Esta sensibilidad es particularmente aguda en las clases medias, que en la Argentina abarcan un amplio sector popular, incluso el sector de los trabajadores calificados y los miles de técnicos, profesionales, educadores, comerciantes y pequeños industriales que son la vanguardia de la actividad social y política.

Los militares pertenecen globalmente a estos estratos medios, y este dato es muy importante, dado el papel que ellos han desempeñado y desempeñan en nuestras crisis institucionales.

Arturo Frondizi fue presidente entre 1958 y 1962. Este texto, que tituló “La Corrupción”, es el cuarto capítulo del libro “Estrategia y Táctica del Movimiento Nacional”, que Frondizi publicó en 1964, luego de su derrocamiento.

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