A un año del inicio del juicio, las dos patas de la acusación contra Cristina Kirchner, los cuadernos de Centeno y las confesiones de los arrepentidos, acumulan denuncias de presiones, pericias que detectaron adulteraciones y declaraciones que nadie puede repreguntar. El tribunal ya rechazó las nulidades y dejó para el final el pedido de investigar a Stornelli.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
El 6 de noviembre se cumplió un año del inicio del juicio oral por la causa Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal 7, en Comodoro Py. En el banquillo están Cristina Kirchner, a quien la fiscalía acusa de ser la jefa de una asociación ilícita, y otros 85 acusados entre exfuncionarios, empresarios, financistas y choferes. Ella lo niega. El debate se hace los martes y jueves, más de la mitad de los testigos todavía no declaró y el juicio va a durar, como mínimo, un año más.
La acusación se apoya en dos pilares: las anotaciones del chofer Oscar Centeno y las confesiones de los empresarios y exfuncionarios que en 2018, en el juzgado del fallecido Claudio Bonadio y ante el fiscal Carlos Stornelli, aceptaron declarar como «arrepentidos». Las dos patas llegan al juicio con grietas que se vienen acumulando desde hace años.
Los arrepentidos que se arrepienten
Durante las indagatorias, varios acusados dijeron ante el tribunal que mintieron en 2018 para no quedar presos. Según el recuento que hizo la periodista Irina Hauser, fueron 27, entre exfuncionarios y empresarios, los que relataron presiones dentro y fuera de los tribunales cuando arrancó la causa. Es una cuenta periodística, no oficial, y no todos eran arrepentidos: algunos denunciaron que los presionaron para que lo fueran y se negaron.
El caso más contundente es el de Mario Rovella, de la constructora Rovella Carranza. Un día antes de declarar ante Bonadio, fue a una escribanía y dejó asentado que iba a reconocer cosas que no había hecho porque, si las negaba, quedaba detenido. La escritura quedó guardada en un sobre cerrado y lacrado hasta que su defensa la entregó al tribunal, junto con un pedido de nulidad de su declaración. El geólogo Guillermo Escolar contó que, después de declarar, él y otros involucrados también dejaron constancia ante escribano de que lo que habían dicho no era cierto. Daniel Pitón admitió que mintió en la instrucción para evitar la detención: «Lo que dije fue para no quedarme ahí preso».
Del lado de los exfuncionarios, Hernán Gómez, de la Subsecretaría de Coordinación de Planificación, contó que estuvo detenido cinco meses, denunció presiones para que se arrepintiera y dijo que la única prueba en su contra eran «fotocopias de un cuaderno». Y no solo hablaron imputados: Julio César Silva, el encargado del edificio donde vivía Cristina, dijo que lo presionaron con la frase «no te olvides nunca que vos tenés dos hijas» y que terminó firmando algo que no era cierto, como contó NLI en mayo.
Todo esto son denuncias de los propios acusados y de un testigo, y así hay que leerlas. Pero el tribunal ya tomó posición sobre el fondo: en marzo rechazó los planteos sobre las presiones ejercidas con las detenciones y se remitió a resoluciones anteriores que avalaron cómo se aplicó la ley. Cuando las defensas pidieron que se investigue a Stornelli por coacción, los jueces respondieron que lo van a resolver al final del juicio. Stornelli sigue siendo fiscal.
Los que no contestan
Del otro lado están los arrepentidos que sostienen la acusación, y que en el juicio eligieron el silencio. Centeno, el financista Ernesto Clarens, Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio no respondieron preguntas. El 26 de marzo, el tribunal rechazó los pedidos de nulidad y habilitó que sus declaraciones de 2018 entren al juicio por lectura, como prueba.
El resultado es que esas confesiones valen, pero nadie puede repreguntarlas. Las defensas no pueden confrontar a quienes acusan a sus clientes. Es una rareza difícil de explicar en un juicio oral, donde la regla es que la prueba se discuta frente a frente.
