La Cámara alta aprobó por 46 votos contra 22 la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por Milei, pero modificó uno de los puntos más sensibles del proyecto: la designación y remoción de sus autoridades. El Senado quedó como cámara exclusiva para aprobar los pliegos y para intervenir en una eventual remoción, que podrá resolverse por mayoría absoluta y ya no por dos tercios de ambas cámaras. El peronismo rechazó la reforma en general, pero acompañó masivamente ese cambio y lo llevó a 66 votos contra apenas 2. Al mismo tiempo, el proyecto concentra la misión del BCRA en preservar el valor de la moneda, elimina los adelantos transitorios al Tesoro, limita la asistencia financiera al Estado, restringe la compra directa de deuda pública y habilita al organismo a utilizar reservas, incluso oro, como garantía en determinadas operaciones.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Senado dio este jueves un paso decisivo en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero no le entregó al Gobierno de Javier Milei exactamente el proyecto que había salido de Diputados. La iniciativa fue aprobada en general por 46 votos afirmativos contra 22 negativos, sin abstenciones, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras el rechazo en general quedó concentrado en el interbloque Popular. Como el texto fue modificado durante su tratamiento en la Cámara alta, deberá regresar ahora a Diputados.
La discusión, sin embargo, no se reduce a una nueva ley monetaria. Lo que está en juego es una modificación profunda del lugar que ocupa el Banco Central dentro del Estado argentino: qué puede hacer con las reservas, qué relación puede mantener con el Tesoro, cuáles son sus objetivos, qué herramientas conserva para intervenir sobre el crédito y quién tiene la capacidad de designar o desplazar a quienes conducen la autoridad monetaria. El Gobierno presenta el proyecto como una forma de terminar con la utilización del BCRA para financiar el déficit y limitar la discrecionalidad de los gobiernos. Sus críticos advierten que, al mismo tiempo que se restringen instrumentos públicos, se habilitan nuevas formas de comprometer activos estratégicos del organismo.
El cambio que hizo saltar el proyecto de Diputados
La modificación más importante introducida por el Senado está en el régimen de autoridades. El texto aprobado originalmente por Diputados establecía un mecanismo de mayorías agravadas para la remoción de los integrantes del Directorio, con participación de ambas cámaras. El Senado modificó ese esquema y estableció que la designación de los directores requerirá el acuerdo de la Cámara alta por mayoría absoluta, mientras que una eventual remoción deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo con previa aprobación del Senado por mayoría absoluta. Los mandatos quedaron fijados en seis años.
La diferencia no es menor. La versión de Diputados buscaba establecer un mecanismo de mayor blindaje institucional para las autoridades del Central: remover a un director requería una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. El Senado reemplazó ese umbral por 37 votos, es decir, la mayoría absoluta del cuerpo de 72 integrantes, y además dejó fuera a Diputados del procedimiento de remoción. En términos políticos, esto significa que una conducción del BCRA ya no necesitaría atravesar el mismo nivel de consenso parlamentario que había previsto la Cámara baja para ser desplazada.
Pero la particularidad de la votación fue todavía mayor: el peronismo, que rechazó la reforma en general, acompañó este cambio en particular. El artículo obtuvo 66 votos afirmativos y apenas 2 negativos, correspondientes a los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. La decisión del interbloque Popular tuvo una lógica legislativa concreta: al votar la modificación con una mayoría superior a los dos tercios, hizo mucho más difícil que Diputados pueda volver sobre ella e imponer la redacción original.
Así, el mapa de la votación tiene una particularidad que vale destacar: la reforma en general fue respaldada por el oficialismo y sus aliados —PRO, UCR y bloques provinciales— y rechazada por el peronismo; pero el artículo que modificó la designación y remoción de las autoridades fue acompañado por una mayoría transversal de 66 senadores. Carambia y Gadano fueron los únicos que votaron contra ese artículo, pese a haber acompañado la aprobación general.
Un Banco Central con un mandato mucho más estrecho
El segundo gran cambio está en la definición de la misión del BCRA. La reforma establece que su misión primaria y fundamental será preservar el valor de la moneda. De esta manera, se abandona el esquema de objetivos múltiples incorporado a la Carta Orgánica en 2012, que contemplaba, además de la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
La modificación expresa una concepción económica concreta: el Banco Central deja de ser pensado como una institución con objetivos amplios de política económica y pasa a concentrarse esencialmente en la estabilidad monetaria. El oficialismo sostiene que esa definición permite reducir la discrecionalidad y evitar que los gobiernos utilicen la autoridad monetaria para objetivos fiscales o políticos. La oposición cuestiona que sacar del mandato cuestiones como el empleo y el desarrollo económico reduzca el margen de intervención del Estado ante crisis productivas, financieras o laborales.
El proyecto también elimina funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, bajo el argumento de que esas herramientas exceden las funciones esenciales de una autoridad monetaria. El resultado es una transformación del rol del BCRA: no sólo se le restringe la relación financiera con el Tesoro, sino también parte de su capacidad para orientar el crédito hacia determinadas actividades de la economía.
Adiós a los adelantos al Tesoro, pero las reservas quedan en el centro de la discusión
Uno de los pilares de la reforma es la prohibición del financiamiento directo o indirecto del Tesoro por parte del Banco Central. El nuevo esquema elimina los adelantos transitorios, restringe la adquisición directa de títulos públicos en el mercado primario y busca impedir que la autoridad monetaria vuelva a funcionar como fuente de financiamiento del déficit fiscal.
