Venezuela y Estados Unidos vuelven a hablar de petróleo: el acuerdo que puede cambiar el mapa energético de América Latina

Venezuela y Estados Unidos sellaron un acuerdo petrolero por 25 años que puede transformar el mapa energético latinoamericano. Las claves y la disputa por la soberanía.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Durante décadas, la relación entre Venezuela y Estados Unidos estuvo marcada por una contradicción que parecía imposible de resolver: Washington necesitaba el petróleo de uno de los países con mayores reservas del planeta, mientras Caracas convirtió precisamente el control sobre esos recursos en uno de los pilares de su discurso político y de su enfrentamiento con la potencia norteamericana. Ahora, después de años de sanciones, ruptura diplomática y confrontación, ambos países vuelven a encontrarse alrededor de aquello que históricamente determinó buena parte de su relación: el petróleo. El acuerdo energético anunciado esta semana establece un horizonte de 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y apunta a llevar la producción venezolana por encima de 1,5 millones de barriles diarios, mientras la administración de Donald Trump asegura que empresas estadounidenses tendrán un control mayoritario sobre una porción de las reservas venezolanas. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, sostiene en cambio que el país conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos y presenta el pacto como una herramienta para reconstruir una industria devastada por años de sanciones, falta de inversión y deterioro de infraestructura.

La magnitud del acuerdo obliga a mirar más allá de las declaraciones de sus protagonistas, porque detrás de las palabras utilizadas para describirlo aparecen dos relatos completamente diferentes sobre una misma operación. Para Caracas, la llegada de capital, tecnología y capacidad operativa extranjera permitiría recuperar una industria estratégica sin entregar formalmente la propiedad del subsuelo; para Washington, el acuerdo representa una oportunidad extraordinaria para acceder a una porción de las reservas petroleras venezolanas y fortalecer su posición energética en el hemisferio. Trump llegó a presentar el entendimiento como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, mientras Rodríguez insistió en que Venezuela seguirá siendo propietaria de sus recursos. La diferencia entre ambas narrativas no es un detalle discursivo: es precisamente el corazón político del acuerdo.

El petróleo que vuelve a unir a dos países enfrentados

Para comprender por qué este pacto tiene semejante importancia hay que recordar que Venezuela no es simplemente otro productor de hidrocarburos. El país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y durante buena parte del siglo XX construyó alrededor de ese recurso una economía profundamente dependiente de los ingresos petroleros. Esa riqueza convirtió a Venezuela en un actor estratégico para Estados Unidos, pero también generó una vulnerabilidad estructural: cuando la producción comenzó a caer y las sanciones internacionales complicaron el acceso a tecnología, financiamiento y mercados, el país quedó atrapado entre enormes reservas subterráneas y una industria cada vez menos capaz de explotarlas con eficiencia.

El acuerdo anunciado ahora intenta resolver precisamente esa contradicción mediante una fórmula que combina capital extranjero, participación privada y control estatal sobre los recursos naturales. Según Rodríguez, el convenio contempla inversiones superiores a 100.000 millones de dólares y permitiría generar alrededor de 209.335 millones de dólares para el Estado venezolano tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril; la mandataria también señaló que cerca de 19 dólares de cada barril producido y vendido ingresarían directamente al país. El proyecto contempla inicialmente 17 campos estratégicos y la expansión hacia ocho bloques nuevos dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las zonas petroleras más importantes del planeta.

La propuesta tiene una lógica económica difícil de ignorar. Venezuela necesita reconstruir una infraestructura petrolera deteriorada y aumentar su producción si pretende transformar nuevamente sus reservas en ingresos concretos. Estados Unidos y las grandes compañías energéticas, por su parte, poseen capital, tecnología y capacidad operativa para intervenir rápidamente en una industria que requiere inversiones enormes y conocimientos especializados. La asociación parece, desde esa perspectiva, beneficiosa para ambas partes. Pero el problema comienza cuando se observa quién controla el proceso, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones jurídicas.

Allí aparecen algunas de las preguntas que todavía no tienen respuestas completas.

