Cuando la ciudad se queda sin sombra: el arbolado urbano ya no es paisaje, es salud pública

Durante décadas, los árboles de las ciudades fueron tratados como parte del paisaje: algo agradable para mirar, una sombra bienvenida en verano y, en algunos casos, un problema cuando sus raíces levantaban una vereda o sus ramas interferían con el tendido eléctrico. Pero el avance del cambio climático, las olas de calor y la expansión de superficies de cemento y asfalto obligaron a revisar esa mirada. Hoy, la cantidad y calidad de árboles y espacios verdes de una ciudad tienen consecuencias sobre la temperatura, la salud, la actividad física, el bienestar psicológico y hasta las desigualdades sociales. La sombra dejó de ser un lujo urbano: puede convertirse en una herramienta de adaptación climática.

Por Redacción de NLI

Hay una experiencia que cualquiera que haya atravesado una ciudad argentina durante una jornada de calor extremo conoce perfectamente: caminar por una avenida sin árboles puede convertirse en una prueba de resistencia, mientras que apenas unas cuadras más allá, bajo una sucesión de copas frondosas, la misma ciudad parece otra. No es solamente una cuestión subjetiva. El cuerpo percibe la diferencia porque el ambiente efectivamente cambia. El cemento y el asfalto acumulan radiación y liberan calor, mientras la vegetación ofrece sombra y participa de procesos naturales que contribuyen a moderar las temperaturas. La diferencia entre una calle arbolada y otra completamente expuesta puede terminar siendo una diferencia en las condiciones de vida, especialmente cuando las temperaturas extremas se prolongan durante varios días.

La cuestión adquirió una dimensión mucho más seria porque el calor dejó de ser considerado únicamente una incomodidad estacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la exposición a temperaturas extremas puede provocar sobrecarga térmica, agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales y metabólicas y aumentar el riesgo de hospitalizaciones y muertes. En una actualización publicada en julio de 2026, la organización señaló además que entre los períodos 2000-2004 y 2017-2021 la mortalidad relacionada con el calor entre las personas mayores de 65 años aumentó alrededor de 85%, mientras que el cambio climático incrementa la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor.

En ese escenario, el árbol urbano empieza a adquirir una categoría diferente. Ya no es simplemente aquello que «embellece» una calle. Es parte de una infraestructura ambiental que ayuda a reducir la exposición al calor, mejora la calidad del espacio público y puede contribuir a disminuir algunas desigualdades que se vuelven particularmente visibles durante los episodios extremos. La discusión sobre el arbolado, por lo tanto, dejó de pertenecer exclusivamente al área de Espacios Verdes de una municipalidad: también debería interesar a quienes diseñan políticas de salud, vivienda, transporte, ambiente y planificación urbana.

El mapa del calor también es un mapa social

Las ciudades no distribuyen de manera uniforme ni el cemento ni el verde. Hay barrios con grandes parques, calles arboladas y jardines; otros donde la superficie construida domina casi completamente el paisaje. Hay viviendas con patios, terrazas y equipos de refrigeración y otras donde varias personas viven en pocos metros cuadrados, con poca ventilación y sin capacidad económica para afrontar durante todo el día el costo de un aire acondicionado. Cuando llega una ola de calor, esas diferencias dejan de ser solamente urbanísticas y se transforman en diferencias de exposición al riesgo.

La OMS señala precisamente que las poblaciones de menores ingresos pueden sufrir con mayor intensidad las consecuencias del calor porque sus viviendas suelen estar peor adaptadas y porque tienen menor acceso a sistemas de refrigeración. También advierte que las personas mayores, quienes trabajan al aire libre y otros grupos vulnerables presentan riesgos particulares frente a las temperaturas extremas. En otras palabras, el calor no se distribuye democráticamente, aunque el termómetro marque la misma temperatura oficial para toda una ciudad.

La desigualdad puede observarse incluso a escala de unas pocas cuadras. Una persona que debe esperar el colectivo bajo el sol durante veinte minutos no enfrenta la misma situación que quien puede hacerlo debajo de una arboleda. Un trabajador que realiza tareas en la vía pública necesita más protección que alguien que permanece ocho horas dentro de una oficina climatizada. Un jubilado que debe caminar hasta un centro de salud durante una tarde de temperaturas extremas está expuesto de una manera diferente a quien dispone de automóvil.

