No dormirás tranquilo en Villa Crespo

Nueva York, Berlín, Madrid, Montevideo: las grandes ciudades construyen sus nuevos estadios apartados de las zonas urbanas. En Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad, 46 legisladores de todos los partidos, un gran medio de comunicación asociado con una empresa y el club Atlanta hicieron exactamente lo contrario: con procedimientos oscuros, sin informar ni participar a los vecinos, aprobaron y facilitaron la construcción de un estadio para 16 mil personas que cambiará la fisonomía y forma de vida del barrio de Villa Crespo. Una investigación de Mónica Yemayel que desnuda los pliegues más ocultos de la llamada “renovación urbanística” porteña resistida por una militancia vecinal que exige tiempo completo.

Por Mónica Yemayel para Revista Anfibia. Foto: Tomás Francisco Cuesta

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Con un vago ademán del brazo el vicepresidente del Club Atlético Atlanta, Alejandro Korz, señala toda la extensión del terreno que se expande ante sus ojos. Son 50.736 metros cuadrados sobre la calle Humboldt, a metros de la Avenida Corrientes y de la Avenida Juan B. Justo, en el barrio de Villa Crespo. Una extensión tan grande como cinco canchas de futbol. Es allí donde, desdibujado por la bruma de una noche de junio, acecha el esqueleto de una obra inconclusa.

Entre las calles Padilla y Camargo, a lo largo de casi cien metros de frente, en tierras que son públicas, se ven columnas de la altura de un edificio de más de siete pisos, gradas de cemento que levitan en medio de la nada, remates de vigas que sobresalen como púas apuntando al vacío, parvas de deshechos, muros a medio demoler, alambres y cables colgando como hiedras salvajes entre postes oxidados.

—Las ruinas del coliseo romano —dice el dirigente de Atlanta.

Una sucesión de chapas precarias y portones vacilantes separan a ese territorio inhóspito de una vereda rota por la que pocos se atreven a caminar una vez que cae la noche. Sobre uno de esos portones, a la altura de Humboldt 486, hay un cartel que, ambiguamente, dice: “Modificación y Ampliación de obra, Humboldt 234/540; Uso: estadio deportivo”. Pero no hay ninguna pista precisa acerca del destino de esos cimientos ciclópeos que se alzan entre el estadio de fútbol y la sede social del club, y que el dirigente de Atlanta presenta como una obra sin precedentes en la Ciudad. Frente a sus ojos, en ruinas y a medio construir, está el estadio cerrado que se proyecta como el más grande de Buenos Aires, para dieciséis mil personas y cien eventos al año. ¿Es la ausencia de todo anuncio acerca de lo que se construirá allí una estrategia para que esa mole en gestación pase desapercibida, para que los vecinos crean que es aquello que anuncia el cartel, un estadio deportivo, en vez de lo que realmente será: un microestadio para shows y eventos masivos? ¿Es posible la vida -el sueño, el trabajo- a metros de una construcción así?

—¿Cuál es la alternativa? —se pregunta Alejandro Korz.

Mira la tierra embarrada debajo sus pies.

—Cuidado dónde pisás. Llovió mucho y está todo blando. ¿Cuál es? ¿Dejar una obra por la mitad que no te deja caminar de noche por la calle? Humboldt será otra cosa. Peatonal, con el estadio cubierto y confiterías, y teatros, y actividades culturales.

En 2014, los vecinos del barrio de Balvanera impidieron que se levantara un estadio similar en la llamada Manzana 66 y hoy se construyen en ese predio una plaza y una escuela. La clave fue el acceso a la información. Un artículo del diario Perfil les permitió enterarse a tiempo y detener las pretensiones de quienes impulsaban la obra. Pero para el proyecto en Villa Crespo se aplica la estrategia de la discreción. Una ejecución silenciosa que recuerda las recomendaciones del asesor Durán Barba durante la campaña presidencial de 2015: avancemos por debajo del radar, siempre por debajo del radar.

—¿Cómo que los vecinos no sabían? No, no, no. ¡Nosotros no ocultamos nada! En la página del club está la información. También hay una cuestión de no querer informarse. Hay que involucrarse… Nosotros tenemos políticas de puertas abiertas. Pero… yo no veo tanta gente preocupada.

Corre un viento helado sobre la calle Humboldt. Son pocos los que pasan caminando; una señora pasea a su mascota sobre la vereda que algunos llaman “el cagadero de perros”; un par de autos rompen la calma nocturna con el sonido de las gomas sobre los adoquines.

En septiembre de 2017, la Legislatura porteña aprobó la ley 5.874 -que modifica otra anterior del 2012 y otra anterior de 2005- reviviendo un proyecto que en sus comienzos autorizaba la ampliación de la sede social y la construcción -sobre tierras públicas cedidas por la Ciudad de Buenos Aires al club- de un Miniestadio cultural y deportivo, que luego mutó a la denominación de Polideportivo y finalmente derivó en el plan de un Microestadio. ¿Qué significan cada uno de esos nombres? No se sabe. El Código de Planeamiento Urbano que regula las edificaciones no los define. Y es en esa zona temiblemente gris para los ciudadanos legos donde los legisladores pueden aprobar la construcción de un estadio con un tope de cinco mil espectadores u otro que puede, sin objeciones, admitir a más del doble, dieciséis mil. El socialista Adrián Camps, uno de los que votó la ley 5.874 y el único que aceptó hacer para esta nota una lectura crítica de su decisión, dijo: “Creí que sería para cinco mil personas.”

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Terminaba 2012 cuando se selló el acuerdo entre Atlanta y la firma Lugones Center, responsable de construir y explotar el Microestadio y pagar un canon al club por el uso del predio. Lugones Center obtuvo un crédito del Banco Ciudad por más de 100 millones de pesos y en 2014 comenzaron a colocar cuatrocientos ochenta pilotes. La obra avanzó. Pero cuando aún faltaba más de la mitad, el 13 de mayo de 2015, se escuchó un estruendo fulminante: parte de la estructura del techo se precipitó desde una altura de veintidós metros y medio, tubos metálicos se desprendieron, golpearon contra una de las tribunas y se estrellaron sobre una grúa. Anochecía cuando las sirenas de ambulancias, bomberos y patrulleros sembraron en Villa Crespo un estado de alarma que sigue sobrevolando los recuerdos. Unas horas después del accidente, Alejandro Korz declaraba al canal de televisión TN: “No hay obreros heridos, el daño es solamente material.”

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En medio de esa zozobra, el dinero empezó a faltar sin que aparecieran financistas dispuestos a invertir un peso más. Atlanta dejó de recibir el canon mensual y se quedó lidiando con las secuelas de deudas y juicios por el derrumbe y la quiebra, a fines de 2016, de Lugones Center. La construcción quedó congelada y un manto de silencio conspiró a favor del olvido.

Ahora se sabe que el proyecto resurgió con el doble de ímpetu.

