Una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso cifras a una operación financiera del Banco Central que terminó con un resultado negativo de US$1.023 millones. Bajo la conducción de Santiago Bausili, la autoridad monetaria utilizó instrumentos derivados vinculados al oro de las reservas y el resultado fue adverso. Mientras el Gobierno de Javier Milei presenta cada recorte como una necesidad inevitable para ordenar las cuentas públicas, la pérdida obliga a examinar las decisiones de quienes administran el patrimonio nacional, los controles sobre esas operaciones y la responsabilidad política por sus consecuencias.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Hay cifras que, por su magnitud, corren el riesgo de convertirse en una abstracción. Mil millones de dólares pueden parecer un número lejano, encerrado en balances, contratos financieros y discusiones entre funcionarios. Pero cuando se trata de recursos públicos, esa distancia es engañosa: estamos hablando de una suma extraordinaria de divisas que el país necesita para fortalecer sus reservas, afrontar compromisos externos y sostener una economía que funciona bajo la presión permanente de la escasez de dólares. Y es precisamente por eso que el informe sobre las operaciones con oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) merece una discusión que vaya mucho más allá de las planillas contables. Según la auditoría difundida por la AGN, durante 2025 la entidad registró una pérdida de US$1.023 millones en operaciones financieras vinculadas al oro de sus reservas, bajo la conducción de su presidente, Santiago Bausili. La pregunta no es solamente cuánto se perdió: es por qué se asumió ese riesgo, quién autorizó la estrategia, qué controles se aplicaron y cómo se explica semejante resultado en un país donde el Gobierno convirtió el ajuste en el argumento central de su política económica.
US$1.023 millones: cuando el error se mide en recursos nacionales
La información que revelan las conclusiones de la AGN, describe una operatoria en la que el Banco Central tomó posiciones financieras vinculadas a la evolución del precio internacional del oro. El resultado no fue el esperado: las operaciones de derivados arrojaron un saldo negativo y se registraron, además, costos asociados a primas de opciones. La cifra informada por la auditoría asciende a $1,5 billones, equivalentes a US$1.023 millones, con componentes que incluyen aproximadamente US$960 millones de resultado negativo y US$62,8 millones en primas. El informe señaló, además, que nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud en las auditorías de los estados contables del BCRA ni se habían utilizado antes reservas físicas de oro para operaciones de riesgo de estas características. No se trata, por lo tanto, de una diferencia menor en una cuenta secundaria: estamos ante una decisión financiera cuyo resultado adverso merece una explicación pública exhaustiva.
Conviene hacer una distinción fundamental para entender la dimensión del episodio. Durante 2025, la suba internacional del oro incrementó en más de $8 billones el valor patrimonial de las tenencias del metal. Pero esa revalorización no significa que la operación financiera haya sido exitosa ni permite borrar automáticamente sus pérdidas. El oro podía aumentar de precio por el comportamiento del mercado internacional independientemente de que el Banco Central decidiera utilizarlo como respaldo de contratos financieros. Son dos resultados diferentes: por un lado, el aumento del valor del activo que el país ya tenía; por el otro, el saldo negativo de las operaciones realizadas con ese activo. La AGN cuestionó precisamente la magnitud de la pérdida derivada de esa operatoria y el riesgo asumido. Mezclar ambos resultados para presentar una cifra patrimonial global más favorable no responde la pregunta esencial: ¿qué beneficio concreto obtuvo el país por asumir un riesgo que terminó costándole más de mil millones de dólares?
El Banco Central, por su parte, rechazó la interpretación de la AGN y sostuvo que la posición en oro, considerando las coberturas, arrojó una ganancia neta de US$2.505 millones. Esa respuesta forma parte de la controversia y debe ser considerada, pero no sustituye la necesidad de explicar en detalle cómo se llega a cada resultado, qué operaciones se incluyen en cada cálculo y cuáles fueron sus efectos efectivos sobre las reservas. La discusión técnica no puede clausurarse con una declaración del organismo auditado ni con una cifra agregada favorable: cuando se administran activos públicos, la transparencia debe permitir reconstruir la operatoria y evaluar si la decisión fue razonable. La auditoría de los estados contables consideró razonable la situación patrimonial de la entidad en sus aspectos técnicos, pero formuló observaciones específicas sobre las operaciones vinculadas al oro. Ambas conclusiones deben leerse juntas, sin convertir la aprobación contable en un certificado de buena gestión financiera.