Confesiones sin grabar
A eso se suma un problema de origen. La ley del arrepentido, la 27.304, impulsada por Mauricio Macri y sancionada en 2016, dice en su artículo 6 que las declaraciones de los arrepentidos «deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior». En 2020, el propio juzgado certificó que no había registros fílmicos ni digitales de esas declaraciones: Bonadio no los había ordenado y todo quedó en actas escritas, como cualquier indagatoria.
La Cámara Federal de Casación terminó convalidando las actas. Pero en el mismo fallo los jueces advirtieron que la falta de registro podía incidir en el peso que se le diera a esas declaraciones en las etapas siguientes. Esa etapa es la de ahora.
Los cuadernos que se quemaron y volvieron
El otro pilar tiene una historia todavía más rara. En agosto de 2018, Centeno declaró ante Bonadio que había quemado sus ocho cuadernos «en la parrilla del fondo» de su casa. La causa avanzó con las fotocopias que había aportado el periodista de La Nación Diego Cabot. En octubre de 2019, a cuatro días de las elecciones presidenciales, Cabot le entregó a Stornelli seis de los ocho cuadernos «originales», que según su relato le había dado un desconocido en un encuentro de treinta segundos. En el juicio, Cabot contó que la primera vez los había recibido de un vecino suyo: Jorge Bacigalupo, policía retirado y amigo de Centeno, que los tuvo guardados.
La letra de Bacigalupo
Ahí empieza el capítulo de las pericias. En 2022, a partir de una denuncia del empresario Armando Loson, una pericia oficial sobre las copias digitales detectó más de 1.600 alteraciones en tres de los cuadernos. En 2023, la División Scopometría de la Policía Federal determinó que las sobreescrituras denunciadas, con «leyendas agregadas y enmendadas», eran de la letra de Bacigalupo. El hombre que guardó los cuadernos había escrito sobre ellos.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a Bacigalupo por encubrimiento agravado y falsificación de documento. La Cámara Federal le revocó el procesamiento. Con nuevas pericias, el juez lo volvió a procesar en noviembre de 2025: concluyó que había intervenido en enmiendas, agregados y correcciones, sobre todo en los cuadernos 4 y 7, reemplazando, por ejemplo, el nombre «Marcelo» por «Armando» e insertando el rótulo «Ing. Ferreyra» en una anotación de 2008.
Este año, los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia volvieron a revocar el procesamiento: dijeron que las pruebas no alcanzaban para atribuirle la autoría y pidieron una pericia sobre los cuadernos originales, que están bajo custodia del Tribunal Oral Federal 7. Lo que no negaron es que hubo alteraciones: lo que está en discusión es quién las hizo. Según Tiempo Argentino, Bertuzzi y Bruglia son además los camaristas que en su momento convalidaron, ante múltiples planteos, las actas de los arrepentidos. Y según el mismo diario, Martínez de Giorgi encargó esa pericia a la Gendarmería en junio y le pidió los originales al tribunal oral, que no contestó el oficio ni su reiteración.
Y en agosto, como contó NLI a partir de una investigación del periodista Raúl Kollmann en Página/12, una pericia sobre material vinculado a Jésica Cirio hizo aparecer imágenes de los cuadernos de Centeno debajo de archivos borrados. Todavía nadie explicó cómo llegaron ahí.
Las preguntas que quedan
¿Cuánto vale una confesión que su autor dice que hizo para no ir preso, y que dejó por escrito ante escribano el día anterior? ¿Cuánto vale la de un arrepentido que no acepta preguntas? ¿Cuánto vale un cuaderno que una pericia oficial dice que fue reescrito por el hombre que lo guardaba? ¿Y por qué el tribunal que tiene los originales no los manda a peritar?
Un año después, el juicio Cuadernos sigue adelante como si nada. Pero cada audiencia deja más claro que la causa no se sostiene en lo que se probó, sino en lo que todavía nadie se animó a revisar.
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