Cuarenta y seis legisladores, de un total de cincuenta y siete -que incluye a los representantes del PRO, Frente para la Victoria (FPV), Bloque Peronista, Confianza Pública, Bien Común, Corriente Nacional de la Militancia, Frente Renovador, Sindical Peronista, y Frente Socialista Auténtico- aprobaron que esas tierras públicas sean entregadas a Atlanta durante cuatro décadas (el doble del plazo otorgado en la ley anterior); que Atlanta pueda arrendar parte de esos terrenos para que se construya allí un Microestadio que tendrá 28.715 metros cuadrados (11.357,50 metros cuadrados más que los del proyecto original); que la capacidad del Microestadio alcance las dieciséis mil personas (cerca del doble que lo previsto en el proyecto anterior); que el predio esté por cuarenta años exento del pago del impuesto inmobiliario y de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento y conservaciones de sumideros; y que, a la organización de eventos culturales y deportivos, ahora se puedan sumar espectáculos y shows.

Así lo anunció el diario La Nación al presentarse como uno de los dueños de la empresa que construirá y explotará el Microestadio, retomando lo que Lugones Center dejó trunco. La noticia fue publicada el 23 de marzo de 2018, en el diario: “La Nación presentó su Arena, un moderno centro de espectáculos artísticos”. La nota continúa diciendo: “El Luna Park ya no estará solo: Buenos Aires tendrá un nuevo estadio techado en Villa Crespo. Un arena como los que se levantan en las grandes ciudades del mundo…Se prevé que el estadio albergue más de un centenar de shows por año…con una capacidad para 12.000 espectadores sentados, con la posibilidad de expandirse para alojar a 16.000”. La nota le pone nombre y propietarios al proyecto: dice que el Buenos Aires Arena se inaugurará en el segundo trimestre de 2019 y que para “llevar adelante el emprendimiento La Nación convocó a la compañía de entretenimientos más grande del mundo, AEG Worldwide, que opera más de 120 arenas en todo el planeta”.

Fue recién entonces cuando los vecinos se enteraron de que esos cimientos abandonados se transformarían en el estadio más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Leyeron lo que se anunciaba con tanto optimismo -cien espectáculos al año, dieciséis mil espectadores, Londres, Los Ángeles, Las Vegas-, y se preguntaron en qué momento se había pergeñado eso, acerca de lo que nadie les había consultado, y que cambiaría la idiosincrasia de un barrio residencial, de casas bajas y tránsito tranquilo, para siempre.

—¡Nooo, no, no! El estadio no será el doble de grande. Antes se hablaba de ocho mil, diez mil. No, no, no. La ley ya estaba aprobada y con medio estadio construido. Y ningún vecino estaba en contra. Ahora sólo hay nuevos inversores.

Envuelto en un sobretodo oscuro, alto y desgarbado, el rostro blanquísimo protegido de las ráfagas frías por la solapa negra de su abrigo, el vicepresidente de Atlanta señala sus nuevos dominios y se muestra conciliador. No quiere un conflicto con los vecinos. Se ve sincero cuando dice querer encontrar una salida para aquello que parece imposible: que el barrio no se convierta en un multitudinario shopping a cielo abierto creciendo profuso y amorfo alrededor del estadio Buenos Aires Arena; que Villa Crespo consiga mantener su semblante, la tranquilidad, el modo en que se ven sus bares y sus negocios, se transitan y escuchan sus calles, la forma en que Villa Crespo es Villa Crespo.

—Los vecinos se van a capitalizar. Los que tienen una propiedad van a poder alquilar más caro o van a tener una casa mejor cotizada. La zona va a crecer. Nos podemos reunir con esos vecinos. Mostrar los planos, los avances. Si quieren crear una comisión de supervisión, se puede hacer.

Korz parece sincero cuando habla de su vocación incondicional por el club en el que creció, aunque ya no viva cerca; cuando explica cómo multiplicará los servicios a los socios y el rol social de Atlanta; cuando muestra las obras que se están financiando con el canon que han empezado a recibir de Buenos Aires Arena S.A.

—Esta es la nueva pileta de natación. ¿Sabés cómo la encontramos? Con un árbol crecido en el medio. Y este es el nuevo gimnasio cubierto que estamos construyendo, cuesta cinco millones de pesos. Y allá -con un vago ademán señala la cancha que se ve a lo lejos- estamos negociando la construcción de la tribuna de cemento que nos falta en la cancha y cuesta veinte millones de pesos; si les cedemos el espacio debajo de la estructura para hacer un estacionamiento tendremos parte de esa ganancia.

Korz no exagera cuando presenta a la obra como sin precedentes. Un proyecto descomunal que, sin embargo, para el Ministerio de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene un impacto ambiental relevante. Antes de iniciar una obra se exige un Certificado de Aptitud Ambiental que emite la Agencia de Protección Ambiental (APRA), según una serie de indicadores que miden el impacto de vibraciones y contaminación sonora, pero no considera la transformación radical en el barrio y la vida de los vecinos ante la llegada masiva de miles de personas. En 2015, el primer proyecto para la construcción del Microestadio fue clasificado como “sin relevante impacto ambiental” y, en abril de 2018, a pesar de que la obra resurgió con el doble de ímpetu, APRA ratificó esa categoría. Algo muy tranquilizador para los responsables del proyecto ya que esa categoría exime la convocatoria a una Audiencia Pública, que es de cumplimiento inexcusable cuando la categoría es “con relevante impacto ambiental”.

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El hombre fuerte de Atlanta se inquieta cuando se le pregunta si cree razonable esa categorización.

—Eso lo decide el Gobierno de la Ciudad.  Como el terreno es de la Ciudad y Atlanta lo tiene en comodato… alguna responsabilidad siempre tenemos… Pero los permisos los tramitan ellos –dice, refiriéndose a la empresa Buenos Aires Arena S.A., conformada por La Nación y AEG-. En Defensoría del Pueblo nos explicaron que las vibraciones se propagan por el aire. Y como este estadio va a ser cubierto, si la insonorización está bien hecha, ese temor tiene que desaparecer. ¡No importa que el Certificado no diga cómo tienen que hacer para insonorizar bien! ¿A vos te parece que van a gastar más de 400 millones de pesos para terminar un estadio -que con la suba del dólar, ahora pueden ser unos cuántos millones más- para no poderlo usar? Para cada evento hay que tramitar una habilitación, caso por caso, y cumplir con un listado de normas. Si los vecinos se quejan, y verifican que no cumpliste, te multan o te cierran el estadio por años. Y acá nadie quiere perder plata.

Korz se incomoda cuando escucha lo extraño que se ve -a los ojos de los ciudadanos comunes- el mecanismo por el cual Atlanta recibe tierras públicas para arrendarlas a los dueños de un periódico para que ese periódico construya allí un microestadio y explote ese negocio sin pagar impuestos a la Ciudad durante cuarenta años.

