La inflación de agosto fue de 1,7%, pero detrás del número que el Gobierno exhibe como trofeo aparece una economía mucho más áspera: entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 30.633 empresas y se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados. El 99,75% de los empleadores que dejaron de existir correspondió a firmas de hasta 500 trabajadores. La construcción perdió más de 81.000 empleos y el salario mínimo acumula una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40%. La pregunta ya no es si la economía se estabilizó: es qué país productivo está quedando después de la estabilización de Milei.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Hay una cifra que resume mejor que cualquier discurso la Argentina que está construyendo Javier Milei: 30.633 empresas menos. No se trata de una estimación de una organización opositora ni de una consigna sindical. Es un dato elaborado sobre registros oficiales y sistematizado por Fundar: entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el universo de empleadores registrados se redujo en un 6%. En paralelo, el análisis de los registros del SIPA realizado por el Centro de Economía Política Argentina contabilizó 411.613 puestos de trabajo registrados menos durante el período considerado.
Es la otra cara de la famosa estabilización libertaria. Mientras el Gobierno celebra que el Índice de Precios al Consumidor registró 1,7% en agosto, los números del mundo laboral y empresario muestran que bajar la inflación no necesariamente significa que la economía esté funcionando mejor para quienes producen y trabajan. El INDEC confirma el 1,7%, pero el propio organismo también muestra que en junio de 2026 el índice de salarios avanzó 2,9% mensual y 35,7% interanual, mientras acumulaba 18,5% en los primeros seis meses del año.
La motosierra consiguió achicar números que el Gobierno quería achicar. El problema es que también achicó empresas, puestos de trabajo y capacidad productiva.
Treinta empresas menos por día
La magnitud se vuelve más comprensible cuando se transforma la estadística en una dimensión cotidiana. Según el informe del CEPA basado en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 habían desaparecido 26.448 empleadores, mientras que los puestos registrados destruidos alcanzaban 339.841. Eso representaba aproximadamente 31 empleadores menos y unos 400 puestos de trabajo registrados perdidos por día durante los primeros 28 meses de gestión.
La actualización posterior lleva la destrucción empresarial hasta 30.633 unidades a mayo de 2026. El dato implica que el fenómeno no se detuvo al cumplirse dos años de gobierno: continuó durante 2026. En mayo solamente se contabilizaron 2.371 empresas menos, un promedio de aproximadamente 76 por día.
Y hay una característica particularmente reveladora. De las 26.448 empresas que habían desaparecido hasta marzo, 26.382 correspondían a firmas de hasta 500 trabajadores. Es decir, el 99,75% de la destrucción de empleadores se concentró en pequeñas y medianas empresas.
Esto golpea directamente contra uno de los grandes argumentos del discurso libertario: que liberar las fuerzas del mercado permitiría que el sector privado floreciera.
¿Qué clase de florecimiento es aquel en el que desaparecen decenas de miles de empleadores?
Naturalmente, no todos los cierres pueden atribuirse mecánicamente a una sola decisión gubernamental. Las empresas también enfrentan cambios tecnológicos, problemas financieros propios, ciclos sectoriales y transformaciones de mercado. Pero cuando el fenómeno se extiende durante meses y alcanza simultáneamente comercio, construcción, industria, transporte y servicios, resulta imposible analizarlo separado del contexto macroeconómico generado por las políticas oficiales.
La pyme, la gran perdedora del experimento
El dato sobre el tamaño de las empresas es quizás más importante que la cantidad total.
Porque cuando desaparece una multinacional puede haber una reestructuración global detrás. Cuando desaparece un pequeño comercio, una metalúrgica, una fábrica familiar, un taller, una empresa de transporte o una pyme industrial, desaparece una unidad económica profundamente integrada a una comunidad concreta.
La empresa pequeña compra a proveedores locales, paga alquileres, contrata servicios, transporta mercadería, consume energía y genera salarios que vuelven al circuito comercial de la zona.
Por eso el cierre de 30.633 empresas no representa solamente 30.633 persianas bajas. Representa una red de relaciones económicas que se corta.
El sector comercio fue el que registró la mayor pérdida absoluta de empleadores en el período analizado hasta marzo, con 6.836 unidades menos. En transporte y almacenamiento, en cambio, la caída relativa llegó al 16,4%, una magnitud que muestra que la contracción no fue uniforme, sino particularmente severa en determinadas actividades.
Y cuando se observa el empleo, aparece otro dato devastador: la construcción perdió 81.425 puestos registrados desde noviembre de 2023, una caída del 17,1%, la mayor contracción relativa entre las actividades relevadas en ese período.
La explicación no es misteriosa. El Gobierno de Milei decidió prácticamente abandonar la obra pública nacional como herramienta de desarrollo. Miles de proyectos quedaron paralizados, empresas contratistas perdieron actividad y trabajadores quedaron afuera de un sector que históricamente funciona como uno de los grandes motores de empleo.
