Muere por COVID-19 diputado brasileño que propuso una ley contra la vacunación obligatoria

El diputado Silvio Antonio Fávero murió en el hospital en que estaba ingresado desde la semana pasada por complicaciones relacionadas con el coronavirus.

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

Un diputado regional que en febrero pasado propuso un proyecto de ley ante el Legislativo del estado de Mato Grosso do Sul (Brasil) para impedir la vacunación obligatoria de la población contra la COVID-19 murió este sábado víctima de la enfermedad. El legislador Silvio Antonio Fávero, que compartía con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sus dudas sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, murió en el hospital en que estaba ingresado desde el jueves de la semana pasada por complicaciones relacionadas con el coronavirus, informaron sus familiares. Silvio Antonio Fávero, de 54 años, era diputado de la Asamblea Legislativa de Mato Grosso do Sul por el Partido Social Liberal (PSL), la misma formación por la que Bolsonaro fue elegido presidente en 2018 y de la que se desvinculó el año pasado por divergencias con sus dirigentes.

Fávero

El legislador regional compartía en sus redes sociales las publicaciones en las que el líder de la ultraderecha brasileña deja claro su negacionismo frente a la gravedad de la pandemia, su desconfianza en torno a las vacunas y su rechazo a las medidas de distanciamiento social. Silvio Antonio Fávero presentó en febrero pasado un proyecto de ley ante el legislativo de Mato Grosso do Sul para “garantizar el derecho del ciudadano a decidir si quiere o no ser vacunado“.

Al respecto, Fávero aseguraba que la “falta de comprobación de eficacia” de las vacunas disponibles en el mercado genera inseguridad en cuanto a una posible obligación de inmunización. La campaña de vacunación en Brasil tendría, en la evaluación del diputado, el carácter de “prueba masiva” en la población.

Esa posición es compartida por Bolsonaro, quien ya advirtió que la vacunación no es obligatoria en Brasil pese a que la Corte Suprema autorizó a los Gobiernos regionales y municipales imponer sanciones a quienes se nieguen a inmunizarse, como dificultarles el acceso a servicios públicos. Según el texto de ley del proyecto de ley que presentó, “actualmente no hay total seguridad sobre la seguridad de las vacunas, ya que eventuales efectos colaterales pueden ofrecer un riesgo irreparable a mediano y largo plazo que por ahora son desconocidos“.

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