—Mirá, nosotros estuvimos dos años con la obra parada. Venían empresas locales e internacionales y no se decidían. ¡Había que cancelar deuda con el Banco Ciudad, pagarle al club, arreglar los juicios, terminar la obra! Lo hablamos con Carlos Tomada, del FPV, y él nos dijo: “La Nación no va a arriesgar cien años de prestigio. Prefiero que lo tome un diario con el que no tengo una posición afín, que a mí no me trata bien, pero que va a terminar la obra”. El riesgo era que se lo den a un chanta, un conocido de alguien, como podría pensarse de lo que pasó con Lugones Center. Tomada nos dijo: “Estos no se van a arriesgar. Si pasa algo…no venden un diario nunca más”.

Korz asiente cuando se le pregunta si no cree que tendría que existir otra forma para que el club pueda continuar su historia emblemática en Villa Crespo sin alterar -por eso- la esencia del barrio.

—Es un momento donde el Gobierno avanza todo lo que puede para deshacerse de los clubes de barrios. Deportivo Español pierde las tierras, Sacachispas tiene problemas porque no tiene título de propiedad… Cada uno trata de defender lo mejor posible lo suyo. No somos Boca o River. Sin este acuerdo, ¿cómo pago la luz, el agua, el gas? ¿Sabés cuál es la opción?  Que te metan un Megatlón, un Sport Club, y ahí también se pierde la esencia del barrio. Nosotros defendemos a las Asociaciones Civiles. El gobierno prefiere hablar con dueños y no con dirigentes. ¿Y quiénes son los dueños de los clubes cuando se transforman en S.A.? Fijate en España, Italia. ¿Quiénes van a venir de compras? ¡Los narcotraficantes de Sinaloa, los jeques árabes! Porque un club no es tan rentable como para atraer inversiones genuinas.

Frente a la posibilidad de que algo vuelva a fallar, Korz se inquieta. Porque si un contratiempo altera el futuro, si no prospera la obra que tiene ante sus ojos, quien se queda sin futuro es Atlanta, dice, y es categórico al afirmar que dependen del canon que ya están cobrando -unos cincuenta mil dólares por mes-, que aumentará cuando en el invierno de 2019 el Microestadio comience a funcionar.

—No hay otra forma de salvar al club. ¿Sabés qué proponían los legisladores de Martín Lousteau? Nos cuestionaban y decían: ¿Cómo es que Atlanta está consiguiendo plata de un privado por un predio que recibió de la Ciudad? Y qué proponían ellos: ¡que nos saquen las tierras y se las vendan a La Nación!

Según cálculos de un socio interiorizado en la administración del club, sólo el gasto mensual para sostener al equipo de fútbol es de un millón de pesos. De la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, reciben seiscientos mil, y tienen unos cuatro mil socios de los cuales son activos menos de dos mil.  La cuota mensual varía entre doscientos y cuatrocientos pesos, cifras insuficientes para que las cuentas cierren.

—Algunos vecinos podrán no estar de acuerdo con el Microestadio. Pero con la ley que nos aprobó la Legislatura, nos asegurarnos la continuidad por cuarenta años más. Las cosas son así: cada uno defiende lo suyo. Que vengan los vecinos, y tomamos un café.

Algunos socios que acompañan al dirigente creen que entre los vecinos hay grupos organizados, buscadores de réditos políticos, agitadores de fantasmas que le llenan la cabeza a la gente del barrio. Sin embargo, los vecinos que se oponen al estadio en Villa Crespo y fueron entrevistados para esta nota son personas que viven desde hace años muy cerca del club, que no se dedican a hacer política y no están vinculados a ningún grupo que pueda asociarse a nada parecido.

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Unos días después de la publicación de la noticia sobre la construcción del estadio en La Nación, un vecino que dicta clases de música en una casa baja a una cuadra de Atlanta escucha el timbre y abre la puerta. Es una vecina que él no conoce, y que está repartiendo un volante, casa por casa, para alertar sobre lo que ha leído en el diario. Él, como muchos otros, se entera por ella de esa construcción. Pronto son varios, un núcleo activo y alerta con contadores, antropólogos, editores, jubilados, fotógrafos y artistas, que crean una cuenta en Facebook: “Villa Crespo Contra el Microestadio”. Publican allí una carta con una descripción del futuro que temen. Temblores y vibraciones, cien noches al año en medio del estruendo, la devaluación inmobiliaria porque nadie quiere una vivienda a metros de un microestadio como este, la incomodidad para llegar a sus casas los días de show o de eventos, el estacionamiento saturado, las vallas en las veredas para regular la entrada de la gente, la circulación masiva de público. “La tendencia del mundo es a sacar los estadios de las ciudades. En 2014, los vecinos de Balvanera rechazaron la construcción de un estadio cubierto para 18.000 personas en su barrio; los vecinos de River y Ferro lograron que no se hicieran más recitales en esos estadios. Estos proyectos son repudiados en todas partes, pero intentan hacerlo en nuestro barrio”, dice la carta.

Conectados y atentos, el grupo de vecinos observa que, desde abril, la obra se activa. Entran camiones cargados de materiales y hay obreros trabajando, aunque ningún cartel de habilitación con datos actualizados; sólo sigue pegado el de la obra antigua, de 2015, borroneado por el tiempo y la lluvia, un poco roto. Para entender cuál es la situación -¿cómo puede haberse emprendido un proyecto así sin una comunicación clara por parte del Estado; cómo es posible que no haya habido una Audiencia Pública o que, si la hubo, no se hayan enterado; cómo puede estar construyéndose un mega estadio para dieciséis mil personas en uno de los barrios más tranquilos de Buenos Aires?- deciden hacer un pedido de información pública y averiguaciones en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, DGROC.

Así se enteran de la ley 5.874 aprobada el 28 de septiembre de 2017 que revivió el proyecto del Microestadio. Y de que sí hubo una Audiencia Pública, convocada para el 13 de septiembre, de la que nunca se enteraron. El portal NCN, Noticias del Congreso, publicó: “El vicepresidente del Club Atlanta, Alejandro Korz, participó de la audiencia y se mostró a favor de la iniciativa, al igual que todos los demás inscriptos. Dirigentes, socios y vecinos expresaron sus opiniones positivas”. Sin embargo, en el Facebook de los vecinos aparece el siguiente comentario: “Aparentemente hicieron una audiencia pública, pero los vecinos del barrio jamás nos enteramos.”

También reciben información oficial sobre APRA que dice que el Certificado ambiental con la categoría “sin relevante impacto” emitido para la obra anterior fue ratificado para la obra actual. Y el 7 de mayo de 2018 reciben un mail  de la DGROC diciendo que “el Plano de Modificación y Ampliación de Obra no se encuentra registrado aún por haber sido objeto de observaciones el 3 de mayo del corriente año”. Eso les aclara a los vecinos la ausencia del cartel de obra pero no la presencia de obreros trabajando: si el Plano ha sido “objeto de observaciones”, ¿cómo es posible que se esté trabajando en la construcción? Según Alejandro Korz, el movimiento que notan los vecinos consiste en tareas menores de limpieza y orden, los preparativos para acelerar a fondo apenas se obtenga la aprobación final, algo que él -a comienzos de junio- cree inminente. Los vecinos, sin embargo, hablan de obreros trabajando en los sectores más elevados del Microestadio, de soldaduras, de enormes estructuras de madera construidas en los sectores más altos en preparación para el volcado de cemento.

