La abogada de Autopistas del Sol que logró la polémica prórroga hasta el 2030, entró a trabajar en la Ciudad

Es flamante personal de planta de la Procuración General de la Ciudad

Por Sebastián Reyna para Noticias La Insuperable

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El Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Astarloa, acaba de contratar como Asesora a la abogada María Guillermina Fortunati, con contrato vigente desde el pasado 1º de febrero, por intermedio de la RESOLUCIÓN N.° 86/PG/20.

Antes de asumir en su nuevo cargo, Fortunati era Asociada Semi-Senior del Estudio Marval, O’Farrell & Mairal, y como tal, llevó adelante la negociación con el gobierno de la Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación de Autopistas del Sol S.A., el cual finalizó con el escandaloso Decreto 607/2018 firmado por la vice Gabriela Michetti, por el cual se prorrogó la concesión de la autopista Panamericana, el Acceso Norte y también de la Autopista del Oeste hasta el 2030 con aumentos de peajes atados a la evolución de la inflación.

Macri se excusó de rubricarlo para evitar un eventual conflicto de intereses, teniendo en cuenta que la empresa de su familia, Sideco, fue accionista de Ausol hasta mayo del 2017, cuando vendió sus tenencias. Abertis posee el 31,59% del capital accionario y la italiana Impregilo otro 19,82%. Por esto, la Oficina Anticorrupción le recomendó al ex Presidente no intervenir en la negociación.

El decreto estableció cambios en la forma de incrementar las tarifas de los peajes, que volvían a tener un componente dolarizado a la hora de actualizarla y otorgar alzas semestrales que reflejen la incidencia en el plan económico financiero y de la tasa interna de retorno de las empresas concesionarias.

Según el convenio, tanto Ausol como el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) podían aplicar dos subas por año de acuerdo a la inflación calculada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que se actualiza con el índice de precios al consumidor.

Revisión

Estas concesiones están siendo revisadas por el Ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriel Katopodis, quien luego de asumir su cargo ya había dejado vislumbrar que pondría la lupa sobre todos los contratos firmados por el gobierno de Mauricio Macri. La auditoría llega en el mismo momento en que ambos grupos empresarios anunciaron la distribución de millonarios dividendos entre sus accionistas. Lo hicieron mediante una comunicación a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la cual se detalla que Ausol repartirá $300 millones mientras que GCO lo hará con otros $350 millones.

Ahora, una de las abogadas que llevó adelante este negoción para los privados, acaba de ingresar a la Procuración de la Ciudad.

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