GRABOIS NO SE CALLÓ: la pelea por la tierra también es una pelea por la soberanía argentina

En pleno debate sobre la Defensa de la Soberanía Nacional, Juan Grabois cruzó al oficialismo por la derogación de la Ley de Tierras y el fallo de la Corte Suprema que volvió a dejar operativo el artículo 154 del DNU 70/2023. “La gente ya les dijo: extranjerización de la tierra, no”, lanzó el diputado. Una pelea que va mucho más allá de una discusión parlamentaria: quién controla el territorio argentino y qué está dispuesto a hacer el Estado para defenderlo.

Por Roque Pérez para NLI

El Congreso volvió a poner sobre la mesa una discusión que toca uno de los nervios más sensibles de cualquier Nación: quién tiene derecho a controlar su territorio. Y en medio del debate sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, Juan Grabois decidió no mirar para otro lado. El diputado de Unión por la Patria protagonizó un fuerte cruce con legisladores de La Libertad Avanza durante el plenario y apuntó contra el oficialismo por la derogación de la Ley de Tierras y por el reciente fallo de la Corte Suprema relacionado con esa normativa. En un recinto donde demasiadas veces los debates sobre soberanía quedan encerrados en discursos protocolares, Grabois llevó la discusión al terreno concreto: la tierra argentina, su propiedad y la posibilidad de que quede cada vez más concentrada en manos extranjeras.

La escena fue tensa. Grabois intervino durante la exposición de Myriam Bregman y cuestionó las interrupciones de legisladores oficialistas. El intercambio subió de temperatura hasta terminar en gritos e insultos, pero el eje político quedó perfectamente expuesto. Grabois apuntó contra la decisión judicial y lanzó una de las frases que marcaron la jornada: “Tienen la Corte comprada”. Se trata de una acusación política formulada por el diputado y no de un hecho judicial acreditado, pero el episodio tiene detrás una discusión institucional concreta. La Corte Suprema dejó sin efecto una resolución que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había derogado la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El máximo tribunal fundamentó su decisión en cuestiones procesales vinculadas con la legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata y la existencia de una controversia judicial que habilitara el tratamiento del caso. No resolvió en ese fallo, en cambio, la constitucionalidad de la extranjerización de tierras como cuestión de fondo.

La tierra no es una mercancía cualquiera

Para Grabois, la discusión no puede quedar reducida a tecnicismos jurídicos. Y ahí aparece el corazón de su intervención: la tierra es territorio y el territorio es soberanía. No se trata simplemente de una propiedad privada más dentro de una economía de mercado. Sobre la tierra están los alimentos, el agua, los bosques, los recursos naturales, las fronteras y buena parte de las capacidades productivas estratégicas de un país. Por eso, el diputado reclamó revertir el DNU 70/2023 y cuestionó la eliminación de las restricciones que durante años limitaron la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. “La gente ya les dijo: extranjerización de la tierra, no”, sostuvo durante el debate.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, había establecido un límite general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y contemplaba restricciones vinculadas con la nacionalidad de los adquirentes y determinadas zonas del territorio. El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó ese régimen. Con el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, esa derogación volvió a quedar operativa. Y ahí aparece una de las grandes contradicciones políticas que Grabois llevó al recinto: mientras el Congreso discute cómo defender la soberanía nacional, el Gobierno sostiene una política de desregulación que elimina herramientas destinadas precisamente a limitar la concentración extranjera del territorio.

La contradicción adquiere todavía más fuerza porque el debate legislativo se desarrolló alrededor de un proyecto denominado Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento incluye cuestiones vinculadas con las Islas Malvinas y con la actividad de empresas británicas en territorios y espacios marítimos argentinos. Es decir, mientras se reivindica la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes, aparece en paralelo una discusión sobre quién puede controlar grandes extensiones del territorio continental argentino. La soberanía no puede reducirse a una bandera, un mapa o una fecha patria: también se expresa en las reglas que determinan quién puede apropiarse de los recursos y del territorio nacional.

Grabois y una pelea que viene de antes

La intervención de Grabois tampoco apareció de la nada. Su actividad parlamentaria viene incorporando distintas iniciativas vinculadas con la defensa del territorio, las comunidades indígenas, los recursos naturales y la presencia de intereses extranjeros en áreas estratégicas. En agosto presentó junto a otros diputados un pedido de informes sobre las medidas adoptadas por el Estado respecto de la posesión y propiedad comunitaria de tierras de las comunidades Kinxikew y Melo, en Neuquén. También impulsó en julio un proyecto para rechazar operaciones de extracción de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte por parte de empresas británicas. Tierra, recursos naturales, comunidades, Malvinas y presencia extranjera forman parte de una misma concepción política de soberanía que el diputado viene llevando al Congreso.

