MENDOZA: el círculo de pornografía y violencia de género que rodea al gobernador Cornejo

El escándalo que involucra al exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino vuelve a desnudar el funcionamiento del poder político mendocino: fotografías de mujeres desnudas que, según una investigación periodística, fueron tomadas en su despacho de la Casa de Gobierno; un grupo de funcionarios denominado “Machos Alfa” que habría intercambiado y exhibido imágenes sexuales; reuniones que, de acuerdo con la denuncia de su expareja, se realizaban en la residencia oficial; acusaciones de abuso sexual, lesiones y violencia de género; un arma de guerra con documentación vencida y, en el centro de todo, un funcionario que durante una década fue uno de los hombres de mayor confianza de Alfredo Cornejo.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

El despacho del poder convertido en escenario de un escándalo sexual

La investigación publicada hoy por EL OTRO Diario pone sobre la mesa un dato que excede largamente la vida privada de D’Agostino: fotografías de contenido sexual explícito habrían sido tomadas dentro del despacho que ocupaba como subsecretario de Justicia en el tercer piso de la Casa de Gobierno de Mendoza, a pocos metros de la oficina de Cornejo. El medio afirma haber recibido un archivo digital con fotografías y documentación vinculada a la causa y haber reconstruido el interior de la oficina mediante la comparación de las imágenes sexuales con fotografías laborales tomadas allí en distintos momentos. Ventanales, cortinas, muebles, portarretratos, puertas, pizarra, perchero, diplomas, plantas, escritorio y hasta el patrón del piso aparecen, según esa reconstrucción, en las distintas imágenes.

El dato es brutal por una razón sencilla: no se estaría hablando de un departamento privado ni de una vivienda particular, sino de una oficina del Estado provincial. El lugar donde debía funcionar una dependencia pública vinculada con la Justicia aparece señalado por una investigación periodística como escenario de fotografías sexuales. EL OTRO sostiene además que realizó un análisis técnico de los archivos JPEG recibidos y que no encontró anomalías evidentes compatibles con un fotomontaje simple, aunque advierte que las copias habían sido exportadas o redimensionadas y ya no conservaban metadatos suficientes para determinar por sí solas la fecha exacta, el dispositivo o las coordenadas de captura.

No es un detalle menor. D’Agostino no era un empleado administrativo sin poder de decisión: fue subsecretario de Justicia durante aproximadamente una década, atravesó los gobiernos de Cornejo y Rodolfo Suarez, integró el Consejo de la Magistratura, actuó como enlace entre el Poder Ejecutivo y distintos sectores judiciales y llegó a presidir el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la Argentina. Es decir, durante años estuvo sentado en una de las mesas donde se discutían precisamente cuestiones vinculadas con jueces, fiscales y funcionamiento del sistema judicial.

Y allí aparece la pregunta política que el Gobierno de Mendoza no puede esquivar: ¿qué clase de controles existían sobre un funcionario con semejante poder y continuidad?

Los “Machos Alfa” del poder radical

La investigación de EL OTRO agrega otro elemento particularmente comprometedor. Según testimonios recogidos por el medio, D’Agostino integraba un grupo de hombres autodenominado “Machos Alfa”, dentro del cual habría mostrado fotografías de mujeres desnudas “como si se trataran de trofeos de caza”. La investigación afirma además que algunas de esas reuniones se habrían realizado en la residencia oficial del gobernador de Mendoza.

La denuncia penal presentada por la expareja de D’Agostino también menciona esos encuentros. De acuerdo con el escrito citado por EL OTRO, la mujer relató que el exfuncionario le contaba sobre almuerzos sabatinos que, según sus propios dichos, se realizaban en la residencia oficial y a los que concurrían personas de relevancia político-institucional. También sostuvo que dentro de ese círculo lo apodaban “Raúl”, en referencia a un personaje de la serie española Machos Alfa, y que D’Agostino presentaba ese apodo como una forma de identificación con una imagen de poder y dominación.

Las fotografías publicadas por EL OTRO muestran a D’Agostino junto a dirigentes que actualmente ocupan o han ocupado lugares relevantes en la estructura política: Alfredo Cornejo, Andrés Lombardi, Lisandro Nieri, Pablo Sarale y Néstor Majul, entre otros. Las imágenes, por sí mismas, no prueban que esas personas hayan participado de actividades sexuales ni que conocieran las conductas que se investigan. Pero sí muestran el círculo político en el que se movía el funcionario durante los años en que concentró poder dentro del área de Justicia.

Y esa distinción importa. El problema para el gobierno de Cornejo no consiste en atribuirle a cada persona que aparece en una fotografía una conducta que no está acreditada. El problema es otro y resulta políticamente mucho más incómodo: ¿cómo pudo un hombre con esa red de relaciones convertirse durante diez años en una pieza central del aparato judicial mendocino sin que nadie reparara en lo que ahora aparece en una investigación periodística y en un expediente penal?

Denuncias, un arma de guerra y una Justicia que mira desde lejos

La situación se volvió pública el 10 de abril de 2026, cuando una expareja denunció a D’Agostino por abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y graves reiteradas, amenazas coactivas, coacción reiterada y violencia de género. Ese mismo día presentó su renuncia y Cornejo la aceptó mediante el Decreto 684. Posteriormente, el exsubsecretario fue imputado por amenazas coactivas en contexto de violencia de género y por tenencia ilegal de un arma de guerra.

