Adorni dejó el Gobierno, pero no dejó los privilegios

Ya no es jefe de Gabinete, pero Manuel Adorni parece haberse olvidado de avisarle al Estado. Sigue moviéndose en una camioneta oficial, conserva custodia de fuerzas federales y tiene por delante una nueva instancia para explicar ante la Justicia cómo evolucionó su patrimonio. Mientras tanto, aquella prédica libertaria sobre el ajuste, el esfuerzo y el “no hay plata” parece haber quedado bastante lejos del garage de su nueva vida.

Por Tomás Palazzo para NLI

Hay algo admirable en la coherencia del modelo libertario: la motosierra siempre parece encontrar un árbol ajeno para cortar. Cuando se trata de los trabajadores estatales, los jubilados, las universidades, la salud pública o cualquier partida que pueda presentarse como “gasto”, la palabra austeridad aparece con una velocidad admirable. Cuando se trata de los funcionarios y su entorno, en cambio, la administración de los recursos públicos parece adquirir una elasticidad bastante más interesante.

Manuel Adorni es, en ese sentido, un caso particularmente ilustrativo. Hace casi tres meses dejó la Jefatura de Gabinete, pero su salida del Gobierno no terminó de traducirse en una salida de los beneficios asociados al cargo. El exfuncionario continúa trasladándose en una Toyota SW4 4×4 SRX perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), vehículo que había sido cedido a la Jefatura de Gabinete para los traslados oficiales de su titular y su comitiva. Según información oficial citada por la prensa, la camioneta continúa bajo la órbita de esa dependencia, aunque Adorni ya no ocupa el puesto para el cual había sido afectada.

Y acá aparece la primera postal de este peculiar republicanismo de alta gama: el funcionario se fue, pero la camioneta quedó. No cualquier camioneta, además, sino una Toyota SW4 que acumula un expediente propio de infracciones de tránsito. Los registros relevados recientemente contabilizaron decenas de multas posteriores a la salida de Adorni del Gobierno, con montos millonarios. La pregunta elemental es quién termina haciéndose cargo de semejante colección de infracciones cuando el vehículo pertenece a un organismo estatal y su usuario ya no es el jefe de Gabinete.

La explicación oficial es que el vehículo permanece bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y que su utilización actual depende de las autoridades correspondientes. El pequeño detalle es que el sucesor de Adorni, Diego Santilli, no utiliza esa camioneta. Entonces aparece la pregunta que ningún discurso sobre eficiencia consigue hacer desaparecer: ¿para quién quedó reservado el beneficio?

El ajuste, pero con chofer y custodia

La otra particularidad es la custodia. El Ministerio de Seguridad sostiene que Adorni tiene protección durante un período de seis meses como exfuncionario de alto rango, sujeta a una evaluación de riesgo que puede extenderla. El propio Adorni había defendido anteriormente la medida argumentando que la seguridad de funcionarios y sus entornos familiares constituye una cuestión institucional y de seguridad nacional.

Nada de esto significa que un exfuncionario no pueda recibir protección. La cuestión política es otra: qué tan compatible resulta esta permanencia de recursos estatales con la retórica de un espacio político que convirtió el recorte del gasto público en una identidad y que hizo de la austeridad una especie de catecismo económico.

Porque el mismo universo político que durante años explicó que el Estado debía dejar de pagar “privilegios” y que cada peso público debía ser sometido a una lupa implacable ahora se encuentra con una situación bastante menos épica: un exjefe de Gabinete que continúa utilizando un vehículo oficial y dispone de custodia estatal mientras se encuentra en el centro de una investigación patrimonial.

Y, como si faltara un elemento para completar la escena, la camioneta registra multas incluso durante el período posterior a la salida de Adorni del Gobierno. Algunas corresponden a hechos ocurridos durante fines de semana y otras a fechas posteriores a su renuncia. En la provincia de Buenos Aires, además, permanecían infracciones registradas a nombre del titular del vehículo, el Inprotur.

La austeridad, evidentemente, tiene sus horarios.