Sentado en un banquito en la entrada del bar Yeite, muy cerca de los portones que dan acceso a la obra en construcción, suele verse por las tardes a un señor mayor. El lunes 28 de mayo, a las 5, está allí y dice que desde hace unas semanas empezaron a llegar camiones y obreros, que entran materiales y sacan escombros. Habla de la proliferación de ratas, de que la gente no sabe muy bien qué están construyendo.

El entusiasmo del Presidente argentino por un estadio cerrado de porte internacional es algo que hizo notar desde sus tiempos como Jefe de Gobierno de la Ciudad. Dónde ubicarlo y cómo financiar su construcción fueron limitaciones persistentes. En una nota del 21 de noviembre de 2012, el diario Ámbito Financiero, publicaba: “´Macri dio la orden para techar el estadio del Parque Roca´, contó un funcionario en medio de lo que ya es una triple guerra por la construcción de un espacio cubierto para realización de espectáculos con capacidad para 15 mil personas. Se le atribuye cierto enojo a Mauricio Macri por una licitación que se frustró para la construcción de un estadio en un predio del barrio porteño de Núñez (lindero con la ex ESMA)…tras otra frustración, como la de hacer el mentado estadio en el Club Comunicaciones.”

Los ecos de esa búsqueda no encontraban aún dónde plantarse cuando el 30 de octubre de 2017 Clarín publicó “Recitales. El estadio del Parque Roca, una opción entre varios proyectos”, donde decía: “Con los shows en vivo rompiendo récords de taquilla, tener un estadio porteño que esté a la altura pasó a ser urgente. Algunos predios quedaron chicos, como el Luna Park, Ferro y Obras. Otros limitaron su agenda de conciertos por las quejas de los vecinos: son los casos de River y Vélez, ubicados en barrios densamente poblados. Ciudad del Rock en Villa Soldati terminó en intento fugaz…Hubo distintos proyectos que quedaron en la nada. Algunos porque jamás se construyeron, como una arena en el club Comunicaciones en 2011, una nueva cancha en Parque Sarmiento y un complejo en la ´Manzana 66´…rechazado por los vecinos.”

En medio de esa aspiración siempre trunca, los miles de metros cuadrados sobre la calle Humboldt.

Según Korz, fue el ex presidente de Obras Sanitarias, Miguel Mancini, quien le presentó, en 2012, la primera propuesta para la construcción del Microestadio asegurándole que contaba con el apoyo del entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri y que sólo faltaba que Atlanta dijese que sí. La historia que une al club con las tierras sobre la calle Humboldt se remonta a 1991 cuando Atlanta quebró y tuvo que vender su sede social a Su supermercado, una cadena que ya no existe, que jamás construyó nada y dejó el predio abandonado. Atlanta sólo pudo conservar la cancha de fútbol y, desde entonces, empezó a penar, en lo deportivo y económico.

El relato épico de los hinchas -con algunos matices según adhieran más o menos a la comisión directiva actual- dice que a fines de los ’90 un grupo liderado por Ludovico Nizardo, aprovechando que equipos de la talla de Racing eran rescatados de la quiebra por el Estado, comenzó a presionar a los legisladores porteños para que aprobaran una ley que les permitiera recuperar la sede social de su club. Lo consiguieron en 2005, durante la Jefatura de Jorge Telerman. Por la ley 1.643, el Gobierno de la Ciudad expropió el terreno, indemnizó a los dueños y la sede social volvió en comodato a manos del club. Pero las finanzas no mejoraron. Y mientras Atlanta pendía de un hilo, ahí estaban esos terrenos públicos ociosos, entre la cancha de fútbol y la sede social, esperando un destino que no podían financiar ni Atlanta ni el Gobierno de la Ciudad.

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El club volvió a batallar y en agosto de 2012 consiguió que la ley 1.643 fuera modificada por la ley 4.270. Una norma que incorporó el germen del futuro proyecto amalgamando varios intereses insatisfechos: Atlanta recibe las tierras públicas en comodato, puede alquilarlas a un tercero para equilibrar sus cuentas, ese tercero emprende la construcción del Microestadio, lo explota para obtener el retorno de su inversión y así, al concluir el plazo del comodato, la Ciudad de Buenos Aires es dueña del estadio cerrado que sus gobernantes siempre quisieron tener.

Una vez aprobado ese marco legal es que, según Korz, Atlanta recibió de Mancini la propuesta que naufragó con la quiebra de Lugones Center, en 2016. Sobre ese intento fallido se escribieron artículos que señalan vínculos y acciones sospechosas. En julio de 2016, Werner Pertot publicó en el portal Nueva Ciudad: “Negociados. La escuela que no fue”, en relación a un amparo presentado por el Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, que en el artículo declaraba: “La construcción del microestadio de Atlanta esconde un negociado entre empresarios y ex funcionarios del PRO, donde son víctimas el Club Atlanta y los niños de la zona. Por el desinterés del Ministerio de Educación no se construyó la escuela inicial que según establece la ley se debía construir en ese terreno.”  Para esta crónica se intentó contactar a Facundo Del Gaiso pero, tras algunos mails auspiciosos con su secretaria, no se puedo concretar la entrevista.

El 3 de abril 2017, en el sitio En Orsai, Gabriel Eiriz firmaba una nota titulada “Atlanta: la estafa al Banco Ciudad que salpica a Macri, funcionarios y dirigentes del fútbol”, donde se advertía que la quiebra de Lugones Center habría dejado impago un crédito de más de cien millones de pesos otorgado por ese banco. El 4 de abril, el club emitió un comunicado, que aún puede leerse en su página web, negando cada una de las acusaciones dirigidas a Atlanta, poniendo a disposición los balances de la institución y advirtiendo que iniciaría acciones judiciales en relación a lo publicado, algo que Eiriz confirmó que no ocurrió. El 2 de octubre, en Página/12, Gustavo Veiga escribió “Medios, poder y espectáculos. La trama de una operación inmobiliaria, deportiva, cultural y política”. El 2 de noviembre de 2017, en el blog Mi Voz -que cuenta con el auspicio de la Defensoría del Pueblo de CABA, de la Legislatura Porteña y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata-, Guillermo Delgado Jordan publicó “Estafa Bohemia”, en referencia al nombre que reciben los hinchas de Atlanta. Allí, citando la nota de Gustavo Veiga, retomaba el hilo de la historia y las sospechas.

Ahora, a comienzos de junio de 2018, el vecino que vive a una cuadra de Atlanta, sentado en el living de su casa, dice sentir remordimiento. Por no haber estado atento para organizar una resistencia vecinal que impactara a tiempo.

—No hubo difusión. Ningún cartel. Ninguna publicidad. Realmente creíamos que se estaba construyendo un microestadio para partidos de básquet, de vóley. Jamás pensamos que podía ser un Arena para dieciséis mil personas y cien espectáculos al año.

