De la Argentina industrial del primer peronismo al ajuste de Javier Milei: 80 años de crecimiento, crisis, endeudamiento y desindustrialización. Los datos históricos cuestionan el mito de los 80 años de peronismo y exponen el costo de los modelos liberales.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
Hay una pregunta que atraviesa la historia económica argentina y que vuelve a cobrar fuerza cada vez que el país entra en crisis: ¿cómo pudo una nación que llegó a tener un ingreso por habitante muy superior al promedio mundial terminar perdiendo buena parte de su posición relativa? La pregunta no es solamente económica. También es política, social y cultural, porque detrás de cada período de crecimiento o caída hubo decisiones sobre quiénes se apropiaron de la riqueza, qué lugar ocupó el trabajo, cuánto se invirtió en la producción nacional y qué papel desempeñó el Estado.
Un gráfico difundido por el economista serbo-estadounidense Branko Milanović y retomado por el historiador Ezequiel Adamovsky vuelve a poner el tema sobre la mesa. Según esta serie, que compara el ingreso por habitante de cada país con el promedio mundial ajustando las diferencias de poder adquisitivo, la Argentina llegó en 1955 a tener un ingreso per cápita un 70% superior al promedio del planeta. Siete décadas después, esa ventaja desapareció: el ingreso por habitante argentino se ubica actualmente en torno al promedio mundial, incluso algo por debajo. En otras palabras, la Argentina perdió la posición privilegiada que supo ocupar en la economía mundial, un retroceso histórico que permite dimensionar la magnitud de su decadencia relativa.
El dato central es otro: la decadencia argentina no puede explicarse con una consigna partidaria ni con una cuenta que atribuya todos los problemas a los años de peronismo. Por el contrario, como plantea Adamovsky en su artículo publicado por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), durante buena parte de la historia nacional también gobernaron militares, radicales y administraciones peronistas que aplicaron políticas económicas ortodoxas. Para entender lo que ocurrió hay que mirar los modelos, sus resultados y los intereses sociales que defendieron.
1946-1955: la industria nacional y el ascenso de los trabajadores
La Argentina de mediados del siglo XX estaba atravesando una transformación profunda. El modelo agroexportador, que había generado una enorme riqueza durante décadas, mostraba sus límites: dependía de la demanda externa, de los precios internacionales y de la disponibilidad de capitales y bienes importados. La crisis mundial de 1929 y la Segunda Guerra Mundial habían dejado en evidencia los riesgos de sostener una economía apoyada principalmente en la exportación de productos primarios.
En ese escenario, el primer peronismo impulsó una reorganización de la economía. El Estado promovió la industrialización por sustitución de importaciones, fortaleció el mercado interno, nacionalizó empresas estratégicas y amplió los derechos laborales. La política económica buscó que una porción mayor de la riqueza producida llegara a los salarios y al consumo popular. Crecieron ramas industriales como la textil, la metalúrgica, la química y la fabricación de bienes de consumo, mientras la expansión del empleo formal y la negociación colectiva modificaban la estructura social del país.
El proceso no estuvo libre de dificultades. Entre 1949 y 1952, la escasez de divisas, las restricciones externas y los problemas productivos provocaron una crisis que obligó a revisar parte de las políticas iniciales. Luego llegó una recuperación.
Lo que cambió fue la relación entre el Estado, la producción y los trabajadores. La Argentina dejó de pensar exclusivamente en la exportación de materias primas y profundizó la construcción de una economía industrial con un mercado interno más amplio. En la serie de Milanović difundida recientemente, 1955 aparece como el punto máximo de la relación entre el ingreso por habitante argentino y el promedio mundial. Ese dato no demuestra que toda la trayectoria posterior haya sido consecuencia de un solo gobierno, pero sí señala una referencia histórica decisiva.
1955-1976: el péndulo económico y la disputa por el rumbo nacional
El derrocamiento de Juan Domingo Perón en septiembre de 1955 abrió una etapa de inestabilidad política y económica. La proscripción del peronismo, la alternancia entre gobiernos civiles y militares y las disputas por la distribución del ingreso impidieron consolidar un proyecto de desarrollo sostenido. La economía argentina siguió creciendo en distintos momentos, pero también acumuló desequilibrios, crisis cambiarias e inflación.