El ajuste para millones, el riesgo en manos de unos pocos
La dimensión política de esta historia aparece con toda su fuerza cuando se la coloca en el contexto de la administración de Milei. El Gobierno construyó su programa económico alrededor de la reducción del gasto, la contracción de partidas públicas y la idea de que no existen recursos suficientes para sostener determinadas políticas sociales. Jubilados, trabajadores estatales, universidades, organismos científicos, personas con discapacidad y sectores productivos vienen discutiendo las consecuencias de ese rumbo. Cada partida presupuestaria se convierte en una disputa sobre qué necesidades deben atenderse y cuáles pueden quedar postergadas. En ese escenario, conocer que una operación financiera del Banco Central terminó con un resultado negativo de US$1.023 millones no es un dato aislado: obliga a contrastar el discurso de la austeridad con la manera en que se administran los activos estratégicos del país.
Para comprender qué significa semejante suma, alcanza con traducirla a una escala cotidiana. Son más de mil millones de dólares que deben analizarse como parte de la gestión de recursos nacionales, no como una cifra abstracta que solamente interesa a operadores bursátiles. Es una magnitud capaz de modificar sustancialmente la discusión sobre prioridades presupuestarias, necesidades de financiamiento y disponibilidad de divisas. No corresponde afirmar que ese dinero podía destinarse automáticamente a una partida determinada: las reservas del Banco Central no son una caja presupuestaria de libre disponibilidad y las decisiones sobre su utilización tienen restricciones monetarias, contables y legales. Pero sí corresponde exigir que el Gobierno explique por qué se aceptó una exposición financiera de semejante escala y qué justificación económica puede ofrecer frente al resultado informado por la auditoría.
Ahí reside la contradicción que la administración Milei debe enfrentar. Cuando se trata de sostener ingresos previsionales, financiar universidades públicas, garantizar prestaciones para personas con discapacidad o apuntalar la producción nacional, el discurso oficial suele presentar el equilibrio fiscal como una frontera infranqueable. Sin embargo, cuando se trata de decisiones financieras complejas, los ciudadanos tienen derecho a conocer qué riesgos se tomaron, qué beneficios se buscaban y cómo se evalúa el desempeño de quienes estuvieron a cargo. No es lo mismo discutir una inversión que sale mal después de un análisis razonable que aceptar una operación de riesgo sin controles adecuados o sin una explicación convincente de su conveniencia. La responsabilidad pública exige precisamente distinguir esas situaciones y determinar cuál fue la que ocurrió en este caso.
La cuestión, por lo tanto, no consiste en sostener que toda pérdida financiera demuestra por sí sola una irregularidad. Los mercados fluctúan, las coberturas pueden arrojar resultados adversos y una operación puede terminar mal sin que eso constituya automáticamente un delito. Lo que vuelve especialmente relevante este episodio es la combinación entre el tamaño del resultado negativo, la utilización de reservas físicas de oro como respaldo y la obligación de rendir cuentas sobre una estrategia adoptada desde una institución fundamental para la estabilidad económica. Si el Gobierno exige sacrificios a la sociedad en nombre de la responsabilidad fiscal, también debe demostrar que sus propios funcionarios administran el patrimonio público con criterios verificables, controles suficientes y una relación razonable entre riesgo y beneficio.
El oro salió del país y las preguntas siguen abiertas
La controversia tampoco comienza ni termina con los contratos financieros. El traslado de parte de las reservas de oro al exterior, realizado en 2024, arrastra interrogantes sobre su destino, las condiciones de custodia y los beneficios que el Banco Central esperaba obtener. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, había defendido la posibilidad de conseguir un rendimiento financiero en lugar de mantener el metal inmovilizado en las bóvedas locales. En septiembre de 2026, Bausili sostuvo ante el Senado que parte del oro estaba depositada en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales. La AGN, sin embargo, había advertido dificultades y demoras para acceder a información necesaria para examinar la trazabilidad de esas reservas. El organismo de control anunció, además, una evaluación específica sobre la gestión del oro físico, destinada a determinar el procedimiento seguido para su traslado, su destino y el eventual beneficio de la operación. Ese examen debe diferenciarse de la auditoría contable que ahora expuso las pérdidas financieras.