Su esposa es más optimista. Cree que el barrio va estar mejor y que el precio del metro cuadrado reflejará esa puesta en valor cuando la zona que rodea a ese tótem desahuciado se modernice. El vecino no niega el abandono sobre la calle Humboldt ¿Pero levantar un microestadio es la solución? A él no le interesa capitalizarse, ni vender su casa, donde trabaja todo el día en un oasis de tranquilidad que ve peligrar. Señala la ventana y dice que, justo ahí, pegado a la pared de su hogar, estaba el cordón que guiaba la fila interminable para el ingreso a dos recitales que se hicieron en la cancha de Atlanta a cielo abierto, a fines de 2016, cuando tocaron La Vela Puerca y La 25. No sólo fueron las veinte mil y once mil personas que en uno y otro recital llegaron al barrio, el ruido y el desorden, sino que al día siguiente encontró en la entrada de su casa más de cien botellas vacías y latas de cerveza, y la vereda bañada de orín.

El estadio fue clausurado las dos veces por no tener los permisos oficiales para realizar esos recitales. El diario La Nación cubrió rigurosamente la noticia en una nota del 23 de diciembre: “En Villa Crespo denuncian vibraciones durante recitales en Atlanta. Sostienen que hubo temblores en pisos altos por los shows de La 25 y La Vela Puerca; también se quejan de la suciedad que queda en el entorno del estadio; la Ciudad constató ruidos molestos y lo clausuró”. En el grupo de vecinos, varios de ellos lectores del diario, se preguntan si ahora que el periódico es parte interesada seguirá mostrando el mismo espíritu de denuncia y defensa de los derechos ciudadanos, si no hay cierta incompatibilidad entre su rol como medio de prensa y el nuevo negocio. Esas mismas preguntas fueron transmitidas a un directivo del periódico pero después de un intercambio de mails no hubo respuestas.

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Juan Bautista Filgueira Risso, Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, APRA, se disculpa por la tardanza en responder -cinco semanas- y envía el 18 de julio un documento de cinco páginas con respuestas que remiten a una secuencia interminable de decretos y leyes, decenas de detalles técnicos que podrán ser pertinentes para un especialista pero son ininteligibles para un ciudadano común con una duda sencilla: cómo determina la Agencia que él preside cuándo una obra tiene impacto ambiental relevante y cuándo no.

El documento dice que APRA siguió los procedimientos de la ley 123 de Evaluación del Impacto Ambiental; que la definición “Miniestadio” no existe y la obra se encuadró como Club social, cultural y deportivo; que para tener “impacto relevante” los indicadores de valoración deben superar un puntaje de 8.5 y entonces sí se convoca a una Audiencia Pública; que esos indicadores son de índole ambiental (emisiones atmosféricas, ruido, vibraciones, plan de gestión de residuos, efluentes líquidos); que el primer proyecto de 2015 tuvo un puntaje de 4 y el ampliado de 2018 un puntaje de 6,5; que por eso se catalogó como “sin impacto relevante”; que se establecieron condiciones para prevenir y mitigar el impacto en la etapa de obra y funcionamiento que son responsabilidad del proponente del proyecto; que el control está a cargo de la Dirección General de Control Ambiental de APRA y otros organismos del Gobierno de la Ciudad; que no está regulado el cómo prevenir y mitigar, sino el qué; que una vez finalizada la obra, y siempre que se renueva el Certificado, se exige una auditoría de cumplimiento.

Es decir que no se evalúa el impacto de otros indicadores que los especialistas en medio ambiente llaman “socio-ambientales” y que transforman a un barrio apacible y con poco tránsito en un sitio repleto de ruido y gentío: si tan sólo el diez por ciento de los asistentes a un evento que convoque a dieciséis mil personas llevara su auto, llegarían al barrio mil seiscientos automóviles al menos tres veces por semana, según la grilla anunciada de cien espectáculos al año.

Todo esto podría haber sido expuesto y discutido en una Audiencia Pública si el Microestadio hubiese sido catalogado como “con impacto relevante”. Hubiese sido una segunda oportunidad para los vecinos, ya que de la Audiencia Pública que se convocó antes de la votación de la ley (la que se hizo el 13 de septiembre de 2017) no se enteraron. El Presidente de APRA aclara que la Audiencia Pública se podría haber convocado igual por simple voluntad del proponente del proyecto. Pero eso, claro, no ocurrió.

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Maria Elena Naddeo, ex legisladora porteña y vecina de Villa Crespo, que vive en un piso alto a una cuadra del estadio de Atlanta, envía este mail el 11 de junio: “Me enteré por el Diario La Nación. Atlanta es una institución muy querida. Por eso es que los vecinos y amigos del Club, acompañamos todas las iniciativas que estén destinadas a su fortalecimiento. El problema de esta construcción es que hay antecedentes de recitales en la cancha con vibraciones de altísimo impacto que provocaron hasta el desalojo de varios edificios cercanos. Incluso recitales de rock muy importantes fueron suspendidos por denuncias realizadas en las fiscalías contravencionales de la Ciudad. Es decir, hay una experiencia negativa que atravesamos con mucha consternación hasta hace poco tiempo. Frente a este dilema, la contradicción entre una obra positiva para el progreso deportivo y el impacto ambiental negativo que podría resultar, efectuamos consultas en distintos organismos públicos. En la Defensoría del Pueblo, en forma verbal, dijeron que las vibraciones en estadio cerrado no son de la misma intensidad que las producidas a cielo abierto. Lo cual puede llevar tranquilidad frente a la nueva propuesta. Es preciso que quienes tienen competencia para ello en el Gobierno de la Ciudad y en los organismos de control  hagan un seguimiento de la obra, a fin de que aporte beneficios para el conjunto de la comunidad y todos podamos brindar por su realización.”

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—Cuando les pregunté qué se podía hacer para frenar la obra me miraron como si hubiese descendido de un ovni.

Ingrid es antropóloga y vive en el barrio desde hace ocho años. Ella y otros vecinos se repartieron la tarea de hacer llamados, preparar pedidos de información pública, ir a distintas dependencias oficiales: la Auditoría de Facundo del Gaiso, la secretaría de vicepresidencia de la legislatura, los despachos de los legisladores, el CGP de su comuna. El resultado fue siempre frustrante: asistentes de legisladores -como Graciela Ocaña o Carlos Tomada, ambos votantes a favor del proyecto, y Ocaña coautora del mismo- que atendían amablemente, pedían todos los datos por mail, prometían responder y otorgar una cita, pero nunca más contestaban un llamado; funcionarios públicos que decían “lo entendemos, pero la ley fue votada por amplia mayoría y no se puede hacer nada”.

La primera decepción que tuvo Ingrid al llegar a la Defensoría del Pueblo fue que su titular, Alejandro Amor, no se presentó a la reunión. Dos funcionarios la recibieron en su lugar y fueron concluyentes al decir que no había nada que hacer. Una ley aprobada por amplia y transversal mayoría legitimaba lo que estaba ocurriendo en Villa Crespo.

