Su función será estudiar el abordaje integral de la problemática de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad
Por la Redacción de Noticias La Insuperable. Foto: Ministerio de Justicia PBA
Tal cual informáramos hace unos días, cuando a través del DECRETO N° 24-GPBA-19, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tal cual adelantara en su discurso de asunción, abordó la compleja problemática de las personas privadas de libertad, encomendando “al Sr. Ministro Secretario de Justicia y Derechos Humanos la conformación, diseño, implementación y reglamentación de una Mesa Interinstitucional de Diálogo para el abordaje integral de la problemática de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia”, el flamante ministro Julio César Alak dio a conocer hoy la RESOLUCIÓN Nº 1-MJYDHGP-19 disponiendo “la creación de una Mesa Interinstitucional de Diálogo, que funcionará en el ámbito y bajo la coordinación de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Según indica la Resolución ministerial, se convoca “a participar de la Mesa a representantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Casación Penal, de la Procuración General de la Suprema Corte, de la Defensoría de Casación Penal, de la Defensoría del Pueblo, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de las Universidades Públicas Nacionales, del Arzobispado de La Plata, del Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura (CNPT), de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de otras organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”.
Los encuentros de la mesa son mensuales, habiéndose celebrado la primera reunión el pasado jueves 19. Durante dicho encuentro se comenzaron a delinear distintas políticas que se llevarán a cabo para resolver el crítico escenario de hacinamiento y superpoblación que existe en las cárceles provinciales, donde hay casi 50 mil personas privadas de la libertad para un número de 29.000 plazas adaptadas disponibles.
Participaron de la reunión los miembros de la Suprema Corte, Eduardo de Lazzari; José Villafañe; y Eduardo Eskenazi; el defensor de Casación Coriolano; Monseñor Víctor Fernández; el Capellán del SPB, Carlos Pont Gasques; los representantes de la CPM el premio nóbel Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García; el Procurador General, Julio Conte-Grand, y el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, entre otros.