La implicancia es profunda: si el Estado gasta por encima de sus ingresos, el BCRA ya no podrá cubrir esa diferencia mediante los mecanismos que históricamente permitieron transferir recursos al Tesoro. El déficit deberá financiarse mediante una combinación de resultado fiscal, deuda, recaudación u otras fuentes de financiamiento, pero no mediante asistencia monetaria directa del Banco Central.
El argumento oficialista es que esta prohibición constituye una barrera contra la emisión utilizada para financiar al Estado y, por esa vía, contra procesos inflacionarios. La discusión económica que queda abierta es qué sucede cuando una economía enfrenta una emergencia fiscal o financiera: cerrar el canal monetario puede imponer mayor disciplina, pero también reduce las herramientas disponibles para responder ante determinados shocks. La reforma no elimina el problema fiscal: lo que hace es impedir que el BCRA sea una de sus vías de resolución.
Y mientras se cierran esas puertas aparece uno de los artículos que mayor controversia generó durante el debate: el referido a las reservas internacionales.
El artículo 13 habilita al Banco Central a utilizar activos de reserva —incluidos oro y divisas— como garantía o prenda en determinadas operaciones, entre ellas operaciones de financiamiento internacional. En términos financieros, esto puede permitir que el BCRA obtenga liquidez o respaldo crediticio utilizando determinados activos como colateral. Pero también significa que activos que forman parte del patrimonio del organismo pueden quedar comprometidos frente a terceros bajo determinadas operaciones.
Allí apareció una crítica que no provino únicamente del peronismo. La senadora Flavia Royón, de Primero los Salteños, manifestó que compartía en líneas generales el objetivo de la reforma, pero objetó específicamente el artículo 13 porque, según planteó en el recinto, permite utilizar reservas y oro como garantía sin establecer topes precisos, sin especificar qué activos pueden comprometerse y sin imponer un mecanismo de información al Congreso. También cuestionó otros artículos del dictamen.
El peronismo llevó la crítica todavía más lejos. Jorge Capitanich cuestionó el uso de reservas para aumentar la oferta de divisas y sostener el tipo de cambio, mientras que Martín Soria planteó reparos sobre la utilización del oro y otros activos como respaldo de préstamos internacionales. José Mayans, en el cierre del debate, sostuvo que la reforma podría comprometer los depósitos y reservas, aunque esas afirmaciones corresponden a la posición política expresada por el senador y no constituyen por sí mismas una consecuencia automática del texto legal.
El verdadero mapa político de la votación
La votación general dejó al oficialismo con una mayoría considerable pero no propia. Los 46 votos afirmativos fueron construidos con La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras que los 22 negativos correspondieron al interbloque Popular, según el detalle publicado sobre la sesión.
Entre quienes defendieron el proyecto estuvieron Agustín Monteverde, miembro informante y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; Patricia Bullrich, jefa del interbloque de La Libertad Avanza; y Martín Goerling, jefe del PRO. Bullrich sostuvo que el Banco Central había sido utilizado históricamente como una caja de financiamiento estatal, mientras Goerling presentó la reforma como una forma de establecer reglas de largo plazo.
En el rechazo se expresaron referentes del peronismo como José Mayans, Jorge Capitanich y Martín Soria, que cuestionaron particularmente la cuestión de las reservas, el nuevo esquema monetario y la reducción de las herramientas del Estado. Flavia Royón ocupó una posición distinta: acompañó la reforma en general, pero anticipó su rechazo a artículos específicos.
El resultado deja además una paradoja legislativa: el peronismo rechazó el proyecto que en términos económicos modifica profundamente el funcionamiento del Banco Central, pero contribuyó a consolidar uno de los cambios institucionales que más alteran el texto salido de Diputados. La estrategia tuvo un objetivo concreto: impedir que la Cámara baja pueda recuperar fácilmente el régimen de dos tercios para remover a las autoridades del Central.
Ahora la discusión vuelve a Diputados, donde la Cámara de origen deberá decidir si acepta las modificaciones del Senado o intenta insistir con el texto que había aprobado el 26 de agosto. La dificultad es evidente: el Senado consiguió 66 votos sobre 68 presentes para su modificación central, una mayoría que establece un antecedente parlamentario muy fuerte para la segunda revisión.
Lo que está en juego, por lo tanto, excede largamente la discusión técnica sobre una carta orgánica. La reforma propone un Banco Central más concentrado en la estabilidad de la moneda, separado del financiamiento cotidiano del Tesoro, con menos herramientas de orientación crediticia y con nuevas facultades para comprometer activos de reserva en operaciones financieras. El Gobierno busca convertir esa arquitectura en una regla de largo plazo para impedir que futuras administraciones vuelvan a utilizar al organismo como fuente de financiamiento estatal. Pero la contracara es igualmente concreta: cuanto más se reducen las herramientas públicas de intervención monetaria y fiscal, mayor importancia adquieren las decisiones sobre deuda, reservas, tipo de cambio y financiamiento privado.
La discusión que comenzó con la promesa de “blindar” al Banco Central terminó, en el Senado, produciendo algo bastante más complejo: se cerró una puerta histórica —la asistencia monetaria al Tesoro— mientras se abrió otra sobre el uso financiero de las reservas; se redujo el mandato del organismo a la preservación del valor de la moneda; y se modificó el mecanismo de control político sobre sus autoridades. El proyecto todavía no es ley. Pero si Diputados acepta el texto del Senado, el cambio no será solamente una reforma de la Carta Orgánica: será una redefinición del lugar del Banco Central dentro del Estado argentino.
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