—Volví desarmada. Preguntándome cómo era posible que nadie nos pudiese ayudar. ¿Pueden ponerte un estadio en la esquina de tu casa sin que nadie te pregunte? ¿Dónde están los carteles? Nunca nos enteramos que hubo una Audiencia Pública para discutir la ley antes de que se aprobara.

El 12 de junio a las dos de la tarde, en la Defensoría del Pueblo, el Ingeniero Fernando Claudio Fimognare, Coordinador de Planeamiento, Obras y Espacio Público, reconoció que habría que elaborar algún mecanismo de información pública más eficiente, que es absurdo que los vecinos tengan que revisar el Boletín Oficial o la web de la Legislatura porteña para enterarse si alguna ley está a punto de alterar sus vidas.

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—En casos parecidos, los vecinos se enteran por organizaciones no gubernamentales que son advertidas por legisladores que se oponen al proyecto de ley.

En este caso, esa advertencia no existió por al amplio consenso legislativo.

—Nuestro rol es velar por el cumplimiento de la norma, y la norma ya fue aprobada. Eso nos deja, como Defensoría, sin nada que reclamar.

El funcionario dijo entender los temores de los vecinos por esa legión de dieciséis mil personas, el hervidero de automóviles, filas para estacionar, filas para entrar a ver el espectáculo, para sacar entradas, gritos, bocinas, transportes públicos atestados, bares y cervecerías desembarcando de a puñados, noches transformadas en un infierno, fines de semana apacibles convertidos en el epicentro del desastre.

—Los vecinos están ahora en el peor momento, llenos de dudas y temores, pero Alejandro Korz nos manifestó su deseo de juntarse con ellos. Dijo que lo último que quiere es un enfrentamiento. Que el barrio es lo más importante para el club. En cuanto a la Audiencia Pública que se hizo antes de aprobar la ley… nosotros podríamos hacer un llamado de atención a la legislatura para que haya un mecanismo… un compromiso para que la gente esté anoticiada a tiempo…A nosotros, en este caso, se nos pasó.

Para el funcionario, al ser un estadio cerrado, la contaminación sonora y el efecto de las vibraciones quedarían resueltos. Sobre la clasificación ambiental que recibió la obra, no parece sorprendido.

—Siempre es así. De lo contrario no se construiría nada. A la obra se le da una autorización con carácter condicionado.

Hay cincuenta y cuatro condicionantes en el expediente.

—El gobierno tiene que controlar que se cumpla cada uno. Si no se cumplen, los vecinos pueden venir a la Defensoría y pedir que intervengamos.

Con respecto al tránsito, el orden, la limpieza, los ruidos y las perturbaciones en general dice que se evalúan caso por caso.

—Para cada uno de los eventos que quieran realizar, deberán solicitar una habilitación. La exigencia no es la misma para un partido de tenis para cinco mil personas, que para un recital de Luis Miguel, o de los Rolling Stone. Si como le pasó a ese vecino, alguien orina en la vereda de su casa, es porque hay un responsable que no cumplió su función de control. ¡Pero tenemos que estar de acuerdo en que no podemos sacar todos los semáforos de la ciudad porque a veces alguien pasa uno en rojo!

Ahora, en el bar de la esquina de Avenida Corrientes y Dorrego, una tarde lluviosa y fría, Ingrid y otros dos vecinos toman café. Son reticentes a dar su apellido. A Claudia y Gabriel los intranquilizan algunos comentarios intimidantes que aparecieron en el Facebook del grupo:

—Villa Crespo es ATLANTA, al que no le gusta que contrate un camión de mudanza.

—Si no le gusta que se vayan a otro barrioooooooo.

—Al que no le gusta que se mude…y al que rompa las pelotas? Lo cagamo a trompadas… así de simple manga de gatos estos giles ????.

Una de las vecinas más activas abandonó la causa hace meses, cuando su familia leyó los mensajes y le pidió que dejara “las cosas así”.

Claudia fue una de las vecinas que participó en las denuncias colectivas por los recitales que se hicieron en Atlanta a fines de 2016.

—Cuando tocó la La Vela Puerca, en noviembre, pensamos que era un terremoto. La gente bajaba por las escaleras gritando, desesperada. No podíamos creer que un recital provocara esas oscilaciones.

Alejandro Korz cree que eso no volverá a pasar y minimiza el problema de las multitudes porque dice que el barrio está acostumbrado a los partidos de fútbol. Sin embargo, los mismos socios aseguran que a la cancha van unos tres mil hinchas y que sólo en encuentros claves, algo que no es habitual, pueden ser el triple. Korz admite que los espectáculos del Buenos Aires Arena no serán recitales masivos, algo que muchos hinchas manifiestan con bastante pesar, que el estadio está pensado “a la medida del PRO y La Nación, con gente bien vestida, restaurantes cinco estrellas y un entorno muy poco popular.”

Ana Paulesu, como presidenta de la Asociación de Fomento del Barrio River, lideró los reclamos en la zona de Nuñez. Las investigaciones y documentos de ese período están compiladas en el blog “Recitales de Riesgo” (www.recitalesderiesgo.blogspot.com). Después de leer el informe de impacto ambiental que recibió el grupo de vecinos de Villa Crespo dice en el teléfono: “Está tan bien hecho que hasta parece que lo van a cumplir. Si el empresario sabe cómo hacer las cosas siempre encuentra el modo de conseguir la aprobación. Las normas dejan espacio para la reinterpretación. Siempre lo que al comienzo es ´no´, puede terminar en ´sí´.” Por eso, dice, la única defensa es la que arman y ejercen los vecinos. Pero todo depende de enterarse a tiempo y la resistencia para moverse entre laberintos y presiones. “Se hacen negocios privados nada claros en los espacios públicos. Los legisladores negocian y, aunque no estén del todo de acuerdo, intercambian figuritas: yo te voto esta ley, vos me votás esta otra. Ya no se puede creer ni en los legisladores ni en la Defensoría del Pueblo. Nadie defiende a los ciudadanos. El caso emblemático es el de Sonia Berjman y Santiago Pusso, de la organización Basta de Demoler. Fueron demandados por el Gobierno de la Ciudad por demorar la construcción del subterráneo de la línea H. En 2012 se opusieron a la obra en la Plaza Intendente Alvear, sobre Av. Libertador y Pueyrredón, en un sitio declarado Área de Protección Histórica. Al final, la estación se construyó junto a la Facultad de Derecho pero ellos tienen todavía sus bienes embargados. Son hostigamientos aleccionadores que terminan por disuadir a los vecinos de que conviene cerrar la boca y no hacer nada”.

