La jueza Capuchetti quedó a cargo del caso D’Alessio

Así lo resolvió la Cámara Federal porteña. El camarista Pablo Bertuzzi decidió «no hacer lugar a la excusación» de Capuchetti, que se había inhibido por  «haber resultado presunta damnificada de las actividades de espionaje».


El falso abogado Marcelo D’Alessio está detenido por espionaje ilegal y extorsión.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti quedó a cargo de la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal y extorsión por las que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio, según resolvió la Cámara Federal porteña.

El camarista Pablo Bertuzzi decidió «no hacer lugar a la excusación» de Capuchetti, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

«Las razones que se esgrimen para sustentar la excusación en modo alguno permiten vislumbrar la posibilidad de que su imparcialidad se vea afectada, a raíz de la particular situación que se ha planteado en el caso bajo estudio», concluyó Bertuzzi.

El camarista resolvió un planteo elevado al Tribunal por el juez federal Ariel Lijo, quien había resultado sorteado tras la excusación de Capuchetti pero rechazó la inhibitoria de la magistrada en el caso.

Capuchetti se inhibió de entender en la causa derivada desde la justicia federal de Dolores por orden de la Cámara Federal de Casación por «haber resultado presunta damnificada de las actividades de espionaje» que se investigan en otro expediente judicial vinculados a accesos ilegales a bases de datos oficiales en busca de información sobre su persona.

La jueza «consideró que tanto en aquél expediente como en el presente las investigaciones tratan en principio sobre maniobras ilícitas similares, acontecidas en el mismo período temporal y en el marco de las cuales se encontraría comprometida la misma agencia federal», en relación a la AFI.

Lijo, por su parte, rechazó la inhibición de la jueza porque sostuvo que se trata de dos pesquisas diferentes, que no fueron unificadas y con distintos imputados y víctimas.

A la hora de resolver Bertuzzi dio la razón a este último y concluyó que no hay «circunstancias objetivas para justificar el apartamiento de la magistrada, toda vez que más allá de coincidir en ambos legajos el espacio temporal y el organismo investigado, su carácter de ofendida o damnificada habría operado en el marco de otra causa».

Esta investigación se inició en 2019 en la ciudad de Dolores a partir de una denuncia del empresario Pedro Etchebest y la semana pasada, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, pasó a los tribunales federales de Comodro Py, en el barrio porteño de Retiro (Télam).

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