La senadora neuquina de La Libertad Avanza quedó nuevamente en el centro de la polémica. Su antecedente judicial por la comercialización de certificados educativos sin validez oficial, las restricciones que le impone la Ley de Ficha Limpia de Neuquén y los interrogantes sobre el financiamiento del monumental templo evangélico de su familia exponen una trama donde se cruzan religión, política, negocios e influencia institucional.
Por Roque Pérez para NLI
La inauguración de un monumental templo evangélico en Neuquén, encabezada por Milei, terminó poniendo bajo los reflectores a una de las figuras más controvertidas de La Libertad Avanza en la Patagonia: la senadora Nadia Márquez. La dirigente no solamente es una de las principales referentes libertarias de la provincia. También es hija del pastor Hugo Márquez, titular de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, la institución religiosa cuyo nuevo auditorio fue inaugurado por el Presidente. Su trayectoria política está estrechamente vinculada con el movimiento evangélico y con las estructuras educativas de esa comunidad.
La ceremonia presidencial, presentada por Milei como una demostración de la capacidad de organización de la sociedad civil sin intervención estatal, abrió una pregunta bastante menos celebratoria: ¿de dónde salieron exactamente los recursos para construir semejante complejo y cuánto dinero demandó la obra?
El interrogante no es menor. Se trata de un emprendimiento de dimensiones extraordinarias, con un auditorio preparado para recibir a unas 4.000 personas, una escuela con capacidad para aproximadamente 1.700 alumnos y una clínica que contempla 30 especialidades médicas. Una infraestructura de semejante magnitud requiere inversiones millonarias, pero sus responsables no informaron públicamente una cifra consolidada sobre el costo total ni presentaron una reconstrucción integral de las fuentes de financiamiento.
El administrador del templo, David Schlereth, explicó a C5N que los recursos provinieron de integrantes de la congregación y que una parte inicial se obtuvo mediante la venta de propiedades que habían sido donadas por vecinos de Neuquén. Según su explicación, la construcción se financió con aportes de la comunidad religiosa, sin contribuciones estatales ni extranjeras.
Sin embargo, cuando fue consultado sobre cuánto costó finalmente la construcción, reconoció que todavía no tenían el número. Argumentó que una obra desarrollada durante quince años no resultaba sencilla de contabilizar y sostuvo que, por tratarse de una institución privada, no tenían obligación de brindar explicaciones.
La respuesta deja planteado un problema evidente: si hubo propiedades donadas, operaciones inmobiliarias y aportes de miles de integrantes de una congregación durante quince años, ¿dónde está la reconstrucción contable de semejante emprendimiento? No hay una versión oficial sobre el financiamiento, sin balances, registros de donaciones, operaciones inmobiliarias y costos de obra resulta imposible verificarla integralmente.
La concejala neuquina Julieta Katcoff, del PTS, expresó sus cuestionamientos por la velocidad con la que avanzó la construcción durante los últimos años. En la misma línea, el exdiputado provincial Andrés Blanco, también del PTS, recordó que desde sus bancas habían presentado pedidos de informes sobre los fondos destinados a instituciones educativas privadas y sobre los recursos provinciales vinculados con entidades religiosas, sin obtener respuestas satisfactorias.
Y en esa trama aparece una figura política que tiene mucho más que un vínculo familiar con la institución.
Una causa por estafa, certificados sin validez y una probation
El antecedente judicial de la senadora no es un rumor ni una controversia surgida a partir de su incorporación al oficialismo. Tiene un expediente concreto y una historia que merece ser conocida.
En 2013, Nadia Márquez accedió a una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, en una causa relacionada con la entrega de certificados educativos de una supuesta universidad cristiana que no contaban con reconocimiento oficial.
El expediente, identificado como 6982/13, investigaba hechos vinculados con la comercialización de certificaciones educativas sin validez provincial ni nacional. Entre las instituciones mencionadas en las informaciones periodísticas sobre el caso figuraban el Instituto Cristiano Internacional y estructuras educativas vinculadas con la formación religiosa.
La trayectoria judicial tuvo distintas instancias. Márquez había obtenido inicialmente un sobreseimiento junto con otros involucrados, pero esa resolución fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. El proceso continuó y finalmente, en 2013, la dirigente obtuvo el beneficio de la probation, evitando llegar a un juicio oral.
Entre las condiciones impuestas figuraba la entrega mensual de cinco litros de leche a ASER, una organización dedicada a la rehabilitación de personas con problemas de adicciones. Las obligaciones se extendieron hasta 2016, cuando la causa quedó cerrada mediante el correspondiente sobreseimiento.
El episodio adquirió una nueva dimensión en 2025, cuando la Legislatura neuquina aprobó la Ley 3498 de Ficha Limpia. La norma incorporó expresamente entre las causales de inhabilitación electoral a las personas beneficiadas con una suspensión del juicio a prueba por determinados delitos dolosos y supuestos vinculados con la Administración pública.
El artículo 2, inciso i, establece que esa restricción perdura incluso después de transcurrido el plazo de la probation y le atribuye carácter perpetuo.
La consecuencia política es significativa: el antecedente judicial de Márquez constituye un impedimento para postularse a cargos electivos provinciales bajo el régimen establecido por la legislación neuquina, de acuerdo con la interpretación que han señalado las publicaciones que reconstruyeron su trayectoria.
Así, una dirigente que llegó al Congreso de la Nación bajo el sello libertario enfrenta una restricción que podría condicionar sus aspiraciones políticas en su propia provincia, donde su nombre aparece asociado a las especulaciones sobre la disputa por la gobernación en 2027.
