Una para el lado de la Justicia

Condenaron a los prefectos que hace dos años torturaron a Iván Matías Navarro y Ezequiel Villanueva Moya

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

Nora Cortiñas y Ezequiel Villanueva Moya festejan el histórico fallo. Foto: Osiris Martí

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de la Capital Federal condenó con penas de entre diez y ocho años de prisión a seis prefectos que en 2016 torturaron a Iván Navarro y a Ezequiel Villanueva Moya de la Villa 21-24 de Barracas. Los integrantes de esa fuerza, detuvieron a los jóvenes, les pegaron y los cargaron en un móvil sin explicación. Los llevaron a un descampado y simularon un fusilamiento. Les volvieron a pegar, los desnudaron, le robaron sus cosas y, finalmente, los dejaron ir. Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya –integrantes de La Poderosa– hicieron la denuncia y la Justicia les respondió con un fallo histórico contra la represión estatal.

En septiembre de 2016 así relataban los hechos desde La Poderosa: Atrevido, tuvo el tremendo tupé de salir la noche del sábado para visitar a su abuela Beti, que también vive en la Villa 21. De regreso, lo paró la Policía Federal para revisarlo y, aprovechando que justo lo saludaba su amigo Iván Navarro, los denigraron un rato a los dos, entre amenazas y chicanas sobre el supuesto origen espurio de sus prendas. “Yo me acerqué para darle un abrazo a Eze y un oficial, así, de la nada, directamente vino y me pegó una trompada”.

Negativa la requisa, los dejaron ir, pero apenas 30 pasos, donde volvieron a ser interceptados por tres móviles de Prefectura, con cuatro uniformados cada uno. “Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú”. ¿Para qué? “Para cagarnos a palos”. ¿Y los largaron? “No, nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro”. De ahí, se los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de Sirga. “Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”.

Trompadas en la cara y palazos en las piernas, como tantas otras veces a tantos otros villeros, esta vez no fueron suficientes. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”. Pero no, todavía no termina. “Alterados, como sacados, nos esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire, mientras nos quitaban las camperas que supuestamente habíamos robado”. Pero no, robar, robaron ellos, “que se reían cuando nos ponían un cuchillo en el cuello y nos decían que también les parecían lindas nuestras zapatillas, nuestras cadenitas… Nos sacaron todo”. Justo ahí, a pocas cuadras de la Parroquia Caacupé, uno de los prefectos puso su arma en la nuca de Iván, para obligarlo a rezar. “Dale, un Padre Nuestro para que no te mate, dale”. Y al final, cuando por fin accedieron a soltarles las manos, los encañonaron por la espalda, con una escopeta: “Corran bien rápido, o van a ser boleta”.

Corrieron, corrieron a sus casas, corrieron a nuestra redacción, corrieron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional y ayer se presentaron en la fiscalía de Pompeya, para prestar declaración. ¿Y adivinen qué? Sí, estaba ahí, uno de ellos estaba ahí, el prefecto Leandro Adolfo Antúnez estaba ahí. Lo vieron, lo señalaron y lo denunciaron. Acto seguido, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que integraban el móvil.

En un fallo histórico todos los prefectos fueron condenados por torturas: Leandro Antúnez, Osvaldo Ertel y Orlando Benítez a 10 años y 6 meses de prisión, Eduardo Sandoval y Ramón Falcón a 10 años y 6 meses, por último Yamil Marsilli a 8 años y 8 meses. Afuera del Palacio de Justicia se concentraban junto a La Garganta Poderosa, organizaciones de derechos humanos y reconocidas personalidades.

Los seis prefectos fueron considerados culpables por los delitos de imposición de torturas, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves, robo agravado y calificado por uso de armas de fuego y por haber sido cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Además, el tribunal dictaminó que ninguno de los ahora condenados podrá volver a ejercer un cargo público.

Una para el lado de la Justicia.

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