La distinción es decisiva porque la existencia de una pérdida en derivados no demuestra, por sí sola, que haya desaparecido oro físico ni permite concluir que el traslado al exterior haya generado exactamente ese perjuicio. Son cuestiones relacionadas, pero diferentes. Una investigación debe establecer qué parte de las reservas se utilizó como respaldo, cuáles fueron las condiciones contractuales, qué contrapartes participaron, cómo se calcularon los resultados y qué documentación permite seguir cada movimiento. También debe aclarar qué información recibió el directorio del BCRA, qué mecanismos de supervisión estuvieron vigentes y por qué la operación fue considerada conveniente. Si las autoridades sostienen que la estrategia tenía una finalidad de cobertura, deben explicar qué riesgo pretendían cubrir y por qué el resultado informado por la AGN fue tan adverso. La ciudadanía no puede quedar atrapada entre tecnicismos financieros y versiones contrapuestas mientras se discute el destino de activos que pertenecen al país.
La responsabilidad institucional de Santiago Bausili y la responsabilidad política del Gobierno de Milei deben examinarse a partir de esos hechos concretos. Bausili conduce el organismo que ejecutó las operaciones; Caputo encabeza el Ministerio de Economía y defendió públicamente el aprovechamiento financiero del oro; Milei es el presidente de una administración que convirtió el ordenamiento económico en una de sus principales banderas. Determinar quién tomó cada decisión, cuáles fueron las instancias de aprobación y qué controles se aplicaron es indispensable para establecer responsabilidades precisas. No alcanza con invocar la complejidad de los mercados ni con responder a las observaciones de los auditores atribuyéndoles intenciones políticas. Una controversia técnica de semejante magnitud se resuelve con contratos, registros, cálculos verificables y explicaciones documentadas.
La discusión de fondo es mucho más amplia que una operación que salió mal. El oro constituye un activo estratégico, y las reservas internacionales cumplen una función central en la capacidad del país para enfrentar obligaciones externas y episodios de tensión cambiaria. Administrarlas supone asumir decisiones técnicas, pero también respetar una obligación política elemental: el patrimonio público no puede convertirse en una caja negra reservada a un círculo de funcionarios y especialistas. Si se decide utilizar activos estratégicos como respaldo de operaciones de riesgo, deben existir fundamentos claros, mecanismos de control y una rendición de cuentas que permita conocer tanto los beneficios como las pérdidas. El secreto comercial o la seguridad de las reservas no pueden funcionar como una excusa general para impedir cualquier evaluación independiente.
La auditoría difundida esta semana deja una pregunta que el Gobierno todavía debe responder de manera convincente: ¿qué ganó concretamente la Argentina con esta operatoria, qué riesgo aceptó y por qué el resultado informado fue tan desfavorable? La respuesta no puede reducirse a comparar la pérdida con la valorización del oro ni a presentar un saldo global que oculte las diferencias entre ambos fenómenos. Debe explicar la estrategia, los contratos, los controles y las consecuencias efectivas para el patrimonio del Banco Central. También debe precisar cómo se compatibiliza esa decisión con un programa económico que exige disciplina estricta cuando se discuten las necesidades de millones de argentinos.
Porque los recursos públicos no son una ficha abstracta dentro de un tablero financiero. Son parte de la capacidad económica de una nación y de las herramientas con las que cuenta para afrontar sus compromisos. Si el ajuste se presenta como inevitable para los ciudadanos, la administración de los activos nacionales debe estar sometida a una exigencia todavía mayor de transparencia y responsabilidad. Los sacrificios que se reclaman a la sociedad no pueden convivir con explicaciones insuficientes sobre operaciones financieras que, según la AGN, dejaron una pérdida superior a los mil millones de dólares. El Gobierno tiene la obligación de aclarar qué ocurrió, quién decidió y qué mecanismos impedirán que una operación semejante vuelva a comprometer recursos estratégicos sin una justificación pública convincente.
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