Qué dice el Decreto con el que Larreta instruyó a la Procuración a promover una acción judicial contra el Estado Nacional

Se publicó hoy en el Boletín Oficial

Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio a conocer hoy a través del Boletín Oficial porteño, al DECRETO N.° 130/21, mediante el cual instruye “a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241-PEN/21, del 15 de abril de 2021 y a solicitar una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada”.

Si hacer caso al alza en los contagios y como si estuviera en campaña, Rodríguez Larreta sigue empecinado en mantener las aulas abiertas, aún a costa de la salud de docentes, alumnos y familiares.

Larreta basa su decisión, según los considerandos, en contemplar a la educación como un derecho humano básico y fundamental, como si ese fuese el eje de la discusión, cuando en realidad lo es la pandemia. Absolutamente nadie, desde el gobierno nacional, a puesto en cuestión la importancia de la educación para el desarrollo humano.

A continuación, transcribimos el decreto completo

DECRETO N.° 130/21

Buenos Aires, 16 de abril de 2021

VISTO: La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 235- PEN/21 y 241-PEN/21 y el Expediente Electrónico N° 11616787-GCABA-SSCLTA/21 y

CONSIDERANDO:

Que la educación es un derecho humano básico y fundamental y, por ende, universal, inalienable, e inherente a toda persona humana, el cual contribuye inexorablemente al desarrollo de su igual e inviolable dignidad; Que, este derecho ha sido reconocido en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad, así como en los distintos tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional conforme establece el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; Que respecto de los instrumentos del derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció que toda persona tiene derecho a la educación y que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos (…)”; Que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho a la educación y la obligación de los estados de proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza; Que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño dispone, en el artículo 28, la necesidad de adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y disminuir la deserción escolar y a través del artículo 29, proporciona directrices hacia las cuales estará encaminada la educación del niño, incluyendo el “desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus posibilidades (…)”; Que, por su parte, el Comité de Derechos del Niño sostuvo en relación a los propósitos de la educación, la necesidad de que ésta gire en torno al niño/a, le sea favorable y lo/a habilite; que lo/a preparare para la vida cotidiana, y fortalezca su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos (Observación General N° 1/2001 de dicho Comité); Que asimismo la Constitución de la Ciudad en su artículo 20 garantiza el derecho a la salud, cuya satisfacción se vincula directamente con la educación y la cultura; Que, sin perjuicio de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 (coronavirus) para el ciclo lectivo 2021, se articularon acciones con el esfuerzo de toda la comunidad educativa para garantizar la continuidad pedagógica de todos/as los/las estudiantes, de manera presencial; Que no obstante ello, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 241- PEN/2021 ha sustituido el artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235- PEN/21, cuyo párrafo final reza “Establécese, en el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive”; Que el Decreto N° 241-PEN/2021 resulta inconstitucional, entre otras razones, por ser violatorio de la autonomía de la Ciudad y palmariamente contrario al principio de razonabilidad, receptado en el artículo 28 de la Constitución Nacional otorgando un trato desigualitario a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al aglomerado denominado AMBA frente al resto del país; Que, la norma dictada por el Estado Nacional – en lo que respecta a las clases y actividades educativas no escolares presenciales – se presenta como un mero argumento dogmático sin evidencias empíricas y sin mencionar el sustento fáctico que justifica el aludido cercenamiento del derecho a la educación presencial y un recorte arbitrario a un segmento poblacional como son los niños, niñas y adolescentes que concurren a los establecimientos educativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, asimismo, resulta violatoria de la Constitución Nacional, específicamente en su artículo 5°, en cuanto garantiza el respeto de las autonomías provinciales en tanto estas aseguren la educación primaria y el artículo 129 en cuanto garantiza y establece la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires; Que el cese del dictado de las clases presenciales y de las actividades educativas no escolares presenciales, produce la extinción del derecho a éstas, cercenando el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes; Que, en efecto, distintos organismos internacionales como UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial recomiendan que frente al aumento sostenido de casos positivos de COVID-19, las escuelas deben ser lo último en cerrarse debido al impacto que produce dicha decisión en la continuidad pedagógica de los estudiantes; Que si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es ajena a la emergencia sanitaria que está atravesando el país y el mundo, como consecuencia de la pandemia conocida como COVID-19, los estudios técnicos revelan que no son las escuelas un factor que incida en la propagación del virus, lo que fue reconocido por las máximas autoridades en materia educativa y de salud del Gobierno Nacional; Que teniendo en cuenta las evidencias científicas, los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y el compromiso conjunto de toda la Ciudad, la escuela puede seguir siendo el lugar de encuentro, cuidado y seguro, para que se desarrollen los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el compromiso de no dejar a nadie atrás; Que, asimismo, el cierre de escuelas va más allá de la pérdida de aprendizajes básicos, pues hay cada vez más evidencia de los efectos que ha tenido sobre la ansiedad, la depresión y un daño considerable para la salud mental y el bienestar de los niños; Que, atento la responsabilidad indelegable que tiene la Ciudad de garantizar la obligatoriedad de la educación, y el derecho a la salud integral de los niños, niñas y adolescentes, resulta necesario promover sin dilaciones la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional; Que el artículo 6º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional; Que atento a lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo por el cual se instruya a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover acción judicial contra el Estado Nacional a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241-PEN/21, del 15 de abril de 2021 y se solicite una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada. Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1°.- Instrúyese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 241-PEN/21, del 15 de abril de 2021 y a solicitar una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada.

Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA – Miguel

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