¿Quién es el titiritero detrás de las denuncias a los funcionarios de Milei que los pone a merced de los caprichos de Comodoro Py?
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
En los últimos dos años, una figura desconocida comenzó a aparecer de manera recurrente en los tribunales federales de Comodoro Py: Alejandro Sebastián Díaz Pascual, presentado como integrante de la Asociación Civil en formación Arco Social, una organización que se autodefine como dedicada al combate contra la corrupción. Desde esa estructura, que hasta el momento no cuenta con una amplia exposición pública ni una trayectoria institucional conocida, Díaz Pascual impulsó una serie de denuncias penales contra funcionarios centrales del gobierno de Milei, dirigentes vinculados al oficialismo y empresarios relacionados con áreas estratégicas del Estado. El recorrido judicial muestra un patrón común: presentaciones que apuntan contra presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, contrataciones estatales, conflictos de intereses y evolución patrimonial de funcionarios.
La primera gran aparición pública de Arco Social ocurrió en junio de 2024, cuando Díaz Pascual denunció a la entonces ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, al ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo De la Torre y a funcionarios vinculados a los convenios firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La presentación judicial puso bajo sospecha un esquema de contrataciones mediante organismos internacionales que, según la denuncia, habría permitido canalizar pagos millonarios por fuera de los controles habituales de la administración pública. El escrito señaló presuntas maniobras vinculadas con contrataciones irregulares, designaciones de personas que no cumplirían funciones efectivas y una posible utilización de fondos estatales para fines distintos a los establecidos. La causa se sumó al creciente cuestionamiento sobre el funcionamiento del Ministerio de Capital Humano durante los primeros meses de la gestión libertaria.
Pocos meses después, Díaz Pascual volvió a presentarse ante la Justicia con una denuncia que terminaría adquiriendo una enorme relevancia política: la vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la relación con la Droguería Suizo Argentina. En esa presentación, Arco Social apuntó contra el entonces titular de ANDIS Diego Spagnuolo, además de funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo, incluyendo referencias a integrantes del entorno de la familia Menem. La denuncia alertaba sobre presuntas irregularidades en contrataciones de medicamentos y prestaciones destinadas a personas con discapacidad, y planteaba la posibilidad de delitos como defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles y abuso de autoridad. Con el paso del tiempo, esa presentación quedó vinculada al escándalo político que golpeó a uno de los organismos más sensibles del Estado.
El expediente contra ANDIS no fue un hecho aislado. Durante fines de 2024 y comienzos de 2025, Arco Social amplió su ofensiva judicial hacia otros sectores estratégicos del gobierno. En diciembre de 2024, Díaz Pascual denunció al asesor presidencial Santiago Caputo y al presidente de YPF, Horacio Marín, por presuntas maniobras relacionadas con la administración de activos de la petrolera estatal. La presentación sostuvo que determinadas decisiones podían haber provocado una pérdida patrimonial para la compañía y planteó la hipótesis de una estrategia destinada a reducir el valor de activos estratégicos en beneficio de eventuales compradores privados. La causa abrió un nuevo capítulo en las discusiones sobre el rol del Estado en empresas estratégicas y sobre el proceso de transformación impulsado por el gobierno libertario.
En enero de 2025 llegó otra presentación de alto impacto: esta vez contra el ministro de Economía Luis Caputo, funcionarios de ANSES y actores del mercado financiero. Díaz Pascual denunció posibles irregularidades vinculadas con operaciones bursátiles, uso de información privilegiada y movimientos financieros que, según el escrito, podían haber perjudicado los intereses del Estado. La denuncia apuntó especialmente al vínculo entre funcionarios económicos y sectores privados del mercado de capitales, uno de los puntos más sensibles del modelo económico del gobierno de Milei, caracterizado por una fuerte presencia de economistas provenientes del sector financiero. La presentación volvió a instalar la discusión sobre los límites entre gestión pública, intereses privados y decisiones económicas de alto impacto.