Por eso resulta cada vez más interesante pensar el acceso a los espacios verdes como una cuestión de justicia urbana. La OMS señala que los espacios verdes pueden reducir desigualdades en salud y que su accesibilidad debería ser considerada dentro de las políticas de planificación. Incluso existen herramientas específicas desarrolladas para medir la disponibilidad y accesibilidad de estos espacios y estimar sus potenciales efectos sobre la salud.

La discusión cambia completamente cuando se la observa desde esa perspectiva. Plantar árboles en un barrio donde ya existe abundante vegetación puede ser agradable, pero plantar y conservar arbolado en una zona densamente construida y vulnerable al calor puede constituir una política pública de adaptación climática.

No se trata de romantizar el árbol. Se trata de reconocer una función concreta.

No alcanza con plantar: hay que construir una infraestructura verde

Existe, sin embargo, un error frecuente en las políticas de forestación urbana: creer que el éxito puede medirse contando cuántos ejemplares fueron plantados. Un municipio puede anunciar miles de nuevos árboles y, algunos años después, descubrir que una proporción importante murió, que fueron colocados en lugares inadecuados o que su crecimiento quedó limitado por falta de agua, espacio o mantenimiento. La política de arbolado no termina cuando el árbol toca la tierra; en realidad, allí comienza.

La especie elegida importa, pero también importa el lugar. Un árbol que alcanza una gran altura necesita espacio aéreo; uno con raíces vigorosas requiere condiciones adecuadas debajo de la vereda; un ejemplar que necesita demasiada agua puede resultar poco apropiado para determinados ambientes. La planificación tiene que considerar cables, cañerías, tránsito, ancho de veredas, suelo disponible y características climáticas. Y, sobre todo, debe contemplar varios años de mantenimiento, porque un árbol joven no ofrece inmediatamente los mismos servicios ambientales que uno adulto.

Esto también explica por qué la pérdida de un árbol grande no puede compensarse automáticamente plantando varios ejemplares pequeños. La biomasa, la superficie de copa y la capacidad de generar sombra no son equivalentes. Una ciudad puede aumentar el número de árboles registrados y, al mismo tiempo, perder cobertura arbórea efectiva si elimina ejemplares maduros.

La evidencia científica recopilada por la OMS muestra que los espacios verdes pueden contribuir a reducir el efecto de isla de calor urbana. Una revisión citada por la organización encontró un efecto promedio de enfriamiento de aproximadamente 1 °C en parques urbanos, con evidencia de que el beneficio puede extenderse a zonas circundantes. Otros estudios analizados por la OMS también señalan el papel de los árboles de calle y otras formas de vegetación en la mitigación del calor urbano.

Esto no significa que un árbol vaya a transformar por sí solo la temperatura de una metrópolis. Significa que una red de vegetación correctamente planificada sí puede formar parte de una estrategia urbana de adaptación.

Y allí aparece un cambio de paradigma fundamental: pasar de pensar en árboles aislados a pensar en infraestructura verde conectada. Calles arboladas, plazas, parques, corredores verdes, jardines, superficies permeables y otros espacios naturales pueden funcionar conjuntamente para mejorar las condiciones ambientales de una ciudad.

La OMS considera que parques y espacios verdes cumplen además funciones relacionadas con actividad física, interacción social, relajación y salud mental.

El árbol, entonces, no solamente enfría. También puede hacer que una ciudad sea más caminable, más habitable y más social.

En la Ciudad de Buenos Aires, esta discusión adquiere además una dimensión política concreta. El mantenimiento de parques, plazas, calles y arbolado no es una responsabilidad difusa: forma parte expresamente de las funciones del Gobierno porteño a través de la Dirección General de Espacios Verdes. Sin embargo, la existencia de contratos millonarios no garantiza por sí misma que el espacio público esté bien cuidado. En abril de 2026, por ejemplo, la Ciudad adjudicó una licitación para el mantenimiento integral de espacios verdes y tareas complementarias, con contratos que alcanzaron decenas de miles de millones de pesos en distintas zonas. Y ahí aparece una pregunta que el discurso de la gestión porteña no puede esquivar: si el Estado paga semejantes sumas para mantener plazas, parques y arbolado, ¿cómo se mide concretamente la calidad del servicio que reciben los vecinos? Durante los años de administraciones del PRO, primero con Mauricio Macri y luego con Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri, Buenos Aires construyó una imagen de ciudad «verde» y moderna, pero esa imagen no debería evaluarse solamente por la cantidad de plazas inauguradas o por las intervenciones urbanísticas más visibles.