Es importante detenerse en un dato que suele desaparecer de los relatos simplificadores: la caída relativa de la Argentina no fue una línea recta ni estuvo acompañada por una contracción permanente de la producción. Durante los años sesenta y comienzos de los setenta hubo expansión industrial, inversiones y períodos de crecimiento significativo. La economía podía crecer mientras el país perdía terreno frente a otras naciones que avanzaban más rápido, o podía experimentar crisis que golpeaban con especial fuerza los salarios y el empleo.
El problema de fondo era la dificultad para sostener un sendero de crecimiento que combinara divisas suficientes, inversión productiva, desarrollo tecnológico y mejoras distributivas. La industria necesitaba importar maquinaria e insumos, pero la capacidad exportadora no siempre generaba los dólares necesarios. Cuando faltaban divisas, aparecían las devaluaciones, los ajustes y las disputas entre los sectores exportadores, industriales y asalariados.
En 1973, el regreso del peronismo al gobierno intentó reconstruir un acuerdo social entre trabajadores y empresarios nacionales. El Pacto Social buscó contener los precios y los salarios, mientras el Estado procuraba sostener la actividad. Sin embargo, las tensiones políticas, los conflictos distributivos, la crisis internacional del petróleo y las dificultades internas desembocaron en una situación cada vez más inestable. El Rodrigazo de 1975, con una fuerte devaluación y aumentos abruptos de tarifas y precios, marcó un quiebre en el poder adquisitivo de los trabajadores.
La crisis económica y las tensiones políticas de aquellos años fueron utilizadas como argumento por los sectores que impulsaron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, pero la dictadura no llegó para resolver los problemas del país: llegó para imponer por la fuerza un nuevo orden económico y social. Detrás de la intervención militar se alineaban los intereses de los sectores más concentrados del poder económico, de la oligarquía terrateniente y del capital financiero, decididos a terminar con un modelo que, con sus contradicciones y dificultades, otorgaba al trabajo organizado, la industria nacional y el mercado interno un lugar central. El terrorismo de Estado fue la herramienta para disciplinar a la clase trabajadora, destruir sus organizaciones y desmontar derechos conquistados durante décadas. La represión y la transformación económica fueron dos caras de un mismo proyecto: reordenar la Argentina en beneficio de los grupos dominantes y subordinar la producción y el trabajo a la especulación financiera y al endeudamiento externo.
1976-1983: la dictadura que cambió las reglas del juego
La última dictadura militar no se limitó a destruir las instituciones democráticas y perseguir al movimiento obrero. También puso en marcha una transformación económica que debilitó buena parte de las bases del desarrollo industrial construido durante las décadas anteriores.
La apertura comercial, la liberalización financiera, la valorización de los activos especulativos y el endeudamiento externo modificaron los incentivos de la economía. La industria nacional quedó expuesta a una competencia que muchos sectores no podían afrontar, mientras las elevadas tasas de interés favorecían estrategias financieras por encima de la inversión productiva. La represión sindical y el deterioro salarial contribuyeron a desplazar recursos desde el trabajo hacia otros sectores.
El resultado fue una Argentina más endeudada y con una estructura productiva debilitada. El crecimiento de algunos negocios financieros y la posibilidad de obtener ganancias mediante operaciones de corto plazo no equivalían a un desarrollo económico capaz de generar empleo industrial, elevar la productividad y mejorar los ingresos de las mayorías.
La dictadura dejó una herencia que trascendió su retirada del poder: la deuda externa, el retroceso industrial y una mayor vulnerabilidad frente a los movimientos del capital financiero. La democracia recuperada en 1983 debió enfrentar ese cuadro, agravado por los problemas heredados y por las restricciones externas.
1983-2001: democracia, hiperinflación, convertibilidad y estallido
El gobierno de Raúl Alfonsín intentó recuperar la capacidad de decisión del Estado y reconstruir una economía compatible con la democracia. Pero la deuda externa, la escasez de divisas, la inflación y las presiones de los acreedores limitaron sus posibilidades. El Plan Austral consiguió inicialmente una desaceleración de los precios, pero perdió eficacia. En 1989, la hiperinflación terminó de erosionar los ingresos y precipitó el final anticipado de su mandato.
