La Inspección General de Justicia le puso un freno a la reconocida empresa de e-commerce.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
Uno de los grandes argumentos que esgrimen los partidos de la oposición en contra de lo que denominan como «opresión estatal», es correr a un lado los controles del Estado para que el empresariado pueda desenvolverse, crecer y luego «derramar» en beneficio de todos. Pero, en la práctica, son cada vez más numerosos los casos que salen a la luz de actividades de evasión por parte de empresarios que desarrollan sus actividades en el país, la «ganan acá», pero se la quieren llevar afuera y, en lo posible, sin declarar.
Dentro de este grupo encontramos a Treggo, una reconocida empresa conformada por tres socios, Matías Lonardi, Nicolás Torchio y Joaquín Wagner, quienes en 2016 crearon una aplicación para el envío de productos por e-commerce y luego se expandieron brindando sus servicios en países como México y Chile y su facturación se volvió millonaria.
Para crear la empresa los socios aportaron capital propio y obtuvieron un crédito no reembolsable, durante los inicios del gobierno macrista, de 350.000 pesos por parte del ministerio de Producción.
Los tres socios, argentinos y residentes en la Argentina, y que además recibieron el apoyo del gobierno argentino para su emprendimiento, hicieron la de muchos empresarios nacionales: crearon una offshore. En este caso fue TREGGO CO LLC., inscripta en 2020 en Delawere, Estados Unidos y constituida en julio de 2019.
Con esta offshore, según consta en el Boletín Oficial del 7 de septiembre de 2021, integraron capital en una sociedad nacional creada en la Argentina 2016, URBAN TECHNOLOGIES S.A., la cual pertenecía a Joaquin Wagner y a su socio Guido Federico Ben Holzstein, quedándose la offshore con la mayoría accionaria.
Ante esta maniobra, la Inspección General de Justicia (IGJ) analizó el caso y detectó el claro fraude por parte de los accionistas: «la sociedad dejó constancia -declaración jurada mediante que los Sres. M.L. , J.E.W. y N.A.T. (argentinos) revisten la calidad de beneficiarios finales y socios de la sociedad extranjera, resultando clara la intención de la creación de la sociedad extranjera en fraude a la ley pues se trata de una persona jurídica constituida por argentinos, con domicilio real en nuestro país y que tienen su verdadero domicilio en el mismo encuadrando de esta forma en el art. 124 de la Ley 19.550«.
En vista de esto la IGJ dictó hace unas semanas la Resolución Particular Nº52/2023 rechazando la inscripción de «la sociedad “TREGGO CO LLC.” en el Registro Público» así como declarando inoponible la suscripción e integración de acciones en URBAN TECHNOLOGIES.
Para la IGJ es claro que no se trata de una sociedad constituida en el extranjero que arriba al país con la verdadera intención de invertir capital, sino que el caso de TREGGO representa «una metodología incorporada como práctica común por ciudadanos argentinos que pretenden burlar el propio fin de dichas sociedades. Las sociedades off shore por lo general están ligadas al lavado de dinero, a la evasión impositiva y a la fuga de capitales, siendo un instrumento para defraudar a acreedores, para disimular la riqueza y esconderse detrás de sujetos que no responden«.
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