La vida que creció mientras llegaban los dólares

Pero el verdadero problema para Adorni no está en la Toyota. Está en otro vehículo bastante más incómodo: el expediente patrimonial que sigue avanzando en Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita le pidió que respondiera una serie de preguntas sobre la evolución de sus bienes desde su ingreso a la función pública en diciembre de 2023. El interrogante judicial gira alrededor de cómo se financiaron determinadas operaciones y cómo se compatibilizan los ingresos declarados con el crecimiento patrimonial y determinados gastos.

La información patrimonial conocida durante el año muestra un cuadro que, por sí solo, explica por qué existen preguntas. En su declaración jurada correspondiente a 2025, Adorni informó un patrimonio superior a 944 millones de pesos, incluyendo unos 216.000 dólares, y deudas por más de 317 millones de pesos. La declaración incorporó propiedades que habían quedado bajo observación pública y judicial.

Entre ellas aparece la vivienda del country Indio Cuá, adquirida por unos 120.000 dólares, cuya titularidad corresponde a su esposa. Según la información incorporada a la investigación, para esa operación se recurrió a un préstamo privado de 100.000 dólares. También aparece el departamento de Caballito adquirido en noviembre de 2025, cuyo precio consignado en la documentación judicial fue de aproximadamente 230.000 dólares, con una parte financiada mediante una hipoteca privada.

Y después está la refacción. Porque comprar una propiedad aparentemente no alcanzaba. La casa de Indio Cuá tuvo obras de considerable magnitud y, de acuerdo con información incorporada a la investigación, los gastos de remodelación fueron sustanciales. La Justicia también reconstruyó operaciones realizadas en efectivo y en dólares y distintos movimientos económicos vinculados con propiedades, viajes y otros consumos.

Todo esto adquiere una dimensión particularmente incómoda cuando se recuerda la narrativa política con la que Adorni llegó al poder. El hombre que desde las conferencias de prensa defendió el ajuste como una necesidad casi moral terminó protagonizando una discusión pública sobre propiedades, dólares, préstamos privados, viajes, refacciones y recursos estatales para su movilidad y seguridad.

No hace falta que nadie agregue adjetivos. Los números ya hacen bastante ruido.

El extraño viaje del “no hay plata”

Adorni había sostenido públicamente que su patrimonio fue construido durante sus años en el sector privado y que no tenía nada que ocultar. También había explicado que las nuevas adquisiciones serían incorporadas a las declaraciones juradas correspondientes.

Y efectivamente, la declaración jurada posterior incorporó bienes que antes no figuraban en la información patrimonial pública. El problema político, sin embargo, no desaparece porque finalmente aparezcan escritos en un formulario. La cuestión que investiga la Justicia es precisamente cómo se produjo la evolución patrimonial y de dónde surgieron los recursos necesarios para determinadas operaciones.

Mientras tanto, el presente ofrece una postal difícil de conciliar con la retórica de sacrificio que acompañó al Gobierno de Javier Milei: Adorni ya no ocupa la Jefatura de Gabinete, pero sigue teniendo custodia; ya no necesita trasladarse como funcionario, pero continúa utilizando una camioneta que pertenece al Estado; y mientras se discute su patrimonio, la Justicia espera explicaciones sobre operaciones que involucran cifras que están muy lejos de la economía cotidiana de cualquier trabajador argentino.

El contraste es demasiado grande para que pase inadvertido.

Porque el problema nunca fue solamente cuánto gana un funcionario o cuántos bienes tiene. El problema político aparece cuando quienes gobiernan construyen legitimidad sobre la idea de que todos deben ajustarse, mientras alrededor del poder siguen funcionando mecanismos de protección, movilidad y privilegio que parecen tener una extraordinaria capacidad de supervivencia.

El mileísmo prometió terminar con la casta. Adorni fue una de las voces más entusiastas de esa promesa. Hoy, sin embargo, el exjefe de Gabinete puede abandonar el cargo y conservar la custodia, abandonar el despacho y conservar la camioneta, dejar el Gobierno y seguir teniendo que explicar cómo llegó hasta el patrimonio que ahora declara.

Quizás el experimento libertario haya descubierto una nueva categoría administrativa: la casta sin cargo.

Y para eso sí parece haber plata.