La Suprema Corte apartó de su cargo a un funcionario judicial referente de Macri

La Suprema Corte bonaerense dispuso el cese de funciones de Miguel Ángel Del Riego, director de Mandamientos y Notificaciones, tras una acumulación de denuncias por violencia laboral, hostigamiento y prácticas antisindicales. El caso vuelve a poner en escena vínculos políticos y antecedentes que ya habían sido señalados años atrás, en plena expansión del macrismo en la Provincia.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La decisión, tomada esta misma semana, no deja lugar a interpretaciones livianas: la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar a Miguel Ángel Del Riego de su cargo en medio de un escenario cargado de denuncias por abuso de poder dentro del propio Poder Judicial. La medida se produjo luego de un proceso en el que confluyeron presentaciones gremiales, testimonios de trabajadores y un sumario administrativo en curso.

Detrás del fallo hay un dato central que incomoda: no se trata de un caso aislado ni de un episodio reciente. Según surge de las actuaciones, las denuncias contra Del Riego se remontan al menos a 2023 y describen un patrón sostenido de hostigamiento, persecución laboral y maniobras contra la organización sindical.

Un entramado de violencia laboral dentro del poder judicial

Uno de los casos más graves que detonó la intervención de la Corte fue el de una trabajadora con esclerosis múltiple que denunció un trato sistemáticamente degradante. La empleada relató que, tras la llegada de Del Riego a la dirección, comenzó a recibir exigencias incompatibles con su condición de salud, además de órdenes fuera de horario laboral y una progresiva marginación de sus tareas.

El cuadro se agravó con prácticas que no sólo afectaban a esa trabajadora sino a decenas de empleados judiciales: cambios arbitrarios en funciones, apertura de sumarios como mecanismo de presión y desplazamientos sin justificación. Incluso, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) señalaron intentos explícitos de debilitar la representación gremial dentro del organismo.

No es menor el volumen de testimonios: más de 130 trabajadores declararon en el expediente, lo que terminó por consolidar la gravedad institucional del caso.

La resolución de la Corte, en ese contexto, fue categórica: apartamiento inmediato del funcionario mientras continúan los sumarios administrativos. Una decisión que el propio gremio calificó como “trascendente” porque fija un límite claro frente a la violencia laboral dentro del sistema judicial.

Antecedentes políticos y un nombre que ya había aparecido

Pero la historia de Del Riego no empieza en estas denuncias. Ya en 2020, una investigación publicada por NLI había señalado su cercanía política con el entramado del PRO en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el esquema que orbitaba alrededor de Mauricio Macri y el exintendente platense Julio Garro.

Aquella nota exponía una contratación directa millonaria vinculada a Del Riego, en un contexto donde el macrismo consolidaba una red de funcionarios y operadores con fuerte inserción en distintas áreas del Estado. El dato no era menor: mostraba cómo ciertos perfiles técnicos se convertían en piezas políticas dentro de un esquema de poder más amplio.

Hoy, seis años después, ese mismo nombre vuelve a aparecer, pero ya no asociado a negocios o contrataciones, sino a prácticas de disciplinamiento interno y abuso dentro del propio Poder Judicial.

La pregunta que surge, inevitable, es si estos perfiles —forjados en lógicas de gestión política durante el macrismo— trasladaron esas mismas prácticas al funcionamiento cotidiano del Estado.

Más que un caso individual

El apartamiento de Del Riego no puede leerse como un hecho aislado. Expone, en cambio, una problemática estructural: la persistencia de formas de conducción autoritaria dentro de organismos públicos, incluso en ámbitos que deberían garantizar derechos y equilibrio institucional.

También deja en evidencia la importancia de la organización sindical y la denuncia colectiva. Sin la intervención de la AJB y sin el respaldo de decenas de trabajadores, difícilmente el caso hubiera escalado hasta la Corte. En tiempos donde el discurso oficial insiste en la eficiencia y el achique del Estado, el caso Del Riego muestra otra cara: la de un Estado que, cuando se desregula y se vacía de controles, puede convertirse en un espacio de abuso, precarización y violencia.

Y ahí es donde la Justicia —muchas veces señalada por su inercia— termina actuando no por convicción institucional, sino por presión social y acumulación de pruebas. El fallo, entonces, no sólo aparta a un funcionario. También deja una advertencia: incluso dentro de estructuras históricamente cerradas, los límites existen. Y cuando se cruzan, el costo político y judicial puede llegar, aunque sea tarde.