El abogado Salah Hamouri, defensor de los derechos humanos, es expulsado de Israel

Fue enviado a Francia por orden de la ministra del Interior, Ayelet Shaked, luego que fuera despojado de su residencia.

Israel expulsó este domingo al abogado franco palestino Salah Hamouri, quien estaba detenido desde marzo sin que se presentaran cargos en su contra, anunció el ministerio del Interior israelí. Hamouri

«Fue deportado esta mañana a Francia tras la decisión de la ministra del Interior de Israel, Ayelet Shaked, de retirarle la condición de residente«, informó el ministerio israelí del Interior en un comunicado.

Tanto los activistas de la campaña, como su abogada y su familia, recibieron una notificación oficial del Ministerio de Interior en la que se confirma su deportación. Hamouri, de 37 años, partió este domingo en un vuelo de la aerolínea israelí Elal a París, donde está previsto que aterrice sobre las 9 GMT, y su deportación llega dos semanas después de que Israel revocara su residencia en Jerusalén alegando «incumplimiento de lealtad«, informan desde la agencia DW.

La situación de este abogado de padre palestino y madre francesa generó la intervención tanto de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional así como del propio Gobierno de Francia. La semana pasada, una corte israelí estableció que el Hamouri seguiría encarcelado «hasta nuevo aviso» al ser «un recluso de alta seguridad«, pese a que hace poco dejó de estar formalmente en arresto administrativo, régimen con el que Israel suele mantener en prisión a palestinos de forma indefinida, sin cargos formales ni juicio.

El abogado estuvo detenido en estas condiciones desde marzo. Israel dice que el letrado -nacido y criado en Jerusalén- es un «agente» del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), grupo que considera terrorista, mientras que la defensa y Hamouri lo niegan y aseguran que no hay pruebas que demuestren tal acusación.

Por su parte, el Estado francés ha rechazado la revocación de su residencia y defiende que «Hamouri debe poder llevar una vida normal en Jerusalén» y Amnistía Internacional ha afirmación que despojarle de la residencia del lugar donde nació viola las Convenciones de Ginebra e incluso puede constituir un crimen de guerra al ocurrir en un territorio bajo ocupación.

Jerusalén este ocupado y anexionado unilateralmente por Israel. Su caso pone de relieve la situación de la mayoría de palestinos de Jerusalén Este, donde pese a ser nativos de la urbe, no tienen ciudadanía, sino estatus de residencia. Aún así, Israel les puede despojar de residencia bajo distintas alegaciones, ya sea por consideraciones de seguridad o si encuentra que un palestino ha vivido fuera de la urbe de manera prolongada.

En total, de los cerca de 350.000 palestinos de Jerusalén Este, solo unos 20.000 tienen ciudadanía israelí. Pocos solicitan convertirse en ciudadanos. En la mayoría de casos implica un proceso burocrático complejo y unos dos tercios de las peticiones son rechazadas.

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