Tres docentes imputados por defender la Educación Pública

En Mendoza, la Justicia imputó por el delito de “desobediencia” a tres docentes que participaron de una protesta.

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

Silvia Gabriela Díaz, Patrick Boulet y Miguel Ángel Sarmiento, tres docentes del Instituto Superior Tomás Godoy Cruz fueron imputados en el día de ayer por el delito de “desobediencia”, según lo dictaminó la jueza de garantías, Dra. Miriam Moltó.

El fallo se refiere a los hechos ocurridos en el establecimiento esducativo los pasados 24 y 25 de agosto cuando los docentes del Instituto Superior Tomás Godoy Cruz sostenían como medida de fuerza ante los cambios pretendidos por la Dirección General de Escuelas en la Educación Superior. Lo particular de este fallo, según informan desde La Mosquitera, es que lo que debiera ser una audiencia pública no permitió el acceso a las trabajadoras y trabajadores que asistieron para acompañar, y además la Dirección General de Escuelas se constituyó como querellante particular en la causa.

Raquel Blas, secretaria general de la CTA Autónoma local, se expresó sobre estas acciones que intentan criminalizar la protesta. “En este caso, para el gobierno una asamblea de docentes y estudiantes se convierte en un delito, con el agravante de que la DGE se convierte en querellante de la causa”.

“Es muy duro cuando uno ha estado ejerciendo la defensa de un derecho terminar sentado en el banquillo de los acusados como si fuera un delincuente. Son momentos realmente duros pero a la vez es muy valioso cómo acompañan los compañeros de trabajo, los diferentes sindicatos, los gremios. Vamos a seguir apelando en todas las instancias que haya que apelar para que esto no quede firme porque evidentemente lo que se intenta es producir un situación de terror hacia aquellos trabajadores que quieren movilizarse”.

La protesta de los docentes mendocinos se desencadenó luego de que se publicara en dicha provincia la Resolución 2010. Según dictamina la misma, las carreras terciarias que ofrece la Dirección General de Escuelas no tendrán asegurado el comienzo de una nueva cohorte de un año a otro. A partir de la nueva resolución, las instituciones deberán pedir autorización al gobierno escolar cada ciclo lectivo y será este quien defina la continuidad.

La Resolución podía disponer cierres y reunificaciones de cursos. En este marco, los docentes podrán ser trasladados prestando su conformidad. De no hacerlo, los titulares pasarán a disponibilidad y los suplentes “cesarán en sus funciones”

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