La expresidenta Cristina Kirchner volvió a mover una pieza decisiva en la pelea por sus derechos políticos. Su defensa presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas nuevas pruebas sobre la causa Vialidad y pidió que se suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras se revisa la condena. El dato que pone en jaque uno de los argumentos centrales del fallo: según una pericia elaborada sobre documentación oficial, las empresas de Lázaro Báez recibieron apenas el 0,85% de los fondos del fideicomiso vial que, según la defensa, fue utilizado como fundamento para condenar a Cristina.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner el cuerpo en una pelea que excede largamente los tribunales de Comodoro Py. La expresidenta presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas una nueva adenda a su denuncia contra el Estado argentino y pidió que el organismo internacional intervenga frente a lo que su defensa considera una violación de sus derechos fundamentales. El objetivo es concreto: suspender cautelarmente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y abrir el camino para revisar la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. La presentación incorpora además nueva documentación y una pericia que, según sus abogados, cuestiona directamente uno de los fundamentos utilizados para sostener la sentencia.
La dimensión política del reclamo es imposible de separar de la judicial. La condena no solamente mantiene a Cristina bajo arresto domiciliario: también le impide presentarse a elecciones y ejercer cargos públicos de por vida. Es decir, una sentencia penal terminó teniendo como consecuencia directa la exclusión de la principal dirigente del peronismo de cualquier competencia electoral. La defensa sostiene que esa inhabilitación vulnera el derecho a votar y ser elegido protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ahora busca que Naciones Unidas examine si el proceso argentino respetó efectivamente esas garantías.
Una prueba que vuelve a poner Vialidad en el centro de la discusión
El elemento más fuerte de la nueva presentación es una pericia realizada por la consultora Specs sobre documentación oficial incorporada en agosto a la causa Cuadernos. Allí aparece un dato que los abogados de Cristina consideran central: de aproximadamente 2.200 millones de dólares desembolsados a través del fideicomiso vial, las empresas vinculadas al Grupo Austral, de Lázaro Báez, habrían recibido unos 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total. Para la defensa, ese número contradice la construcción sobre la que se apoyó la condena, porque el fallo habría presentado aquel mecanismo de financiamiento como una herramienta destinada fundamentalmente a beneficiar al empresario santacruceño.
Y hay otro dato políticamente explosivo: según el informe presentado por los abogados, el principal beneficiario de esos fondos habría sido IECSA, la empresa vinculada a Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. La defensa utiliza esa información para cuestionar la interpretación que hizo el Tribunal Oral Federal 2 sobre el destino de los recursos. No se trata de afirmar que una nueva pericia haya anulado la sentencia —eso no ocurrió—, sino de señalar que la defensa sostiene que apareció documentación oficial que permite discutir nuevamente una de las bases fácticas utilizadas para condenar a Cristina. Esa diferencia es fundamental y será ahora uno de los puntos que intentará llevar ante los organismos internacionales y ante la Justicia argentina.
La propia defensa había explicado semanas atrás que durante el juicio había solicitado una pericia contable destinada a establecer cómo se habían distribuido efectivamente los recursos del fideicomiso entre las distintas empresas que realizaban obra pública. Según los abogados, esa prueba no fue incorporada de la manera que pretendían y posteriormente apareció en otro expediente una base de datos de Vialidad que permitió reconstruir la distribución de los fondos entre 2009 y 2015. Sobre esa información se elaboró el nuevo análisis que ahora forma parte de la estrategia de revisión.
Una condena que ya quedó firme, pero cuya revisión vuelve a la pelea
La situación jurídica actual tiene un dato que no puede soslayarse: la condena quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa. Por eso, el planteo ante Naciones Unidas no constituye una nueva apelación ordinaria ni significa que la sentencia haya sido anulada. El Comité de Derechos Humanos de la ONU tampoco tiene como función reemplazar automáticamente a los tribunales argentinos. Lo que la defensa pretende es que el organismo examine si Argentina respetó las garantías reconocidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, eventualmente, emita una decisión que pueda ser utilizada para impulsar una revisión dentro del sistema judicial argentino.
Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego sostienen que durante el proceso se vulneraron distintas garantías, entre ellas el derecho a un juicio justo, el derecho a contar con medios adecuados para preparar la defensa, el derecho a una revisión efectiva de la condena y los derechos políticos. También cuestionan la imparcialidad del proceso y plantean objeciones respecto de la utilización de elementos provenientes de otros expedientes. La defensa sostiene además que varias de las obras investigadas ya habían sido objeto de actuaciones judiciales anteriores. Todos estos puntos forman parte de la argumentación que ahora llega a Ginebra.
El reclamo internacional adquiere todavía mayor peso por el momento político en el que se produce. Cristina no está llevando su caso a la ONU en un vacío electoral: lo hace cuando el peronismo vuelve a discutir qué lugar ocupará en 2027 y cuando la propia expresidenta manifestó su voluntad de continuar participando de la vida política. Máximo Kirchner confirmó esta semana que Cristina tiene intención de presentarse y que, para su sector, la posibilidad de que vuelva a estar en una boleta forma parte de la discusión política que se viene.
La pelea, entonces, tiene dos planos que corren en paralelo. En Argentina existe una sentencia firme que mantiene la condena y la inhabilitación. En el plano internacional, la defensa intenta demostrar que el proceso que llevó a esa sentencia violó derechos protegidos por tratados internacionales y que ahora existen nuevos elementos que justifican revisarlo. Naciones Unidas deberá analizar el planteo dentro de sus propias competencias y procedimientos. La eventual intervención del Comité no significaría automáticamente que Cristina quede habilitada para ser candidata ni que la condena desaparezca, pero sí podría abrir una nueva instancia jurídica para discutir sus efectos.
La batalla por Cristina también es una batalla por sus derechos políticos
Hay un punto que atraviesa toda la presentación y que explica por qué el caso excede a una discusión técnica sobre una obra pública, un fideicomiso o una pericia contable: la sanción que pesa sobre Cristina no termina en los seis años de prisión. Incluye una prohibición de por vida para ejercer cargos públicos. La defensa sostiene que esa consecuencia afecta directamente el derecho de la expresidenta a participar en elecciones y que, por lo tanto, debe ser examinada bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
El Comité de Derechos Humanos está integrado por 18 expertos independientes y tiene como misión supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. La defensa busca que el planteo sea tratado durante la próxima sesión del organismo y apunta a obtener una medida cautelar mientras se analiza el fondo de la cuestión.
En paralelo, los abogados preparan un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal. Su estrategia consiste en utilizar los nuevos elementos y una eventual intervención internacional para intentar abrir nuevamente la discusión sobre una sentencia que hoy se encuentra firme. El propio Beraldi sostuvo que el objetivo final es que la condena sea revisada, que Cristina recupere su libertad y que pueda retomar plenamente su actividad política.
Así, la disputa vuelve a colocar a Cristina Kirchner frente al dispositivo judicial que la dejó fuera de las elecciones, pero esta vez con una nueva herramienta: llevar el expediente fuera de las fronteras argentinas y ponerlo bajo la mirada de un organismo internacional de derechos humanos. Y lo hace acompañando el reclamo con una prueba que sus abogados consideran decisiva: la documentación oficial que, según su interpretación, muestra que las empresas de Báez recibieron menos del 1% de los fondos del fideicomiso utilizado como uno de los pilares del fallo.
La discusión ya no es solamente si Cristina puede o no volver a ser candidata. La discusión es si una inhabilitación política perpetua puede sostenerse cuando la defensa afirma haber encontrado documentación oficial capaz de cuestionar uno de los fundamentos centrales de la condena y cuando, además, denuncia vulneraciones al debido proceso y a sus derechos políticos. Esa es la pregunta que ahora cruza las puertas de Comodoro Py y llega hasta Ginebra.
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