El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó este lunes un elemento clave: los propietarios de la inmobiliaria que intervino en la operación del departamento de Caballito declararon ante la Justicia y confirmaron que el valor real del inmueble era muy superior al monto que figura en la operación. La revelación complica seriamente la situación judicial del funcionario.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi comparecieron ante el fiscal federal y ratificaron que la propiedad había sido ofertada en torno a los 340.000 dólares, una cifra que contrasta de manera contundente con los 230.000 dólares declarados en la escritura firmada por Adorni.
La diferencia —de más de 100.000 dólares— no es un detalle menor: se ubica en el centro de la investigación judicial, que busca determinar si hubo una maniobra para subdeclarar el valor del inmueble y justificar un incremento patrimonial difícil de explicar.
Una operación bajo sospecha
Según surge del expediente, el departamento fue finalmente escriturado por 230.000 dólares, con un esquema de pago particularmente llamativo: 30.000 dólares en efectivo y el resto en cuotas sin interés.
Este último punto también fue cuestionado por la propia Rucci, quien sostuvo ante la Justicia que se trata de una modalidad “poco frecuente” en el mercado inmobiliario, lo que agrega un nuevo elemento de sospecha sobre la operación.
El inmueble, además, había sido remodelado, lo que —según los propios testigos— elevaba aún más su valor de mercado, reforzando la hipótesis de que el precio declarado no reflejaría el real.
El rol clave de los intermediarios
Otro de los puntos que surgió en las declaraciones es el papel de Pablo Martín Feijoo, señalado como el nexo entre las partes involucradas en la compra. Según los testimonios, habría sido quien articuló la operación entre las vendedoras —dos jubiladas— y el entorno de Adorni.
La Justicia ya lo citó a declarar y le exigirá la entrega de su teléfono y documentación vinculada a la transacción, en un intento por reconstruir el circuito completo de la operación y determinar si existió una estructura diseñada para encubrir el verdadero valor del inmueble.
Un caso que escala en Comodoro Py
La investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, avanza con nuevas citaciones que incluyen a contratistas y otros actores vinculados a propiedades del entorno familiar de Adorni. El foco no está solo en el departamento de Caballito, sino en la evolución patrimonial general del funcionario.
En ese contexto, el testimonio de la inmobiliaria aparece como uno de los golpes más duros para la defensa, ya que proviene de actores directos del mercado que no tienen interés aparente en la disputa política, pero sí conocimiento técnico del valor real de la propiedad.
El problema de fondo: ingresos vs patrimonio
El eje central de la causa sigue siendo el mismo: si los ingresos declarados por Adorni son compatibles con las adquisiciones realizadas en los últimos años. La brecha entre el valor real del inmueble y el declarado en la operación refuerza las sospechas de inconsistencias patrimoniales.
Mientras el oficialismo intenta minimizar el caso, en tribunales la causa sigue sumando elementos que complejizan el panorama del funcionario. Y ahora, con la palabra de quienes conocen el negocio desde adentro, la investigación dio un paso que difícilmente pueda ignorarse.
La declaración de la inmobiliaria no solo aporta datos: instala una duda estructural sobre toda la operación.
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