Con Carlos Menem llegó otra experiencia liberal, esta vez bajo un gobierno peronista. La convertibilidad, instaurada en 1991, logró quebrar la hiperinflación y recuperar previsibilidad monetaria durante sus primeros años. Sin embargo, la apertura comercial, las privatizaciones, el ingreso de capitales y la paridad fija entre el peso y el dólar avanzaron junto con la desindustrialización de distintos sectores, el desempleo y una creciente dependencia del endeudamiento.
Este período resulta fundamental para entender por qué no alcanza con contar presidentes peronistas para explicar la historia económica. Un gobierno puede tener origen electoral peronista y aplicar un programa liberal en sus principales decisiones económicas. La orientación del modelo importa más que la etiqueta partidaria.
Durante los primeros años de la convertibilidad hubo crecimiento, pero sus bases se fueron debilitando. La economía quedó expuesta a la apreciación del dólar, a las crisis internacionales y a la necesidad de conseguir financiamiento externo para sostener el régimen cambiario. Cuando el ingreso de capitales se frenó, el ajuste recayó sobre la producción, el empleo y los ingresos.
La recesión iniciada en 1998 se prolongó durante el gobierno de Fernando de la Rúa. El endeudamiento, las restricciones financieras, el ajuste fiscal y la imposibilidad de recuperar competitividad sin abandonar la convertibilidad condujeron a una crisis terminal. En diciembre de 2001, el país estalló: represión, muertos, saqueos, renuncia presidencial, default y derrumbe de la confianza en las instituciones.
En 2002, tras la salida de la convertibilidad, el producto interno bruto cayó cerca del 11% en términos reales. La crisis social fue devastadora y dejó una marca que todavía atraviesa la memoria colectiva.
La experiencia dejó una lección histórica que todavía parece que nos cuesta aprender: la estabilidad de una moneda no alcanza si el esquema que la sostiene destruye empleo, debilita la producción y depende de una deuda que la economía no puede pagar.
2003-2015: la recuperación del trabajo, la industria y el mercado interno
Después del colapso llegó uno de los períodos de recuperación económica más intensos de la historia reciente. Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner aprovecharon una combinación favorable de condiciones externas, capacidad productiva ociosa, recuperación del consumo y un tipo de cambio que favoreció a numerosos sectores exportadores e industriales.
La reactivación comenzó en 2003, con un país que tenía fábricas funcionando por debajo de su capacidad, una enorme desocupación y millones de personas empobrecidas. El crecimiento del empleo, las negociaciones salariales, las políticas sociales, la recuperación de la inversión y el impulso al consumo interno contribuyeron a reconstruir la demanda. También se reabrieron espacios para la producción nacional y se fortaleció la intervención estatal en áreas estratégicas.
La recuperación no fue solamente estadística. Para millones de argentinos significó volver a conseguir trabajo, recuperar ingresos, acceder a bienes que habían quedado fuera de su alcance y reconstruir expectativas. La reestructuración de la deuda y la cancelación de obligaciones con el Fondo Monetario Internacional en 2006 ampliaron, además, el margen de decisión económica del país.
La crisis financiera internacional de 2008 y la desaceleración posterior complicaron el escenario. Desde comienzos de la década siguiente, la restricción externa, los problemas de competitividad, la inflación y las dificultades para ampliar sostenidamente las exportaciones limitaron el crecimiento.
No se trata de presentar aquellos años como una edad dorada sin problemas. Se trata de reconocer que la recuperación posterior a 2001 mostró que el empleo, la industria, los salarios y el mercado interno pueden actuar como motores del crecimiento, aunque para sostenerlo en el tiempo hace falta resolver los problemas estructurales de productividad, tecnología, energía y disponibilidad de dólares.
2015-2019: Macri, el regreso del endeudamiento y la crisis
Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015 con la promesa de normalizar la economía y atraer inversiones. Su gobierno levantó controles cambiarios, liberalizó movimientos de capitales, redujo impuestos a determinados sectores exportadores y avanzó con una apertura comercial que afectó a distintas actividades industriales. Al mismo tiempo, redujo subsidios y recurrió crecientemente al financiamiento externo.
La apuesta consistía en que la llegada de capitales privados y la confianza de los mercados impulsarían la inversión y el crecimiento. Pero el endeudamiento aumentó sin generar una transformación productiva capaz de garantizar los dólares necesarios para afrontar los compromisos asumidos.