El resultado está ahora en las estadísticas.
El salario que no alcanza
A la destrucción de empresas y empleos se suma otro problema: tener trabajo no garantiza recuperar el poder de compra perdido.
El salario mínimo vital y móvil fue fijado para septiembre de 2026 en $383.800. Distintos análisis basados en la evolución de precios muestran que su poder adquisitivo permanece muy por debajo del nivel que tenía al comienzo de la gestión Milei. El cálculo de pérdida real ronda el 40% desde noviembre de 2023.
Y aquí aparece una de las grandes paradojas del modelo.
El Gobierno puede mostrar una inflación mensual de 1,7%. Puede decir que consiguió evitar una hiperinflación. Puede exhibir equilibrio fiscal y determinados indicadores macroeconómicos positivos. Pero una familia no vive dentro de una tasa de inflación: vive de su salario.
Si el salario compra menos, si el empleo se vuelve más precario, si desaparecen horas de trabajo y si miles de pequeñas empresas dejan de existir, la estabilidad macroeconómica no alcanza para explicar la realidad social.
De hecho, los propios datos del INDEC muestran que la economía continúa presentando una distribución del ingreso profundamente desigual. En el primer trimestre de 2026, el 10% de los hogares de mayores ingresos concentró una porción del ingreso muy superior a la del 10% más pobre, en un contexto en el que el mercado laboral todavía arrastra las consecuencias de la recesión y la transformación del aparato productivo.
Una economía que cambia de dueño y de modelo
Hay algo todavía más profundo detrás de estos números.
Milei no propone simplemente administrar de otra manera la economía argentina. Está intentando cambiar qué produce el país, para quién produce y qué lugar ocupa el mercado interno.
El Gobierno apuesta a una Argentina mucho más orientada hacia energía, minería, agroexportación y determinados sectores vinculados con recursos naturales. Al mismo tiempo, considera que muchas industrias protegidas durante décadas deben enfrentar la competencia internacional.
El problema es que esa transición tiene ganadores y perdedores.
Una economía puede aumentar sus exportaciones y, al mismo tiempo, destruir miles de empleos industriales. Puede producir más petróleo y menos textiles. Puede atraer inversiones mineras mientras cierran comercios. Puede mejorar determinados indicadores financieros mientras una pyme industrial no puede pagar sus costos.
El promedio nacional puede mejorar mientras una parte enorme de la sociedad empeora.
Ese es precisamente el debate que el Gobierno intenta evitar cuando reduce toda discusión económica a una oposición entre “déficit” e “inflación”.
El número que Milei no quiere mirar
Hay una ironía difícil de esquivar.
Milei llegó al poder prometiendo que el Estado dejaría de ser una máquina de generar obstáculos y que la libertad económica permitiría liberar las fuerzas productivas del país. Sin embargo, casi tres años después, los registros muestran 30.633 empleadores menos y más de 411.000 puestos registrados destruidos en el período relevado.
El oficialismo puede responder que se trata de una transformación inevitable, de una “destrucción creativa” que posteriormente dará lugar a nuevas empresas y empleos. Pero existe una diferencia fundamental entre cerrar empresas improductivas y debilitar simultáneamente sectores enteros del entramado productivo.
La reconstrucción, además, no ocurre automáticamente.
Una pyme que cierra no reaparece mágicamente cuando mejora un indicador macroeconómico. Un trabajador industrial que pierde su empleo puede tardar años en recuperar un puesto equivalente. Una cadena de proveedores que se rompe puede ser reemplazada por importaciones y, una vez perdida, resulta muy difícil reconstruirla.
Por eso el dato de los 30.633 cierres empresariales debería ser leído como algo más que una cifra.
Es una señal sobre el país que está dejando este experimento económico.
Porque mientras Milei celebra que la inflación bajó, Argentina está perdiendo empresas que producen, trabajadores que cobran salarios y pequeñas unidades económicas que sostienen ciudades enteras.
La discusión, entonces, ya no debería ser si el Gobierno consiguió bajar la inflación.
Eso está en los números.
La discusión verdaderamente importante es otra:
¿Cuánto empleo, cuántas empresas y cuánta capacidad productiva está dispuesto a sacrificar Milei para que sus números cierren?
Porque un país puede tener las cuentas fiscales ordenadas.
Puede tener una inflación más baja.
Puede mostrar superávit.
Pero si para conseguirlo necesita una economía con 30.633 empresas menos y cientos de miles de puestos de trabajo registrados destruidos, quizá el problema no sea que los argentinos todavía no entendieron el modelo.
Quizá lo entendieron perfectamente.
Quizá simplemente están viendo, en carne propia, cuánto cuesta.
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