Una denuncia penal puso bajo la lupa al ministro de Economía, Luis Caputo, a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y a funcionarios que participaron del trámite por el cual Southern Energy ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El planteo judicial busca determinar si el Gobierno omitió controles sobre la participación de Harbour Energy, vinculada societariamente con la británica Premier Oil, una compañía que fue sancionada por realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, en una zona próxima a las Islas Malvinas.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
La denuncia que llegó a la Justicia Federal abre un nuevo frente para el Gobierno de Javier Milei y, esta vez, toca un punto particularmente sensible: Malvinas, los recursos hidrocarburíferos argentinos y los beneficios extraordinarios otorgados mediante el RIGI. La presentación reclama que se investigue si funcionarios nacionales cumplieron con las verificaciones exigidas antes de habilitar el ingreso de Southern Energy al régimen creado para atraer grandes inversiones.
La denuncia fue presentada por la abogada Virginia Marta Cassola y alcanza a Luis Caputo, María Tettamanti y otros funcionarios que intervinieron en el Comité Evaluador. Según el planteo, podrían haberse cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública, sin perjuicio de otras figuras que eventualmente puedan surgir durante la investigación.
El caso adquiere una dimensión mayor porque la empresa que recibió los beneficios del RIGI tiene entre sus accionistas a Harbour Energy, compañía que, de acuerdo con la denuncia, mantiene una continuidad societaria con Premier Oil PLC. Esta última fue inhabilitada por el Estado argentino en 2013 luego de realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, en zonas próximas a las Islas Malvinas, sin autorización de las autoridades nacionales.
Una sanción por Malvinas que llega hasta 2028
El antecedente no es menor ni una referencia perdida en algún expediente administrativo. El 2 de septiembre de 2013, mediante la Resolución 481 de la Secretaría de Energía, el Estado argentino inhabilitó durante 15 años a Premier Oil PLC para desarrollar actividades en la Argentina por sus operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en la zona próxima a las Islas Malvinas. El Boletín Oficial publicó la medida el 6 de septiembre de aquel año.
La sanción fue dictada en el marco de la Ley 26.659, la norma que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La legislación prohíbe que empresas o sus accionistas desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina y contempla restricciones para quienes tengan participación directa o indirecta en compañías que operen sin esa habilitación.
La denuncia sostiene que Premier Oil posteriormente pasó a denominarse Harbour Energy, una cuestión que ahora deberá ser reconstruida documentalmente para determinar si existe continuidad jurídica entre ambas sociedades y qué efectos tiene esa eventual continuidad sobre las restricciones que pesan sobre la compañía.
El punto central no consiste simplemente en saber cómo se llama actualmente una empresa. Lo que la Justicia deberá determinar es si una compañía alcanzada por los antecedentes de una sanción argentina terminó participando de una sociedad beneficiada por un régimen especial de inversiones aprobado por el propio Estado argentino.
Caputo firmó el ingreso de Southern Energy al RIGI
El expediente tiene además fechas concretas. Southern Energy solicitó su incorporación al RIGI el 21 de noviembre de 2024. El trámite concluyó con la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía, firmada el 29 de abril de 2025 por Luis Caputo.
La resolución oficial aprobó la adhesión de Southern Energy al RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, dentro del sector de petróleo y gas, para desarrollar un proyecto de licuefacción de gas natural. La propia normativa oficial confirma que la empresa fue incorporada al régimen especial de inversiones.
Según la denuncia, además, la participación de Harbour Energy no habría sido un dato oculto para la administración pública. La empresa aparecía identificada como accionista de Southern Energy en documentación vinculada al trámite.
Ese dato es central para la presentación judicial: la investigación no busca establecer solamente qué hizo una empresa privada, sino qué controles realizaron los funcionarios públicos antes de otorgarle beneficios.
La pregunta que queda planteada es directa: si existían antecedentes oficiales relacionados con Premier Oil y si Harbour Energy era identificable como continuadora de aquella estructura empresarial, ¿fueron esos antecedentes evaluados antes de aprobar el ingreso al RIGI?
La contradicción que ahora deberá analizar la Justicia
El planteo judicial llega, además, pocos días después de que el Gobierno de Milei volviera a colocar a Malvinas en el centro de su discurso político.
El 4 de septiembre, el Ejecutivo anunció nuevas medidas contra empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina. El Gobierno presentó esas decisiones como parte de una estrategia de defensa de la soberanía y anunció la aplicación y profundización de las sanciones previstas en la Ley 26.659.
La contradicción que intenta poner bajo la lupa la denuncia es evidente: mientras el Gobierno anuncia sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en Malvinas, la Justicia deberá investigar si otra compañía relacionada con una petrolera previamente sancionada recibió beneficios del régimen de inversiones impulsado por el propio Gobierno.
No se trata, sin embargo, de afirmar que la existencia de Harbour Energy en el accionariado de Southern Energy demuestre por sí misma un delito. Eso deberá establecerlo la Justicia. Precisamente por eso la presentación solicita que se reconstruya la historia societaria, se revise la documentación presentada por las compañías y se determine qué información tuvieron a disposición los funcionarios.
La propia Ley 26.659 establece restricciones que alcanzan a personas jurídicas y accionistas, además de impedir determinadas contrataciones y actividades vinculadas con empresas que desarrollen operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
Qué deberá investigar el juez
La denuncia solicita que se incorpore al expediente toda la documentación administrativa relacionada con el ingreso de Southern Energy al RIGI. Entre otras cosas, se reclaman declaraciones juradas, información sobre accionistas y beneficiarios finales, dictámenes, informes y las actuaciones del Comité Evaluador.
También se solicita requerir información a organismos como la Secretaría de Energía, Cancillería, ARCA, Banco Central y Comisión Nacional de Valores, además de documentación a Southern Energy y Harbour Energy.
Uno de los puntos más importantes será establecer si Harbour Energy y Premier Oil constituyen jurídicamente una misma estructura empresarial o si existieron modificaciones societarias capaces de interrumpir esa continuidad. La investigación también deberá determinar si la inhabilitación impuesta en 2013 fue levantada, suspendida o modificada posteriormente y mediante qué acto administrativo.
La denuncia pide además que se determine qué beneficios económicos obtuvo Southern Energy a partir de su incorporación al RIGI. Para ello reclama una pericia contable que permita establecer los beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y económicos obtenidos y, eventualmente, si existió algún perjuicio patrimonial para el Estado Nacional.
La causa quedó radicada, tras el sorteo correspondiente, en el Juzgado Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
Por ahora, hay una denuncia y una investigación por delante, no una condena. Pero el expediente plantea una pregunta política y judicial difícil de esquivar: si el Estado argentino había sancionado a Premier Oil por operar sin autorización en la zona de Malvinas y esa empresa luego aparece vinculada con Harbour Energy, ¿qué controles hizo el Gobierno antes de concederle a Southern Energy los beneficios del RIGI?
La respuesta ya no depende de un discurso presidencial ni de una conferencia de prensa. Está en los expedientes que ahora deberá revisar la Justicia Federal.
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