En 2018, el gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional (del cual se había salido con los Kirchner) y obtuvo un préstamo extraordinario. La crisis cambiaria, la devaluación, la aceleración inflacionaria y la caída del poder adquisitivo profundizaron la recesión. El producto cayó en 2018 y nuevamente en 2019. El ciclo terminó con más fragilidad financiera y una economía golpeada por el ajuste.
La experiencia macrista volvió a poner en evidencia una contradicción recurrente: la apertura financiera puede facilitar el ingreso de dólares durante un tiempo, pero si esos fondos no contribuyen a ampliar la capacidad productiva y exportadora, el país termina dependiendo de nuevos créditos para cubrir las obligaciones anteriores.
2019-2023: pandemia, recuperación y problemas sin resolver
El gobierno de Alberto Fernández enfrentó desde marzo de 2020, apenas unos meses después de asumir, una pandemia que paralizó actividades en todo el mundo. La economía argentina sufrió una caída muy profunda, con consecuencias sobre el empleo, las empresas y los ingresos. Las políticas de emergencia buscaron amortiguar el golpe mediante asistencia a hogares y empresas, programas de sostenimiento laboral y medidas sanitarias.
La reapertura permitió una recuperación vigorosa en 2021 y 2022, aunque partiendo de una base deprimida. Sin embargo, esa recuperación no logró resolver los desequilibrios acumulados. La inflación continuó deteriorando los salarios, la restricción externa limitó el acceso a divisas y la sequía de 2023 redujo drásticamente los ingresos provenientes de las exportaciones agropecuarias.
El gobierno terminó su mandato en medio de una crisis de confianza, una inflación muy elevada y una pérdida de poder adquisitivo que golpeaba especialmente a los trabajadores informales, los jubilados y los sectores populares. El deterioro social no puede ocultarse detrás de las cifras de recuperación posteriores a la pandemia: una economía puede crecer desde un piso muy bajo y, aun así, no conseguir recomponer de manera sostenida las condiciones de vida.
2023-2026: Milei y el ajuste sobre la Argentina productiva
Javier Milei llegó a la Casa Rosada con una promesa contundente: terminar con la inflación, reducir el Estado y demostrar que la liberalización de la economía permitiría recuperar el crecimiento. Su programa combinó una fuerte devaluación inicial, a la cual busca discursivamente achacarle a la anterior gestión, un ajuste fiscal de gran magnitud, recortes del gasto público, reducción de subsidios y una contracción de la demanda interna.
El impacto inicial fue recesivo. En 2024, el producto cayó y el ajuste golpeó a numerosas actividades dependientes del consumo, la obra pública y los ingresos de los hogares. La inflación mensual se desaceleró respecto del salto registrado al comienzo de la gestión, pero esa mejora nominal convivió con una pérdida del poder adquisitivo y un deterioro social inicial de enorme magnitud. La pobreza oficial alcanzó el 52,9% en el primer semestre de 2024, antes de descender en las mediciones posteriores. Esa evolución debe reconocerse al analizar el período completo, sin confundir la caída posterior de la pobreza medida con la desaparición de la precariedad ni con una recuperación homogénea de los ingresos.
La economía volvió a crecer en 2025, de acuerdo con las cifras disponibles, después de la contracción del año anterior. Pero el crecimiento agregado no responde por sí solo a la pregunta decisiva: ¿qué sectores impulsan la recuperación, cuántos empleos generan y cómo se distribuyen sus beneficios? Una expansión concentrada en actividades exportadoras o extractivas puede mejorar las cuentas macroeconómicas sin producir el mismo efecto sobre el empleo industrial, el comercio de cercanía y los ingresos de las mayorías.
El debate no consiste en negar la necesidad de estabilidad macroeconómica ni los desequilibrios que la Argentina arrastra desde hace décadas. Consiste en discutir cómo se alcanza esa estabilidad, quién paga sus costos y qué estructura económica queda después del ajuste. Si la desinflación se consigue a costa de debilitar el mercado interno, deteriorar la infraestructura, reducir capacidades científicas y tecnológicas o desalentar la producción nacional, el país corre el riesgo de resolver un problema inmediato mientras profundiza otros de largo plazo.
