65% de los niños viven en la pobreza

El 33,9% de los hogares y el 43,8% de la población del país también son pobres, niveles que superan los registros de 2019. Los datos del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA confirman un empobrecimiento creciente con desigualdad estructural que Macondo 2021 en esta nota te muestra al detalle.

por Walter Darío Valdéz Lettieri

Photo by namo deet on Pexels.com

Según los resultados a los que arribó el último informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) a Octubre de este año, casi 65% de los niños que habitan nuestro país son pobres, nivel que se ubica 25,2 puntos porcentuales por encima de los datos de 2011 y 6,6% más con respecto al mismo mes 2019. Asimismo el 43,8% de la población del país y 33,9% de los hogares también viven hoy bajo la línea de la pobreza, un 29,6% experimentó pobreza crónica y solo un 36,6% nunca la padeció.

Los datos, a los que Macondo 2021 pudo acceder, duelen, alarman, indignan, avergüenzan y desnudan la profunda desigualdad que se consolida diaria y estructuralmente en nuestro país, mientras la sociedad se distrae apelando a los discursos de odio y la dirigencia argentina, salvo pocas excepciones, actúa más como comentarista de la realidad, que como factor de poder real con capacidad, autoridad y voluntad política para transformarla.

El pormenorizado estudio de UCA describe que «La pobreza monetaria concentra sus efectos en la población localizada en hogares conducidos por trabajadores marginales (72,9%) e integrados (53,7%) y en el Conurbano Bonaerense (51,5%). Un proceso similar ocurre con la indigencia, que afecta más a los segmentos marginal (23,3%) e integrado (7,6%) de trabajadores y es transversal a todas las regiones urbanas, aunque con mayor fuerza en el conurbano bonaerense (11,2%). En términos etarios, los niños y adolescentes de 0-17 años son los más afectados por la indigencia y/o la pobreza. La EDSA estima que durante 2021, el 64,9% de los niños/as y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 14,7% en hogares con ingresos por debajo de la frontera de la indigencia».

Para abandonar esta trampa que condena a nuestro país a transitar un empobrecimiento creciente con desigualdad estructural, el Observatorio propone avanzar en conseguir una estabilidad macro económica con programas económicos integrales de mediano y largo plazo, poner foco en un crecimiento sostenible reduciendo marginalidades, desigualdades sociales y estructurales, priorizar la inversión en desarrollo humano, conocimiento científico-técnico y capital social, encarar acuerdos políticos estratégicos y construir consensos a través del diálogo social y concretar reformas estructurales, tributarias, laborales y político-institucionales en clave distributiva y federal.

El análisis de la UCA muestra que “Las brechas socio-productivas y de oportunidades de movilidad social no han disminuido” e “incluso parecen agravarse. Convivimos en una sociedad de ganadores y perdedores sin reglas claras de juego. La persistencia de altas tasas de inflación, con efectos de empobrecimiento y falta de planificación” neutraliza “los efectos positivos de la recuperación en materia de demanda de empleo, y aumenta las desigualdades”.

El estudio señala que “Si bien durante la década se registraron mejoras en materia de infraestructura social, la desigualdad estructural ha aumentado, expresándose en mayores brechas socio regionales en materia de inseguridad alimentaria, calidad del hábitat y déficit en el acceso a agua, servicios de saneamiento y a una vivienda digna. La segmentación social también opera sobre servicios públicos universales: educación, salud, protección social y seguridad ciudadana” identificando que “No es la falta de políticas públicas lo que explica este empobrecimiento, sino la débil economía de los más pobres que anula su propia inversión”.

La pandemia grafica el informe “produjo un nuevo aumento de la pobreza por ingresos, de la multidimensional y de la estructural (pobres por ingresos y con 3 o más carencias sociales básicas). Los programas sociales de transferencia y las asistencias alimentarias directas compensaron una parte importante de este deterioro entre los más pobres, pero no resultaron suficientes” como “tampoco cubrieron las necesidades de los nuevos pobres de clase media”.

Hoy “en un contexto de mayor flexibilidad sanitaria y reactivación o recuperación económica, está teniendo lugar un aumento de la demanda de empleo –tanto en sectores asalariados como no asalariados” ya sea estos formales o informales, “recuperando en algunos sectores los niveles previos a la crisis, pero registrándose en todos los casos  “una caída del ingreso real (solo parcialmente compensada con más horas de trabajo)” advierte el Observatorio.

“La mayor inversión pública también parece impactar en materia de empleo y acceso a bienes de infraestructura social, lo cual, junto con una mayor demanda de trabajo en sectores pobres formales, en el sector informal -precario de subsistencia y una ampliación de las asistencias sociales (aunque mejor a 2021), ha logrado estabilizar los niveles de pobreza e, incluso, una baja en la tasa de indigencia” puntualiza la investigación.

El Observatorio enfatiza que “Los indicadores de bienestar social muestran un aumento de la pobreza por ingresos y de las desigualdades sociales, en un contexto en donde no han dejado de registrarse avances segmentados en materia de infraestructura social. Hay problemas socioeconómicos acumulativos que requieren de cambios estructurales”.

“A las deficiencias estructurales se les suma un Estado ineficiente, con funciones y estructuras paralizadas, superpuestas y descoordinadas” postula el trabajo y aunque recomienda llevar a cabo profunda reforma institucional del Estado, advierte que “En las actuales circunstancias todo indica que no es posible. Pero la falta de un Estado eficiente y de un modelo político federal que lo haga gobernable, bajo normas democráticas, pero también con voluntad política de diálogo para iniciar una gran transformación, continúan siendo objetivos estratégicos para definir una salida”.

“En realidad, no hay mucho de qué festejar” considera. “Luego de una década de recesión, con tres años previos de estanflación, pandemia incluida, surge un periodo incierto de recuperación económica y alivio social, cuya sustentabilidad depende de múltiples imponderables. De nada sirve echarle la culpa a la pandemia, ni al gobierno actual, ni al anterior, ni al anterior del anterior” señala UCA.

“Cada etapa -agrega- parece haber contribuido de manera imprudente a este deterioro. En este contexto, de poco vale preguntarse quién es el culpable, si no qué no se hizo o se hizo mal para llegar a esto. Aprendida la lección, la segunda pregunta relevante a responder de manera inmediata es cómo acordar el qué hacer –el cual requiere de un necesario plan de estabilización y de reformas estructurales- para superar esta parálisis histórica, y, por último, sortear las dificultades sociopolíticas de su ejecución”.

La casa de estudios propone “El campo científico técnico debe ser convocado a reformular los problemas y diseñar las respuestas. Pero para ello, se requiere un sistema político capaz de dotar de escucha, racionalidad y consenso a las acciones públicas”.

“El país enfrenta desde hace tiempo un problema económico estructural, que se expresa en el deterioro del sistema productivo, la fragilidad de sus gobiernos y la regresividad social de sus políticas públicas. Se trata de un problema de ecuación económica que toma forma de manera muy particular a nuestra historia, y que en parte explica las grietas discursivas. Sin embargo, no es irresoluble, ni teórica, ni técnicamente hablando, pero la solución es de carácter político-institucional. Esto significa: más y mejor ejercicio de la democracia económica, social y política, y construcción de coaliciones y liderazgos políticos a la altura de estas circunstancias” concluye.

Gentileza: Macondo 2021

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