Mientras el Gobierno venezolano habla de un acuerdo de 25 años, una fuente estadounidense citada por medios internacionales afirmó que una empresa conjunta privada podría recibir una concesión de hasta 100 años y que Estados Unidos tendría una participación efectiva del 55% en esa estructura. Las versiones disponibles todavía presentan diferencias sobre la arquitectura exacta del acuerdo y algunos detalles fundamentales no fueron hechos públicos, incluido el nombre definitivo del operador privado.

La diferencia entre 25 y 100 años no es menor. En el mundo de los recursos naturales, el tiempo también es una forma de poder.

Una cuestión de soberanía que va más allá de Venezuela

La palabra soberanía aparece inevitablemente cada vez que un país latinoamericano negocia con una potencia extranjera la explotación de sus recursos naturales. No porque toda inversión extranjera implique automáticamente pérdida de soberanía, sino porque la historia regional demuestra que petróleo, minerales, tierras, infraestructura y vías estratégicas han sido durante décadas espacios donde los intereses económicos internacionales se mezclaron con decisiones políticas y geopolíticas.

Venezuela tiene una particularidad adicional: el control estatal de los hidrocarburos fue uno de los pilares de la construcción política del chavismo y una bandera utilizada durante años para confrontar con Washington. Que ahora el Gobierno venezolano busque precisamente capital y tecnología estadounidenses para reconstruir la industria petrolera constituye, por eso mismo, una transformación política de enorme dimensión. Rodríguez intenta resolver esa contradicción sosteniendo que utilizar capital extranjero no equivale a entregar la propiedad de los recursos, una distinción jurídicamente importante pero políticamente mucho más compleja.

La discusión no debería reducirse a determinar si el acuerdo es “bueno” o “malo” para Venezuela antes de conocer todos sus términos. La pregunta más importante es qué capacidad conserva el Estado venezolano para decidir sobre el destino de su principal recurso estratégico y qué mecanismos existen para garantizar que los ingresos obtenidos se traduzcan efectivamente en infraestructura, servicios públicos y recuperación productiva.

Porque una nación puede conservar formalmente la propiedad de un recurso y, al mismo tiempo, conceder durante décadas condiciones que limiten considerablemente su capacidad efectiva de decisión. Del mismo modo, una empresa extranjera puede obtener una participación muy importante en la explotación sin convertirse jurídicamente en propietaria del subsuelo. La soberanía económica no se mide solamente por quién figura como dueño en un documento, sino también por quién toma las decisiones, quién controla la tecnología, quién administra los flujos financieros y quién determina cómo se distribuyen los beneficios.

Ese será probablemente uno de los principales debates que acompañen la implementación del acuerdo.

Washington también tiene algo más en juego que la gasolina

La explicación del pacto tampoco puede limitarse a las necesidades económicas venezolanas. Estados Unidos tiene razones geopolíticas muy concretas para buscar una relación estable con la principal potencia petrolera de América Latina.

El acceso a nuevas fuentes de crudo puede fortalecer la seguridad energética estadounidense, especialmente en un escenario internacional atravesado por guerras, sanciones, bloqueos y tensiones entre grandes productores. Trump aseguró que el acuerdo permitirá aumentar considerablemente el suministro estadounidense y reducir los precios de la gasolina a largo plazo, aunque analistas advierten que la recuperación de la producción venezolana será necesariamente gradual debido al deterioro de la infraestructura petrolera y a las enormes inversiones que requiere.

Pero existe otra dimensión mucho más amplia: el petróleo venezolano puede modificar el equilibrio energético del hemisferio.

Durante años, China, Rusia e Irán incrementaron su presencia económica y política en Venezuela mientras Washington utilizaba sanciones para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro. El nuevo acuerdo supone un giro radical. La misma industria que había sido uno de los principales escenarios de disputa entre Caracas y Washington se convierte ahora en el espacio donde ambos países intentan construir una relación de cooperación.

No es casual que el entendimiento incluya potencialmente a empresas internacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP. La recuperación venezolana puede convertirse en un gigantesco negocio energético internacional si las condiciones políticas y jurídicas permiten que esas compañías comprometan capital durante períodos prolongados.