***

A lo largo de junio y julio, en diferentes caminatas por las cercanías del club, siguen siendo mayoría las personas que no están informadas sobre el nuevo estadio. Las opiniones de quienes aceptan detener su marcha para conversar sobre el tema reflejan aquello que decía Alejandro Korz, que cada uno defiende lo suyo. Dos mujeres se muestran felices con la noticia porque la hermana de una de ellas tiene un quiosco justo enfrente del club. En un local sobre la Av. Corrientes, a metros de Humboldt, hay unas diez mujeres que forman una fila para pagar impuestos. La mayoría se muestra indiferente. Una dice que ojalá arreglen las veredas y mejoren la iluminación. Otra, que por fin Humboldt dejará de ser un “cagadero de perros”. Una pareja sale del mercadito de la esquina del club con su hija pequeña y bolsas cargadas de frutas y verduras; no saben nada del estadio pero ruegan que no se termine; él es extranjero, a ninguno de los dos les interesa el fútbol y dicen que ya tienen bastante con los días en que hay partido.

Hay en esas respuestas esperanzadas que claman por seguridad, higiene, veredas, iluminación, etcétera, la resonancia de una estrategia que los especialistas llaman “vaciar y rellenar”. Juliana Marcús, doctroa en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet y del Instituto Gino Germani, es una de las autoras de Espacios Urbanos Vaciados, proyectos de renovación urbanística y resistencia vecinal en la Ciudad de Buenos Aires: el caso de la manzana 66 del barrio de Balvanera. En ese caso, los vecinos demolieron las intenciones de políticos y empresarios. Alberto Aguilera, vecino de Balvanera e integrante de la red de vecinos autoconvocados Manzana 66 Verde y Pública, dice que ellos pudieron actuar a tiempo porque la noticia se filtró a través del diario Perfil antes de que en la Legislatura avanzara el proyecto. La nota los alertó de las intenciones de las empresas que, sin decir una palabra, iban derribando una a una las casas de la manzana. Entonces, impulsaron la propuesta de construir allí una plaza y  una escuela y ejercieron una presión sin tregua en la Legislatura. “No dejábamos de ir ni un solo día”.

Cada uno defiende lo suyo.

Como las fuerzas para el ejercicio de esa defensa suelen ser inquietantemente dispares, existe el control del Estado.

***

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, le cede la palabra a la vecina de Villa Crespo en uno de los encuentros barriales que organiza el Gobierno de la Ciudad. Es 13 de abril, en el Club Villa Malcom, de Thames y Avenida Córdoba. Para hablar hay que anotarse previamente y anticipar el tema. La vecina expresa los temores acerca del estadio: todos los que los vecinos autoconvocados de Villa Crespo volcaron en el volante que repartieron en el barrio y publicaron en el Facebook. El Jefe de Gobierno escucha y dice que “Lo que a la señora la tiene tan intranquila no debería intranquilizarla”. Y asegura que, según le dice un fiscal allí presente, hasta que no esté concluida la evaluación de impacto ambiental, la obra no avanzará.

La vecina, entonces, quiere decirle que tiene la evaluación de impacto ambiental con ella, en su bolso, porque se la han remitido los organismos oficiales cuando hizo el pedido de información pública; quiere informarle que en la construcción ya hay gente trabajando; quiere preguntarle cómo es posible que un proyecto de semejante envergadura no sea considerado desde el inicio como una obra con impacto ambiental relevante; quiere que le explique por qué si la tendencia mundial -ratificada para esta nota por académicos, abogados, arquitectos ambientalistas y periodistas de diferentes partes del mundo: Madrid, México, Montevideo, Nueva York, Londres, Berlín- es construir los estadios apartados de las zonas urbanas, aquí, en Buenos Aires, se decidió hacer exactamente lo contrario; quiere aclarar que los ejemplos del primer mundo que se enumeran pomposamente en los anexos de la ley 5.874 -“…como ha ocurrido con diversos estadios cubiertos emplazados en distintas partes del mundo como el ´O2 Arena´ en Londres, el ´Mercedes Benz Arena´ en Berlín, o el ´Superdome´ de New Orleans, añadirá nuevo impulso a la renovación de toda la zona como polo cultural, de diseño, de negocios y turístico”- no están ubicados frente a la casa de ningún vecino.

Porque el O2 Arena en Londres se encuentra en una zona sin demasiadas construcciones, con grandes explanadas y edificios comerciales en una pequeña península del río al sureste de Londres; porque el Mercedes Benz Arena de Berlín fue emplazado en la periferia de la ciudad, sobre terrenos que eran del ferrocarril y cerca del antiguo muro, donde sobraban las tierras para construir rutas y estacionamientos y, aún así, fue resistido por el riesgo latente de gentrificación -un concepto que sintetiza la migración obligada de los vecinos cuando un barrio es intervenido a favor de corporaciones y un grupo reducido de la comunidad-; y porque el Superdome de New Orleans se levanta en medio del distrito central de negocios, rodeado de edificios de grandes empresas y autopistas. Pero la vecina tiene que cerrar la boca. El encuentro con el Jefe de Gobierno tiene su protocolo y después de que él habla no se puede acotar ni repreguntar.

Entonces toma la palabra el vecino que vive a una cuadra de Atlanta y aprovecha para plantear lo que su vecina no pudo. Le habla al Jefe de Gobierno, le explica la experiencia internacional en materia de localización de estadios. ¿No es por eso que se construyó un Arena en las afueras de Buenos Aires, a 40 km al norte de la ciudad, en Tortuguitas? Y así y todo, los comentarios en la página web de ese estadio maldicen el caos vehicular cada vez que hay un recital. ¿No está el Luna Park ubicado en medio de una zona de oficinas? Larreta emite una frase similar a la que dijo antes y  mira hacia un costado. Alejandro Korz, de pronto, se hace presente en la reunión, toma la palabra y ofrece construir en el predio de la discordia un jardín maternal. Larreta pide un aplauso para el hombre fuerte de Atlanta y antes de pasar a otro tema les recomienda a los dos vecinos que dialoguen con el vicepresidente del club.

“Se lavó las manos y nos tiró a la cueva de los lobos”, dice la vecina que -para cuando llegue el mes de agosto, después de reuniones fallidas con legisladores y funcionarios públicos- sentirá que la estrategia de los poderosos es sonreír, ser amables y desgastar. Entendió en estos meses que encauzar una queja ciudadana es un trabajo de tiempo completo. Y en eso, tal vez, radica el éxito de la estrategia: van probando, dice, y si nadie se da cuenta a tiempo, la chanchada se cuela y pasa, porque la pelea exige dedicarle el día entero: ir a la legislatura, a la defensoría, de nuevo a la legislatura, a las distintas oficinas estatales que se ocupan del tema para que, al final, deslicen la idea de que el problema es no haber reaccionado antes. “Todos nos preguntan: ¿Cómo no se dieron cuenta hace tres años, cómo no se organizaron cuando el estadio empezó a  construirse? Y yo me pregunto: ¿Somos nosotros los culpables?”

En aquel encuentro había legisladores que advirtieron la tensión y que algo importante estaba en juego. Se acercaron a los dos vecinos y entregaron sus tarjetas personales. Les ofrecieron investigar y darles apoyo logístico. Los vecinos se ilusionaron. Llegaron a sus casas y redactaron mails, adjuntaron el volante, el link al grupo de Facebook, los documentos oficiales que habían recibido. Y esperaron. Como no recibieron respuesta, llamaron por teléfono, reenviaron los correos. A cambio, recibieron evasivas o silencio.