Las última denuncias de relevancia pública identificadas fueron, la primera, presentada en 2025 contra el presidente del Banco Central Santiago Bausili, a quien Díaz Pascual acusó por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica a partir de la evolución de sus declaraciones juradas patrimoniales. La presentación cuestionó el incremento declarado en sus bienes y pidió investigar si existía una justificación compatible con sus ingresos y responsabilidades públicas. A esa lista se sumó en segunda instancia, en 2026, una denuncia contra el canciller Pablo Quirno, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y una entidad vinculada familiarmente al funcionario, por un contrato estatal relacionado con cursos de inglés. Así, en apenas dos años, Arco Social pasó de ser una asociación prácticamente desconocida a convertirse en una de las estructuras denunciantes más activas contra la administración libertaria, acumulando una serie de causas que atraviesan desde el área social hasta la energía, las finanzas y la administración del Estado.
Antes de transformarse en el rostro visible de Arco Social, Díaz Pascual desarrolló una actividad empresarial vinculada a distintas sociedades comerciales. Uno de los primeros puntos de conexión aparece en Team Cook SRL, una firma gastronómica en la que participó como socio gerente. Pero, los datos recogidos en esta investigación adquieren mayor relevancia política por su participación en sociedades compartidas con hombres que luego quedarían relacionados con el núcleo duro del poder. En particular, en 2007 Díaz Pascual pasó a integrar junto con Martín Gonzalo Garcilazo (tambien socio en Team Cook) y Daniel Alejandro Calomite la sociedad Parriber SRL, un dato que años más tarde permitiría reconstruir una cadena de vínculos que llega hasta Juan Bautista Mahiques.
El nombre de Daniel Alejandro Calomite resulta central en esta trama. Calomite fue designado en 2017 por Juan Bautista Mahiques, cuando este integraba el Consejo de la Magistratura de la Nación, como Subsecretario Administrativo de la vocalía que encabezaba. Un año después, Calomite dejó esa función y pasó a ocupar un rol gerencial en Print Team SRL, una empresa que posteriormente obtuvo distintos contratos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Las investigaciones periodísticas de NLI reconstruyeron cómo una persona que había sido funcionario directo de Mahiques terminó administrando una empresa que recibió contrataciones millonarias de la Ciudad, incluyendo una adjudicación del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) por más de 115 millones de pesos.
El hijo, Diego Calomite, empresario gastronómico, también tiene un puesto en la Justicia desde el macrismo, en 2016 del que cobra actualmente, en el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo.
Pero la conexión no terminaba en Calomite. La otra pieza clave era Martín Gonzalo Garcilazo, dirigente radical porteño fallecido en 2024, que compartió sociedades con Díaz Pascual y que durante años estuvo vinculado al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Garcilazo fue designado en el IVC durante la gestión de Mauricio Macri y luego ratificado por Horacio Rodríguez Larreta al asumir la Jefatura de Gobierno. Más tarde, en 2019, llegó a la presidencia de la Comuna 15 de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado dentro del espacio político vinculado a Daniel Angelici, uno de los operadores judiciales y políticos más influyentes del macrismo. La red se amplía cuando aparece Pablo Esteban Garcilazo, hermano de Martín, señalado como uno de los hombres de mayor confianza de Juan Bautista Mahiques dentro del Ministerio Público Fiscal porteño, ocupando el cargo de Fiscal General Adjunto de Gestión.
La historia de Pablo Garcilazo también conecta con una etapa anterior del poder político porteño: la estructura del PAMI durante el menemismo y la Alianza. Durante los años noventa, Garcilazo formó parte de la conducción del organismo como Subsecretario General bajo la gestión de Víctor Alderete y fue mencionado en investigaciones judiciales de aquella época. Décadas después, reapareció dentro del armado judicial de Horacio Rodríguez Larreta como la mano derecha de Juan Bautista Mahiques. Esa continuidad entre antiguos funcionarios del PAMI, dirigentes del PRO porteño, operadores judiciales y empresarios vinculados al Estado forma parte del entramado que permite entender cómo distintas figuras provenientes de espacios diferentes terminaron confluyendo alrededor del mismo núcleo de poder.
En el centro de ese entramado aparece finalmente Juan Bautista Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación y una de las figuras más relevantes del sistema judicial construido alrededor del macrismo. Hijo del juez de Casación Carlos Mahiques, Juan Bautista fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y posteriormente designado por Horacio Rodríguez Larreta como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su gestión quedó rodeado de colaboradores y ex funcionarios con vínculos empresariales previos, entre ellos Calomite y Pablo Garcilazo.