También debería medirse por el estado cotidiano de los espacios existentes: árboles muertos o deteriorados, canteros abandonados, césped sin mantenimiento, mobiliario roto, falta de sombra y diferencias evidentes entre barrios. La política ambiental urbana se juega mucho menos en los renders de una nueva obra que en el estado de la plaza que una familia encuentra un martes cualquiera. Y si la ciudad pretende prepararse para temperaturas cada vez más extremas, mantener lo que ya tiene debería ser una prioridad tan importante como anunciar nuevas obras.

La ciudad del futuro tendrá que decidir qué hace con el cemento

La cuestión adquiere una dimensión política cuando se observa el proceso de urbanización de las últimas décadas. Durante mucho tiempo, modernizar una ciudad significó construir más: más edificios, más estacionamientos, más avenidas, más superficies impermeables. El problema es que cada metro cuadrado de suelo que pierde capacidad de absorber agua y cada árbol que desaparece tienen consecuencias que aparecen después, cuando llueve intensamente o cuando llega una ola de calor.

La propia OMS advierte que las ciudades interiores pueden registrar temperaturas promedio entre 3 y 5 °C superiores a las zonas rurales circundantes como consecuencia del efecto de isla de calor asociado a grandes extensiones de hormigón y a la escasez de espacios verdes.

Ese fenómeno obliga a repensar la planificación urbana. No alcanza con construir hospitales para atender las consecuencias del calor si la ciudad continúa produciendo condiciones que aumentan la exposición de la población. No alcanza con recomendar que los ciudadanos se hidraten si miles de personas deben trabajar, esperar transporte o desplazarse bajo el sol. No alcanza con pedir que las familias utilicen menos energía si al mismo tiempo los barrios carecen de sombra y dependen cada vez más del aire acondicionado para sobrevivir a las temperaturas extremas.

La adaptación climática también se construye en la vereda.

Y eso requiere políticas sostenidas durante décadas, algo que suele chocar con la lógica de los gobiernos de turno. Un árbol plantado hoy quizás alcance su verdadera dimensión cuando quienes decidieron plantarlo ya no estén en el cargo. Por eso el arbolado constituye una política pública particularmente interesante: sus beneficios son lentos, acumulativos y colectivos.

No tiene la espectacularidad de una autopista ni la visibilidad de una gran obra de infraestructura. Pero puede tener un impacto cotidiano mucho mayor de lo que parece.

Una ciudad que conserva sus árboles adultos, recupera espacios verdes, incorpora vegetación en barrios vulnerables, protege corredores ambientales y planifica nuevas plantaciones está haciendo algo más que embellecer el paisaje. Está construyendo capacidad de resistencia frente a un clima que será cada vez más difícil de predecir y soportar.

Y hay algo todavía más profundo: el árbol introduce una lógica completamente diferente a la de muchas obras urbanas. No funciona solamente como objeto terminado. Crece. Su capacidad de brindar sombra aumenta con los años, captura carbono durante su vida, ofrece refugio a otras especies y modifica progresivamente el espacio que lo rodea. Una política de arbolado bien diseñada es, en cierto modo, una inversión que trabaja sola durante décadas, siempre que la ciudad sea capaz de cuidarla.

Quizás por eso convenga dejar de preguntar cuántos árboles tiene una ciudad y empezar a formular preguntas mucho más precisas: ¿quién tiene acceso a la sombra?, ¿qué barrios están más expuestos al calor?, ¿dónde faltan espacios verdes?, ¿qué población queda más vulnerable durante una ola de calor y cuánto puede hacer el Estado para reducir ese riesgo?

La respuesta no será solamente ambiental.

Será también social, sanitaria y política.

Porque cuando el calor extremo golpea una ciudad, quienes tienen una vivienda adecuada, aire acondicionado, automóvil y posibilidades económicas cuentan con herramientas para protegerse. Quienes no las tienen dependen mucho más de aquello que la ciudad pone a disposición de todos: espacio público, transporte, sombra, parques, agua y servicios.

Por eso el árbol de la vereda merece recuperar una categoría que alguna vez tuvo y que la expansión del cemento hizo olvidar: la de un bien común.

Una ciudad que planta un árbol no está solamente creando sombra para hoy. Está decidiendo qué condiciones de vida quiere ofrecerle a quienes van a caminar por esa misma calle dentro de veinte o treinta años.