El artículo de Adamovsky aporta un argumento central: durante décadas, las políticas ortodoxas tuvieron una presencia mucho mayor de la que admite el relato de los supuestos «70 años de peronismo». Su análisis cita una investigación sobre las orientaciones de los ministros de Economía entre 1955 y 2018, que identificó un predominio de políticas ortodoxas en el conjunto del período y una asociación entre esas políticas, menores salarios reales y un crecimiento económico más débil.
La Argentina del trabajo frente a la Argentina de la especulación
Ochenta años de historia económica muestran que la Argentina atravesó gobiernos militares, radicales, peronistas y liberales con orientaciones diferentes, y los resultados dependieron de las políticas concretas, las condiciones internacionales y las estructuras productivas que cada administración heredó o contribuyó a construir.
Pero hay una regularidad que merece atención: los períodos en los que la industria, el empleo, los salarios y el mercado interno ganaron protagonismo coincidieron con importantes procesos de recuperación económica y social. Eso es innegable y eso paso durante los primeros 10 años de peronismo y durante el gobierno de los Kirchner. En cambio, los experimentos de liberalización financiera, endeudamiento, apertura sin una estrategia industrial y ajuste sobre los ingresos populares dejaron, en distintos momentos, economías más vulnerables y sociedades más desiguales.
Eso no significa que la industrialización garantice por sí sola el éxito ni que las políticas heterodoxas estén libres de errores. Significa que ningún país logra un desarrollo sostenido si no construye capacidades productivas, mejora su productividad, invierte en ciencia y educación, amplía su infraestructura y genera las divisas necesarias para financiar su crecimiento. La soberanía económica no consiste en aislarse del mundo, sino en tener capacidad para decidir cómo insertarse en él.
El dato de 1955 interpela porque muestra la distancia entre el lugar que la Argentina supo ocupar y el que ocupa hoy en relación con el promedio mundial. No demuestra que todo tiempo pasado haya sido mejor, pero obliga a discutir por qué el país no pudo sostener su posición y qué decisiones contribuyeron a su retroceso.
La consigna de los «70 años de peronismo» ofrece una explicación sencilla para un problema complejo. Y, precisamente por eso, sirve para eludir preguntas incómodas sobre las dictaduras, la deuda externa, la convertibilidad, el endeudamiento macrista y las consecuencias de los programas de ajuste. La historia económica no absuelve a ningún gobierno por su identidad partidaria: exige medir sus resultados y observar a quiénes beneficiaron sus decisiones.
La Argentina no necesita resignarse a la decadencia ni aceptar que el ajuste permanente sea su único destino. Necesita recuperar un proyecto de desarrollo que combine estabilidad, producción nacional, trabajo digno, innovación tecnológica, exportaciones con mayor valor agregado y una distribución más justa de la riqueza. Esa fue la apuesta histórica del peronismo que puso al trabajador en el centro de la economía y convirtió la industria nacional en una herramienta de movilidad social. Recuperar ese horizonte exige aprender de sus conquistas, reconocer sus errores y enfrentar los intereses que pretenden condenar al país a exportar materias primas, endeudarse y ajustar.
Porque detrás de cada curva de crecimiento hay fábricas que abren o cierran, trabajadores que consiguen empleo o lo pierden, científicos que investigan o emigran y familias que pueden proyectar su futuro o quedan atrapadas en la incertidumbre. Esa es la dimensión humana de las estadísticas. Y también la razón por la que discutir la historia económica argentina sigue siendo una tarea urgente.
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Buen compilado de la nota. Muy comprimido, puede destacarse el período de los ’90 bajo el » paraguas» del peronismo con la entrega y vaciamiento de las empresas públicas , tal como el terrorismo económico de Estado lo hizo y que impulsó en dictadura el de la Hoz y secuaces, como punto de partida. Mención para el período del rico heredero corrupción y endeudamiento . Se llega hoy con el avance de destrucción social por la ultraderecha en el globo y, en especial como ejemplo en Argentina, usando en forma vil la tecno, encuentra ese mismo establishment e instala a un mandatario y su sequito- este con miembros que deberían estar presos con condena efectiva por lo actuado en funciones anteriores-; contando con el respaldo que blinda un corrupto poder judicial, la corpo mediática con sus tentáculos de odio acompañando los intereses espurios del des- gobierno, bien hacen el resto. Deuda impagable, perdida de Soberanía política y territorial, destrucción del tejido social. Han hecho un trabajo que no habían logrado antes.😎✍🏻🗽
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