La Casa de las Leyes y una denuncia por presunto peculado
A ese historial se sumó otro episodio que también merece atención. En diciembre de 2024, el abogado y exdiputado provincial Mariano Mansilla presentó una denuncia penal vinculada con el presunto uso de instalaciones de la Casa de las Leyes de Neuquén para actividades partidarias y religiosas relacionadas con Nadia Márquez.
La acusación apuntaba a un posible delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal, e involucraba también a Pablo Ruiz, quien se desempeñaba como coordinador del complejo.
Según Mansilla, el edificio público habría sido utilizado como una suerte de base de actividades de La Libertad Avanza, además de albergar encuentros religiosos. El abogado sostuvo que contaba con fotografías, videos y testimonios de trabajadores para respaldar su presentación.
Márquez rechazó que el lugar funcionara como un búnker partidario, aunque reconoció que había utilizado sus instalaciones para atender vecinos y realizar reuniones. Sostuvo que disponer de un espacio para esas actividades no implicaba necesariamente un uso irregular.
El poder evangélico y los vínculos con el Estado
El caso del templo inaugurado por Milei tampoco puede analizarse aisladamente de la creciente articulación entre el Gobierno libertario y las organizaciones evangélicas.
El padre de la senadora, Hugo Márquez, es una figura de relevancia dentro del movimiento evangélico y estuvo vinculado a la conducción de organizaciones religiosas nacionales. La propia Nadia Márquez es pastora de Jesús es Rey e integró la comisión directiva del colegio AMEN, la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina, una institución educativa privada que recibe subsidios estatales.
Esta relación entre instituciones religiosas, establecimientos educativos y recursos públicos tiene antecedentes concretos durante la administración de Javier Milei.
En febrero de 2024, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, firmó un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) por 177,5 millones de pesos. El acuerdo contemplaba la compra de módulos alimentarios para asistir a unas 36.150 personas mediante 723 puntos de entrega.
La relación con la familia Márquez merece una precisión: el convenio fue firmado con ACIERA y no constituye evidencia de que esos fondos hayan financiado la construcción del templo Jesús es Rey. Tampoco demuestra una transferencia irregular a la familia de la senadora. Pero sí documenta que las organizaciones evangélicas mantienen una relación concreta con el Estado y administran programas que involucran recursos públicos.
A su vez, el colegio AMEN recibe subsidios estatales, circunstancia que vuelve pertinente conocer los mecanismos de control, los aportes recibidos y la administración de los recursos de una institución vinculada con la trayectoria de la senadora.
La pregunta no es si una iglesia tiene derecho a construir un templo o si una comunidad religiosa puede financiar sus actividades. Tiene todo el derecho. La pregunta es qué nivel de transparencia existe cuando alrededor de esas instituciones se cruzan dirigentes políticos, establecimientos educativos subsidiados, convenios estatales y figuras que ocupan cargos de representación pública.
Milei fue a inaugurar el templo, pero las preguntas siguen abiertas
La presencia de Javier Milei en la inauguración del auditorio no fue un acontecimiento institucional menor. El Presidente eligió participar personalmente de la apertura de una obra perteneciente a la familia de una de sus principales dirigentes en Neuquén, una provincia estratégica por Vaca Muerta y por la disputa política que se proyecta hacia 2027.
Durante el acto, Milei elogió la capacidad de organización de la comunidad religiosa y presentó el complejo como una demostración de lo que puede conseguir la sociedad civil sin intervención estatal.
Sin embargo, esa celebración quedó atravesada por una contradicción que merece ser examinada: el Gobierno reivindica la transparencia y la eliminación de intermediarios en el manejo de los recursos públicos, pero acompaña políticamente a organizaciones cuyo financiamiento y relaciones institucionales todavía presentan interrogantes que merecen respuestas documentadas.
El pastor David Schlereth sostuvo que el dinero provino de los miembros de la congregación, de donaciones de propiedades posteriormente vendidas y de aportes realizados a lo largo de los quince años que demandó la construcción. Pero todavía no se conoce el costo definitivo del emprendimiento ni existe una reconstrucción pública integral de todas las operaciones que lo hicieron posible.
Hay preguntas concretas que deberían tener respuesta: cuánto costó el complejo, qué propiedades fueron donadas, quiénes fueron sus donantes, cuándo se vendieron, por qué valores y cómo se contabilizaron los ingresos y egresos durante los distintos períodos de construcción. También corresponde conocer si las entidades educativas y sanitarias vinculadas al complejo recibieron aportes estatales y bajo qué condiciones.
La historia de Nadia Márquez reúne cuestiones que el oficialismo debería estar interesado en aclarar: una causa judicial que terminó mediante probation, una legislación provincial que contempla expresamente ese antecedente como causal de inhabilitación electoral, una denuncia por presunto uso irregular de instalaciones públicas y una institución religiosa familiar cuya monumental obra todavía no tiene un costo total públicamente informado.
Milei llegó a Neuquén para celebrar una construcción que presentó como ejemplo de organización comunitaria. Pero la fotografía de la inauguración dejó expuesta otra dimensión: la creciente influencia de los referentes religiosos en la estructura política libertaria y la necesidad de conocer con precisión cómo se financian, qué vínculos mantienen con el Estado y qué controles existen sobre sus actividades.
La fe no puede ser una cobertura para eludir controles. La condición de institución privada tampoco puede utilizarse como argumento para cerrar cualquier discusión sobre relaciones con el poder y recursos públicos.
Cuando religión, política y dinero se cruzan, las explicaciones no pueden quedar libradas a la confianza. Se necesitan documentos, controles y rendición de cuentas. Y eso vale también para quienes hoy gobiernan en nombre de la transparencia.
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