La empresa multinacional de bienes de consumo Procter & Gamble, propietaria de marcas populares como Gillette y Pantene, ha sido acusada por la Dirección General de Aduanas de Argentina de sobrefacturación y manipulación de precios en el comercio internacional.
Según un artículo del periodista Leandro Renou publicado en Pagina12, la empresa declaraba precios de importación en Buenos Aires y Campana que eran entre un 300 y un 500 por ciento más altos que los valores informados en el país de origen entre 2019 y la actualidad. Esta práctica, formalizada por una decisión a medida de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri, causó una pérdida de 68 millones de dólares en divisas para Argentina.
Procter & Gamble tiene un historial de ser sancionada por el gobierno argentino y enfrentar cargos criminales por falsificar valores de importación, lo que viola las normas de comercio mundial. La empresa estaba pagando las multas y continuando con la misma práctica. Se decía que era la única empresa con una práctica irregular tan compleja en el comercio exterior.
Sin embargo, en 2019, el gobierno de Macri parecía querer formalizar lo que anteriormente era ilegal y emitió una resolución a medida. Bajo la AFIP, que entonces estaba bajo la jurisdicción de Leandro Cuccioli, se autorizó a Procter a operar bajo la Resolución Gral. AFIP N° 4419. La Dirección General de Aduanas, dirigida por Guillermo Michel, no solo informó de la operación, sino que también solicitó la derogación de la ley que legitima la práctica irregular con divisas. Lo curioso es que solo una empresa, Procter & Gamble, aparece en el registro de operaciones abiertas después de que se aprobara esa regulación.
La operación autorizada permite a la empresa hacer importaciones mediante una declaración de valor provisional. También establece que, en función de las pautas contractuales informadas previamente a la agencia, el importador puede modificar posteriormente la declaración. En resumen, permite a Procter modificar el valor de la importación tantas veces como quiera entre la fábrica y el destino.
Esta práctica no solo da lugar a la sobrefacturación de las importaciones, sino que también afecta directamente a los resultados contables de la empresa, dada la magnitud de la práctica. También viola el concepto de la inalterabilidad del despacho de importación: si una empresa afirma importar por 200 dólares en su llegada a Argentina, la salida del producto, en el caso de Procter desde Uruguay, debería ser al mismo valor, pero eso no es así, y sale a un valor mucho más bajo. Así, la empresa se lleva divisas de manera irregular del estado argentino en un país donde los dólares escasean.
El estado se da cuenta rápidamente de esta operación a través del sistema INDIRA, que muestra en línea los valores de importación declarados en todo el Mercosur. Estas maniobras le costaron al Estado 68 millones de dólares y se pueden ver en los registros de la empresa.
Hoy, como forma de mitigar el impacto del movimiento iniciado por la AFIP de Macri, la Dirección de Aduanas está cobrando a Procter todo el dinero que exceda el 70 por ciento de la reventa. El problema es que la empresa está muy por encima de ese margen, y sin derogar esa regulación, seguirá haciéndolo. La operación se lleva a cabo mediante ventas sucesivas dentro del mismo grupo económico, y el tercer operador, PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS de Suiza, justifica los márgenes de reventa.
Esto se ve en los períodos del 1/7/2019 al 30/6/2020, del 1/07/2020 al 30/6/2021 y del 1/07/2021 al 30/06/2022, según consta en los registros. Como resultado, las fuentes afirman que la mencionada división practicó sendos ajustes de valor, en la Actuación 18005-4-2021. A su vez, la División Control de Cargos y Pagos reclamó y cobró el importe de los tributos resultantes, más los intereses pertinentes.
(EnOrsai)
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