La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno para reformar el régimen de Zonas Frías y avanzar con un fuerte recorte de subsidios al gas. La iniciativa, respaldada por La Libertad Avanza y bloques aliados, elimina la ampliación aprobada en 2021 y deja al borde de perder el beneficio a millones de hogares de clase media y trabajadora en distintas provincias del país.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La votación significó una nueva victoria parlamentaria para Milei en una sesión atravesada por fuertes cruces, acusaciones y negociaciones de último momento con gobernadores. El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y ahora deberá pasar por el Senado. Detrás del discurso oficial sobre la “eficiencia fiscal”, el texto apunta directamente a desmontar una política que desde 2021 había ampliado descuentos del 30% y 50% en las tarifas de gas para amplias regiones afectadas por bajas temperaturas.
La reforma elimina el esquema que incorporó a casi 130 municipios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis al régimen de subsidios. Esa ampliación había elevado la cantidad de beneficiarios de menos de un millón a más de cuatro millones de usuarios. Con la nueva redacción, el beneficio quedaría prácticamente restringido a sectores considerados “vulnerables” y a regiones históricamente incluidas en el sistema original, como la Patagonia y zonas puntuales de Mendoza y la Puna.
Un nuevo golpe sobre las tarifas
El Gobierno justificó el avance afirmando que el sistema actual “subsidia a todos sin distinguir ingresos” y que representa un gasto excesivo para el Estado. Desde la Secretaría de Energía sostuvieron que el objetivo es “ordenar las cuentas públicas” y reducir el déficit fiscal. Según estimaciones oficiales citadas durante el debate, el recorte permitiría ahorrar cerca de 300 mil millones de pesos.
Sin embargo, detrás de ese cálculo aparece el impacto concreto sobre las boletas de gas. En ciudades como Mar del Plata ya se habla de aumentos potenciales de entre 30% y 50% para cientos de miles de usuarios si el Senado termina convirtiendo el proyecto en ley. Lo mismo podría ocurrir en distintas localidades del interior bonaerense y otras provincias incorporadas al régimen durante el gobierno del Frente de Todos.
El oficialismo buscó instalar que “nadie que necesite la ayuda la perderá”, argumentando que los hogares de menores ingresos podrán anotarse en subsidios focalizados. Pero la experiencia reciente con los registros energéticos muestra un escenario lleno de trabas burocráticas, exclusiones y demoras que suelen dejar afuera a miles de usuarios. Además, el cambio modifica la lógica universal del régimen y convierte el acceso al beneficio en un esquema condicionado y limitado.
Gobernadores, negociaciones y tensión política
La aprobación no fue sencilla. Durante los días previos hubo intensas negociaciones con gobernadores y bloques provinciales para garantizar el quórum y los votos necesarios. El Gobierno ofreció compensaciones energéticas y acuerdos paralelos para provincias del norte, mientras la oposición denunciaba que se estaba utilizando el ajuste sobre las tarifas como moneda de cambio política.
La sesión estuvo atravesada además por fuertes cruces en el recinto. Diputados peronistas cuestionaron la eliminación de subsidios en medio del invierno y denunciaron que el oficialismo avanza sobre sectores medios y trabajadores mientras sostiene beneficios para grupos económicos concentrados. En uno de los momentos más tensos, hubo gritos y acusaciones entre legisladores libertarios y opositores durante el debate parlamentario.
La discusión también dejó al descubierto otra cuestión de fondo: el cambio de paradigma energético impulsado por Milei. El Gobierno busca avanzar hacia un sistema con menos subsidios generalizados y mayor peso de las tarifas plenas sobre los usuarios residenciales. En términos políticos, la reforma de Zonas Frías funciona como otro capítulo del programa de ajuste estructural que ya impactó sobre transporte, electricidad, obra pública y consumo interno.
Mientras el oficialismo celebra una nueva victoria legislativa, millones de familias esperan ahora la definición del Senado con una pregunta concreta y urgente: cuánto más habrá que pagar para calefaccionarse este invierno.
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