Durante un allanamiento en su domicilio del barrio privado Dalvian fue encontrada una Bersa Mini Thunder 9 calibre 9×19, con municiones de punta hueca, mientras que la documentación de tenencia estaba vencida. La imputación judicial de abril no incluyó todos los delitos denunciados por su expareja: la investigación por las acusaciones de abuso sexual continuó.

Pero hay algo todavía más preocupante en la reconstrucción de EL OTRO: la denunciante había solicitado que se secuestraran el celular y otros dispositivos electrónicos que, según sostenía, podían contener pruebas contra D’Agostino y eventualmente involucrar a otras personas. La fiscal Valeria Bottini rechazó ese pedido, mientras que parte del material que la investigación periodística encontró en el teléfono oficial Samsung Galaxy S22 que el Gobierno le había entregado al entonces funcionario habría sido obtenido por EL OTRO gracias a una fuente del Ministerio de Seguridad.

La contradicción resulta difícil de ignorar: una investigación periodística consiguió acceder a elementos que la propia víctima había pedido preservar judicialmente y que la Fiscalía no había ordenado secuestrar. No es una cuestión menor cuando se investiga a alguien que durante años trabajó precisamente en el corazón del sistema de Justicia provincial.

La causa, además, atravesó recusaciones, inhibiciones y cuestionamientos. En junio, una jueza realizó fuertes señalamientos contra D’Agostino en el marco del expediente; y en agosto se informó que, después de cuatro meses, la investigación continuaba prácticamente sin avances sustanciales.

Un funcionario “intocable” durante la era Cornejo

Quizás el elemento que mejor permite comprender la dimensión política del caso sea una palabra que aparece en la denuncia: “intocable”.

Según EL OTRO, la expareja de D’Agostino sostuvo que el exfuncionario utilizaba sus vínculos políticos, judiciales y policiales como herramienta de intimidación y que él mismo se presentaba como alguien con capacidad de influencia sobre jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. Eso forma parte de una denuncia y no puede presentarse como un hecho judicialmente probado. Pero adquiere una dimensión particular cuando se observa la trayectoria concreta del denunciado: una década en la Subsecretaría de Justicia, participación en el Consejo de la Magistratura, vínculos con la cúpula judicial y una relación política directa con Cornejo.

Y tampoco es la primera vez que aparece un episodio conflictivo relacionado con su conducta. EL OTRO reconstruyó una denuncia de 2017 presentada por una joven que trabajaba bajo sus órdenes en la Casa de Gobierno. Según aquella presentación, D’Agostino le arrebató el teléfono cuando descubrió que lo estaba grabando, se habría colocado delante de la puerta para impedirle salir y se produjo un forcejeo que dejó constancias médicas de lesiones menores. El propio funcionario admitió haberle quitado el teléfono, aunque negó haber ejercido violencia. La causa terminó sobreseída 28 días después y la Justicia descartó entonces que el episodio constituyera violencia de género.

A esto se suma otro capítulo políticamente sensible: Anabel Molina, exesposa de D’Agostino, fue propuesta por Cornejo para ocupar una magistratura laboral en octubre de 2025, cuando él todavía era subsecretario de Justicia. D’Agostino manifestó haberse abstenido de intervenir en el proceso y el Gobierno defendió la designación por los méritos de la candidata. Las versiones que circularon sobre un supuesto pacto de silencio fueron negadas por Molina, por lo que no corresponde presentarlas como hechos. Pero el episodio revela nuevamente hasta qué punto las relaciones personales del funcionario se cruzaban con el entramado institucional que él mismo integraba.

El problema no es solamente D’Agostino

Reducir todo esto a la conducta individual de un exfuncionario sería, en definitiva, la salida más cómoda para el poder. D’Agostino deberá responder ante la Justicia por las imputaciones que pesan sobre él y las acusaciones formuladas por su expareja deberán ser investigadas hasta establecer qué ocurrió y qué no ocurrió. Pero la dimensión política de la historia no desaparece porque el funcionario haya presentado su renuncia.

Durante años, Cornejo sostuvo a D’Agostino en una posición estratégica del Estado mendocino. Lo tuvo como subsecretario de Justicia desde el comienzo de su primera gestión, atravesó con él el gobierno de Suarez y volvió a colocarlo en ese lugar cuando regresó a la gobernación. El hombre que hoy aparece en el centro de una investigación por violencia de género y por el uso presunto de una oficina pública para producir material sexual no llegó ayer al poder: formó parte durante una década del núcleo institucional del gobierno radical mendocino.

Por eso las preguntas ya no son solamente qué hizo D’Agostino. Las preguntas son qué sabía el Gobierno, qué controles existieron, quiénes integraban realmente ese círculo de poder, qué ocurrió en la residencia oficial y por qué un funcionario con semejante influencia pudo permanecer durante tantos años en un puesto clave de la Justicia provincial.

Porque mientras en Mendoza se habla de institucionalidad, transparencia y republicanismo, la investigación revela una escena mucho menos solemne: un despacho oficial a metros del gobernador, fotografías sexuales, un grupo de funcionarios que se autodenominaba “Machos Alfa”, denuncias de violencia de género, un arma de guerra y una red de relaciones políticas y judiciales que atraviesa buena parte del poder mendocino.

La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿D’Agostino era solamente un funcionario que abusó de la confianza del poder o el producto de una estructura política que durante años lo hizo sentirse intocable?

La Justicia deberá determinar las responsabilidades penales. La responsabilidad política, en cambio, ya interpela directamente al gobierno de Alfredo Cornejo.