Mientras Alejandro Fantino defendía el derecho de quienes reciben publicidad de YPF y desafiaba a quienes los cuestionan, una pregunta mucho más incómoda sigue sin respuesta: ¿por qué una empresa controlada mayoritariamente por el Estado se niega a informar cómo distribuye una pauta publicitaria que ya alcanza cifras récord? El problema ya no pasa por quién cobra, sino por el derecho de la sociedad a saber qué se hace con recursos que también son de todos los argentinos.
Por Roque Pérez para NLI
La frase de Alejandro Fantino buscó clausurar la discusión. «Si la plata no te gusta, no la agarres», respondió el conductor en medio de la polémica generada tras las críticas de Verónica Llinás y otros actores por sus declaraciones sobre la crisis del sector audiovisual. El intercambio nació luego de que Fantino descalificara a Tomás Fonzi, sugiriéndole que manejara un Uber o cortara el pasto si no conseguía trabajo como actor, comentario que motivó la irónica respuesta de Llinás durante los Premios Pinti: «Quiero agradecer a Tomás Fonzi, que dejó el Uber para estar acá».
Sin embargo, detrás del cruce mediático quedó flotando una discusión mucho más profunda que involucra a una de las empresas más importantes del país. Porque cuando Fantino reivindica el derecho de un medio a recibir publicidad de YPF —algo que, por otra parte, nadie discute en términos generales— aparece una pregunta inevitable: ¿de quién es esa plata? Y, sobre todo, ¿por qué los argentinos no pueden conocer quiénes la reciben y cuánto cobran?
La pauta que no desapareció
Desde el inicio de la gestión de Milei, el Gobierno construyó uno de sus principales relatos políticos alrededor de la supuesta eliminación de la pauta oficial, defendida hasta el baboseo por Fantino. La decisión de dejar de contratar publicidad desde la Administración Central fue presentada como un corte definitivo con una práctica históricamente cuestionada por su utilización política.
Pero ese discurso encuentra un límite cuando se observa lo que ocurre con las empresas bajo control estatal. El caso más evidente es YPF, cuyo paquete accionario mayoritario continúa en manos del Estado argentino.
Lejos de reducirse, la inversión publicitaria de YPF alcanzó niveles récord. Durante 2025 la empresa destinó cerca de 129.000 millones de pesos a publicidad, mientras que solamente en el primer trimestre de 2026 ya había invertido más de 33.000 millones. Son cifras oficiales surgidas de sus balances, que muestran que la pauta comercial continúa siendo una herramienta central de comunicación.
El problema aparece cuando se intenta responder una pregunta elemental: ¿quién recibe ese dinero?
Una empresa que se niega a informar
Diversos pedidos de acceso a la información pública solicitaron a YPF que detallara cómo distribuye su presupuesto publicitario, qué medios resultan beneficiarios, cuáles son las agencias intermediarias y bajo qué criterios se asignan esos recursos.
La respuesta fue negativa.
La controversia escaló hasta tal punto que la Agencia de Acceso a la Información Pública ordenó entregar esos datos. Sin embargo, la petrolera mantuvo su negativa y el conflicto terminó judicializado, llegando incluso a instancias superiores de revisión.
Es decir, los argentinos saben cuánto gasta YPF en publicidad, pero no pueden saber quién cobra esa publicidad.
Y allí es donde la discusión deja de ser un enfrentamiento entre artistas y periodistas para convertirse en un debate institucional sobre la transparencia en el manejo de una empresa cuyo control sigue perteneciendo mayoritariamente al Estado.
La pregunta no es Fantino
En las redes sociales abundan las afirmaciones acerca de qué medios reciben pauta de YPF. Entre ellos suele mencionarse a Neura, el streaming del que participa Alejandro Fantino. Sin embargo, hasta el momento no existe documentación pública que permita afirmar cuánto dinero recibe ese medio ni si existe un contrato específico entre ambas partes.
Y precisamente ése es el problema.
Si la información fuera pública, la discusión podría resolverse con datos objetivos. Pero la falta de transparencia convierte cualquier sospecha en un terreno fértil para la especulación. Por eso, la pregunta no debería ser si Fantino cobra o no cobra publicidad de YPF. La pregunta correcta es otra: ¿por qué YPF no publica la lista completa de los medios que financia con su presupuesto publicitario?
¿Plata privada o recursos públicos?
Es habitual escuchar que YPF funciona como una sociedad anónima que cotiza en Bolsa y, por lo tanto, administra recursos propios. Eso es cierto. También lo es que el Estado argentino conserva el control de la compañía, designa buena parte de sus autoridades y participa de sus decisiones estratégicas.
Por esa razón, numerosos especialistas sostienen que la utilización de esos fondos debe cumplir estándares de transparencia compatibles con el interés público.
La publicidad comercial puede ser una herramienta legítima para cualquier empresa. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que una compañía controlada por el Estado se niegue sistemáticamente a informar cómo distribuye cientos de miles de millones de pesos entre medios de comunicación, plataformas digitales, streamings y agencias publicitarias.
La pregunta sigue abierta
Las declaraciones de Fantino terminaron poniendo el foco donde quizá no pretendían. No sobre los artistas, ni sobre la libertad de un medio para conseguir anunciantes, sino sobre el origen de esos recursos y el derecho ciudadano a conocer su destino.
Porque si la respuesta es que la plata es de YPF, entonces también corresponde preguntar cómo se administra una empresa cuyo accionista mayoritario es el Estado. Y si la respuesta es que esa información no puede conocerse, entonces la discusión deja de ser sobre Fantino o Verónica Llinás. Pasa a ser sobre transparencia. Sobre control ciudadano. Y sobre una pregunta que, mientras YPF continúe negándose a informar el destino de su pauta, seguirá completamente vigente:
Fantino, la de YPF… ¿es tuya o es nuestra?
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En parte sí, puede ser el tema de intereses propios de este sujeto trepador. La pregunta sería que mecanismo legal, de existir, se pueda presentar para investigar cómo se administra una empresa cuyo accionista mayoritario es el Estado, y éste es quien niega a hacer pública esa información. Resulta fácil de entender, verdad?
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