Y tampoco es casual que el futuro de Venezuela pueda impactar sobre la propia OPEP. En los últimos días aparecieron versiones sobre la posibilidad de que Caracas evalúe abandonar la organización, una decisión que tendría consecuencias geopolíticas porque Venezuela fue uno de los países fundadores del cartel petrolero en 1960. Una salida del organismo podría profundizar el alineamiento energético con Washington y reducir todavía más la capacidad de la OPEP para coordinar las políticas de producción de uno de sus miembros históricos.

América Latina frente a un nuevo mapa de recursos

Lo que está ocurriendo en Venezuela debería interesar especialmente al resto de América Latina porque el continente atraviesa una nueva etapa de disputa por sus recursos estratégicos. Petróleo, gas, litio, cobre, agua, tierras raras y corredores logísticos volvieron a ocupar un lugar central en la competencia internacional y las grandes potencias buscan garantizar cadenas de suministro que consideran esenciales para su seguridad económica y tecnológica.

En ese contexto, Venezuela representa un caso extremo porque concentra una de las mayores reservas petroleras conocidas del planeta y, al mismo tiempo, necesita inversiones gigantescas para volver a explotarlas en niveles elevados. Esa combinación genera un escenario en el que la necesidad de capital puede convertirse en una fuente de poder para quien aporta ese capital.

Argentina debería observar el proceso con especial atención. Nuestro país también posee recursos energéticos de enorme escala, particularmente en Vaca Muerta, además de minerales críticos que despiertan un creciente interés internacional. La experiencia venezolana plantea una pregunta que no pertenece solamente a Venezuela: cómo conseguir inversiones, tecnología y mercados internacionales sin transformar la explotación de los recursos naturales en una simple transferencia de renta hacia actores externos.

No existe una respuesta universal. Cada país tiene condiciones jurídicas, económicas y geológicas diferentes. Pero hay una cuestión que debería permanecer presente en cualquier negociación de este tipo: los recursos naturales son finitos, mientras que los contratos pueden durar décadas.

Un gobierno puede celebrar hoy un acuerdo cuyos efectos económicos se extiendan durante generaciones. Por eso las condiciones de una concesión petrolera, minera o energética no deberían evaluarse solamente por el ingreso inmediato que generan, sino también por el margen de decisión que conservarán los Estados cuando cambien los precios internacionales, cambien los gobiernos o aparezcan nuevas tecnologías.

El caso venezolano recién comienza y todavía quedan numerosos detalles por conocer. Será necesario comprobar cuánto capital llega realmente, cuánto aumenta la producción, qué participación efectiva tendrán las compañías estadounidenses, cuánto recibe el Estado venezolano y qué mecanismos de control se aplicarán sobre las operaciones. También habrá que observar si los ingresos petroleros consiguen convertirse en recuperación industrial y mejora de las condiciones de vida o si vuelven a reproducir la vieja dependencia de una economía atada casi exclusivamente al precio de un recurso.

Porque ahí se encuentra la verdadera paradoja del acuerdo. Venezuela está intentando recuperar su industria petrolera recurriendo al mismo capital extranjero que durante años identificó como una amenaza para su soberanía, mientras Estados Unidos busca convertir una de las mayores reservas energéticas del mundo en un activo estratégico propio. Ambas partes pueden presentar la operación como una victoria, pero la historia latinoamericana enseña que el verdadero resultado de un acuerdo sobre recursos naturales no se mide en el momento de la firma.

Se mide años después, cuando se puede responder quién produjo, quién ganó, quién decidió y qué quedó en el país.

El petróleo venezolano vuelve a abrir una puerta que parecía cerrada. Washington encuentra una vía para acercarse a una reserva energética extraordinaria; Caracas consigue la posibilidad de reconstruir una industria que necesita desesperadamente inversiones; las grandes petroleras internacionales encuentran un territorio con enormes oportunidades de negocio. Pero detrás de esa coincidencia de intereses existe una pregunta que seguirá acompañando al acuerdo durante los próximos 25 años: si Venezuela conserva la propiedad de su petróleo, pero buena parte de su explotación, inversión y comercialización queda en manos extranjeras, dónde termina la cooperación económica y dónde comienza la dependencia.

La respuesta no la dará un comunicado presidencial ni una declaración televisada. La dará el modo en que ese petróleo vuelva a convertirse en riqueza y, sobre todo, quién tenga la capacidad de decidir qué hacer con ella.