Por eso su reacción frente al debate de la Ley de Tierras tiene una dimensión que excede largamente el episodio parlamentario. Grabois está planteando que la Argentina no puede defender su soberanía en el discurso mientras entrega instrumentos concretos para proteger el territorio. Y esa discusión atraviesa de lleno el modelo económico que impulsa el Gobierno de Milei: un esquema que busca reducir las regulaciones estatales, facilitar la inversión privada y eliminar restricciones que el oficialismo considera obstáculos para la actividad económica.

La cuestión es que no todas las restricciones tienen el mismo significado cuando lo que está en juego es territorio nacional. Un límite a la propiedad extranjera de tierras rurales no es comparable con una regulación administrativa menor. Allí se cruzan producción, recursos naturales, soberanía territorial y seguridad estratégica. Y esa es precisamente la discusión que Grabois decidió poner sobre la mesa cuando el oficialismo pretendía encuadrarla como una cuestión jurídica más.

El planteo adquiere una dimensión todavía mayor cuando se recuerda que Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes. La defensa de la soberanía argentina no puede comenzar y terminar en el Atlántico Sur. También se juega en la Patagonia, en las fronteras, en las cuencas hidrocarburíferas, en los acuíferos, en los bosques, en las tierras productivas y en cada uno de los lugares donde una decisión económica puede determinar quién controla un recurso estratégico.

La soberanía también se pelea dentro del Congreso

En este contexto, el episodio protagonizado por Grabois adquiere un valor político concreto. Mientras otros prefieren administrar el silencio frente a las decisiones del poder, el diputado eligió confrontar. Lo hizo en un Congreso donde el oficialismo pretende avanzar con una agenda de desregulación que alcanza también cuestiones vinculadas con la propiedad y el territorio. Y lo hizo colocando una palabra que el discurso económico libertario suele relegar: soberanía.

La discusión no consiste simplemente en determinar si un ciudadano extranjero puede comprar una determinada parcela. El interrogante más profundo es qué modelo de Nación se quiere construir y qué herramientas conserva el Estado para impedir que la concentración económica termine convirtiéndose también en concentración territorial. Porque una Argentina que pierde capacidad para decidir sobre su tierra, sus recursos y sus áreas estratégicas pierde también margen para decidir sobre su propio futuro.

Desde esa perspectiva, la pelea que Grabois dio en Diputados no es una anécdota. Es una disputa por el sentido mismo de la soberanía nacional. El oficialismo puede defender la eliminación de restricciones como una forma de atraer inversiones. Grabois sostiene que existen límites que un Estado soberano no puede abandonar sin poner en riesgo intereses estratégicos. Ambas posiciones están expresadas políticamente en el Congreso, pero sus consecuencias sobre el territorio argentino son concretas y merecen ser discutidas sin eufemismos.

Y ahí estuvo el coraje de Grabois: en un Congreso donde el poder económico, el oficialismo y sus aliados intentan naturalizar que la tierra argentina pueda quedar cada vez más sometida a intereses extranjeros, el diputado eligió levantar la voz y ponerle nombre al conflicto. No habló de la tierra como una mercancía cualquiera. Habló de territorio, de soberanía y de Nación.

Podrán intentar convertir la discusión en un expediente judicial, en una cuestión técnica o en una pelea parlamentaria más. Grabois hizo algo diferente: recordó que detrás de cada hectárea hay una parte concreta de la Argentina y que defenderla también es defender la soberanía. En tiempos en los que el Gobierno de Javier Milei avanza sobre herramientas históricas de regulación estatal, plantarse frente a esa lógica y llevar la discusión al Congreso no es un gesto menor: es disputar qué cosas pueden quedar libradas al mercado y cuáles deben permanecer bajo la protección del interés nacional.

Porque la soberanía no se declama solamente frente a un mapa de Malvinas. También se defiende sobre la tierra firme. Y Grabois eligió pelearla de frente, sin pedir permiso y sin aceptar que la entrega del territorio sea presentada como una simple consecuencia inevitable del mercado.

Argentina no discute solamente una ley. Discute qué entiende por soberanía. Y esta vez, en el Congreso, hubo un diputado dispuesto a levantar la voz para defenderla.

Grabois podrá ser una figura incómoda para el poder. Precisamente por eso su intervención merece ser escuchada. Porque cuando la discusión toca la tierra, los recursos naturales y la capacidad de una Nación para decidir sobre su propio territorio, callarse también es tomar posición.