La Justicia investiga la contratación irregular de la publicidad oficial de Cambiemos

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de cuatro empresas.

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

Marcos Peña – Gabriela Michetti

El juez federal Marcelo Martinez De Giorgi ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de cuatro sociedades y empresas cercanas a Cambiemos y sospechadas en la causa en la que se investiga a la exvicepresidenta Gabriela Michetti, y al ex Jefe de Gabinete Marcos Peña por la contratación irregular de empresas publicitarias sin concurso. La medida fue realizada a pedido del fiscal Jorge Di Lello tras analizar documentación que se anexó al expediente y que hace presumir que alguna de las empresas tendría el certificado fiscal vencido al momento de llevar a cabo las contrataciones.

Según informó la periodista Vanesa Petrillo, el fiscal investiga contrataciones supuestamente irregulares y pagos relacionados con las sociedades Aura Advertising SA, Power República SA, La Comunidad SA y de Circus BA SA. Sobre esas cuatro firmas se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Fuentes judiciales explicaron que al revisar la documentación que se fue acumulando en la causa, todo hace presumir que algunas de las empresas apuntadas tendrían el certificado fiscal vencido, con lo cual, ahora que se ha levantado el secreto fiscal, se ordenarían distintas medidas. Una de ellas será solicitar a la AFIP la información sobre las empresas y lo relacionado con las facturaciones para continuar con el análisis.

Luego, la fiscalía deberá decidir si llama a indagatoria a Michetti, a Peña y eventualmente a otros posibles involucrados. También se investiga al exsecretario de Comunicación Pública Jorge Grecco, junto a otras cinco personas que trabajaron en esa secretaría. Además están bajo la lupa las autoridades e integrantes de las empresas que habrían sido beneficiadas por estos contratos.

Se sospecha que durante el gobierno de Macri, y a través de un decreto firmado por Michetti, se le quitó a la agencia de noticias Télam del manejo de la publicidad oficial y se traspasó esa gestión a la Jefatura de Gabinete desde donde se habría contratado, sin licitación, a empresas vinculadas a funcionarios de Cambiemos para que produjeran material publicitario. La justicia investiga justamente si esas contrataciones, por casi 300 millones de pesos fueron realizadas fuera de los marcos legales previstos.

El fiscal Di Lello también pidió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que le informe si las empresas apuntadas se encuentran inscriptas y en ese caso que remita toda la documentación. A la jefatura de gabinete, el juez ya pidió el listado de la totalidad de las oficinas que pertenecen a dicha jefatura y que funcionan en la sede del organismo, desde 2015 en adelante. Además le requirió distintos informes para analizar: Informe 16/16 “Procesos de Asignación y Tramitación de Prensa y Difusión de Actos de Gobierno” y el Informe 18/17 “Relevar el funcionamiento del Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (Renappo), cumplimiento res SPC N 247-E/16” Son varias las irregularidades detectadas. Así, la justicia también pidió a la Secretaría de Comunicación de la Nación toda la información sobre “la selección de agencias creativas para el desarrollo de campañas de interés público realizado durante agosto de 2016 junto con la fiscalización de la Asociación Argentina de Publicidad, cuyos resultados deberían haberse conocido durante septiembre de 2016”.

Las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de Cambiemos 2015 que llevaron a Mauricio Macri a la presidencia y en las campañas en otros distritos en los que había ganado esa agrupación, como la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de Vicente López. En la causa se realizaron diversos allanamientos y la justicia recibió en estos días la comunicación de que ya están digitalizados los documentos secuestrados, según confirmaron fuentes judiciales. El fiscal ya había solicitado a la Inspección General de Justicia la remisión en forma digital de los legajos societarios de esas empresas.

La causa se inició con denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, para que se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, las cuales fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA. La denuncia es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales.

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