“Arco Social, la asociación civil que presentó denuncias contra medio gabinete de Milei, no tiene hasta ahora huellas públicas como organización constituida: no figura una inscripción rastrable en IGJ, no posee autoridades conocidas ni actividad institucional comprobable. Su existencia aparece únicamente a través de los escritos judiciales firmados por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, quien se presenta como miembro de una entidad ‘en formación’ dedicada a combatir la corrupción.”
Así, la historia de Alejandro Sebastián Díaz Pascual presenta una paradoja política: el hombre que en los tribunales federales apareció como denunciante de presuntos hechos de corrupción dentro del gobierno de Milei no surge de un vacío institucional, sino de una trayectoria donde aparecen empresas, socios comerciales y funcionarios relacionados con una de las estructuras de poder más influyentes de la Ciudad de Buenos Aires durante las últimas décadas. Desde Team Cook y Parriber hasta Calomite, Garcilazo, Angelici y finalmente Mahiques, el recorrido permite reconstruir una red de relaciones que atraviesa negocios privados, organismos estatales y espacios judiciales, y que vuelve indispensable preguntarse quién es realmente el hombre detrás de las denuncias que sacudieron al oficialismo libertario.
¿Quién es el titiritero?
La reconstrucción de esa red permite comprender por qué la irrupción de Alejandro Sebastián Díaz Pascual como denunciante serial de funcionarios libertarios despertó interrogantes dentro del propio mundo judicial. Su trayectoria previa no lo muestra como un actor ajeno al poder ni como un ciudadano que aparece de manera espontánea en Comodoro Py, sino como alguien que durante años compartió sociedades comerciales con Martín Gonzalo Garcilazo, hermano de Pablo Garcilazo, quien desde hace años integra el círculo de mayor confianza de Juan Bautista Mahiques (recordemos, pasajero del «Avión del Lawfare»)y llegó a desempeñarse como Fiscal General Adjunto del Ministerio Público Fiscal porteño. A su vez, otra de las personas con las que Díaz Pascual compartió negocios fue Daniel Alejandro Calomite, quien fue designado por el propio Mahiques como funcionario de su vocalía en el Consejo de la Magistratura antes de pasar a administrar una empresa que terminó obteniendo millonarias contrataciones del Gobierno de la Ciudad. Esa sucesión de vínculos documentados ubica a Díaz Pascual dentro de un entramado de relaciones personales, societarias e institucionales que, desde hace años, gravita alrededor de la estructura construida por Mahiques.
El recorrido también conduce inevitablemente al universo político de Daniel Angelici, considerado durante años uno de los principales operadores judiciales del PRO y un actor de peso en la conformación del poder judicial porteño durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Tanto Martín Garcilazo como otros protagonistas de esta historia desarrollaron parte de su carrera política y administrativa dentro de ese espacio, ocupando cargos en organismos de la Ciudad y consolidando una red que combinó funcionarios, empresarios, dirigentes partidarios y operadores judiciales. En ese contexto, la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad terminó de consolidar un esquema de poder donde las relaciones personales y profesionales entre varios de estos nombres quedaron ampliamente documentadas.
Es precisamente ese antecedente el que vuelve especialmente relevante el papel asumido por Díaz Pascual desde 2024. Las denuncias promovidas por Arco Social no provinieron de una organización con trayectoria pública reconocida, estructura institucional visible o actividad social conocida, sino de una asociación «en formación» cuyo principal referente mantiene antecedentes societarios con personas estrechamente vinculadas al entorno de Mahiques. Esa circunstancia, por sí sola, no demuestra coordinación alguna entre las denuncias y ese espacio de poder. Sin embargo, sí plantea un interrogante político y judicial de enorme magnitud: por qué un actor con esa historia personal y empresarial terminó convirtiéndose en uno de los principales impulsores de causas penales contra funcionarios del gobierno de Milei, mientras los nombres que aparecen en su recorrido remiten una y otra vez al mismo núcleo de poder que durante años orbitó alrededor del macrismo porteño y de la estructura judicial encabezada por Juan Bautista Mahiques.
Dato curioso: desde el nombramiento de Mahiques como Ministero de Justicia no hubo más denuncias desde Arco Social.
Descubre más desde Noticias La Insuperable
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Noticias La Insuperable 