Durante mayo, junio y julio se intentó contactar para esta nota a varios de los legisladores que participaron en la redacción de la ley 5.874 y que votaron a favor. En la mayoría de los casos, los responsables de prensa pidieron que las preguntas se enviasen por mail. El planteo general de esos mails decía: ¿Cómo se explica que en 2014 el partido al que representa se haya opuesto de manera categórica al proyecto conocido como Manzana 66, que impulsaba la construcción de un estadio en el barrio de Balvanera, y que usted, representando al mismo partido, en 2017 haya votado a favor de un estadio con características muy similares en el barrio de Villa Crespo? Porque, salvo el PRO, todos los partidos rechazaron el estadio en la Manzana 66 y fueron contundentes al negarse a avanzar con la iniciativa oficialista. ¿Cómo es posible que aquel proyecto de 2014 fuera considerado no aceptable para los vecinos de Balvanera y que, ahora, este de Villa Crespo sea convalidado de manera indiscutida y coronado en la Legislatura con aplausos y loas efusivas, según la versión taquigráfica de la sesión?

Ni Graciela Ocaña, ni Carlos Tomada, ni Gustavo Vera, todos co-autores del proyecto de ley, respondieron. A Vera se lo solía ver en 2016 debajo del ombú de Parque Rivadavia con un megáfono en la mano hablando en contra de los negociados inmobiliarios de Mauricio Macri y su entorno, y movilizando a los vecinos en contra de la construcción del Shopping de Caballito.

“Si te dan las tierras, ¿les vas a decir que no?”, dice un socio de Atlanta que militó en los tiempos de Jorge Telerman, cuando recuperaron la sede social del club. En una charla telefónica recuerda la historia con matices que denotan que es del bando contrario a Korz. “No creo que los dirigentes de Atlanta sean chorros. Pero son capaces de hacer cualquier cosa por sostener al club de pie. Gustavo Vera es fanático de Atlanta. Y Korz también. Y es un abogado muy vinculado a Carlos Heller. ¿Por qué te pensás que en las elecciones legislativas de 2017 la oposición no usó el estadio para hacer campaña en contra de Larreta? ¿Por qué mantuvieron todo en silencio hasta que se aprobó la ley? En 2017 también hubo elecciones en Atlanta después de treinta años. Una votación complicada. El oficialismo ni mencionó el estadio. Si es algo tan bueno, ¿por qué se mantuvo en silencio? Pero esas son internas. Lo central es que cualquier hincha sería capaz de hacer cualquier cosa para que el club siga en Villa Crespo y pueda pelear el ascenso”

En esa elección de 2017, en la lista opositora estaba Mónica Nizardo, la hija del mítico socio que a fines de los ’90 emprendió la lucha en la Legislatura para recuperar la sede social que el club había perdido por la quiebra de 1991. El proyecto que el grupo tenía pensado para la obra inconclusa era derribarla y hacer allí canchas de fútbol para alquilarlas a precios populares. Una tarde de fines de junio, Nizardo contesta un WhatsApp y dice que prefiere no opinar: “Estoy muy alejada de la realidad del club. Ya no pertenezco a ninguna agrupación.”

Una de las vecinas del grupo autoconvocado de Villa Crespo fue un día a una reunión, citada por un funcionario de la legislatura. El funcionario le dijo que, durante los meses previos a la votación de la ley, Alejandro Korz “nos venía a ver todos los días”. El funcionario se mostró preocupado, dijo comprender el problema, y prometió que la tendría informada sobre cómo marchaban la obra, el control del informe de impacto ambiental. Pero nunca volvió a saber de él.

***

La ley 5.874, votada en 2017, tiene como autor a Francisco Quintana, legislador por el partido oficial. Después de seis semanas de insistencia, su equipo de prensa envió una declaración: “El objetivo era recuperar la obra sin terminar -desde 2015- y con el techo derrumbado de este Miniestadio. Por eso votamos el reemplazo en el contrato de comodato, con 41 votos afirmativos de distintas fuerzas políticas como el peronismo, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Además, pensamos este proyecto en forma integral: no es sólo la construcción de un Miniestadio, sino que el Club debe ceder el 10% del terreno como espacio verde, construir una escuela pública y descontarle el 50% de la cuota social a los alumnos de escuelas públicas de la Ciudad. Transformamos una obra sin terminar en una fuente de empleo, educación y deporte para los vecinos”.

***

Adrián Camps fue contactado vía Facebook por los vecinos. De inmediato respondió: “Voté la cesión de tierras a Atlanta con el objetivo de favorecer las actividades deportivas y sociales de una institución importante. Confié en ese momento en el consenso que tenía el proyecto y el apoyo de diputados afines como Gustavo Vera. Atlanta ya contaba con un mini estadio y me parece que si proyectan un ´Arena´ para 16.000 espectadores no estarían cumpliendo con lo que establece la ley (mini estadio).”

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“Confié”, “estarían”, “me parece”: esa constelación de palabras ¿desliza la posibilidad de que un legislador haya votado sin comprender lo que estaba votando? En un intercambio de correos para esta nota, se le preguntó sobre el rechazo generalizado al proyecto de Manzana 66 y la aprobación al de Villa Crespo. Dijo que estudiaría el tema. El 20 de junio, escribió: “Manzana 66 tenía zonificación residencial y comercial; para hacer un estadio necesitaban una ley y la oposición vecinal ya era muy fuerte. En el predio de Humboldt, la zonificación admite un estadio. Pero ¿qué tipo de estadio? La ley habla de ´Micro Estadio´. No sé si existe esa tipología en el Código de Planeamiento Urbano; pero tendría que haber quedado especificado en la ley. El sentido común indica que es para aproximadamente 5.000 personas. Y creo que los que votamos la ley lo hicimos pensando en esa cifra. Por otra parte, esta construcción no puede considerarse como ´sin relevante efecto´. La ley 123 establece en su artículo 13 cuales son las obras  ´con relevante efecto´. El inciso ´O´ incluye a ferias, centros deportivos, salas de juegos y lugares de diversión. Y el inciso ´P´ a  los grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la infraestructura vial o de servicios existentes. Consecuencia: me parece que debe hacerse una Audiencia Pública con los vecinos por el tema de impacto ambiental… tal vez se pueda revertir la situación. Si no se puede, habría que cuestionar la capacidad y que ´Micro Estadio´ no supere las 5.000 personas. También, regular la cantidad de eventos a desarrollar. Creo que es lo que puedo aportar. Cordiales saludos. Adrián Camps.”

En el Código de Planeamiento Urbano, que regula las habilitaciones, la organización del tejido edilicio y la distribución de usos de suelo de la Ciudad de Buenos Aires, el término Microestadio no existe.

***

Enrique Viale, Presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, dice, categórico, que es arbitrario que el Microestadio haya sido catalogado como “sin relevante impacto ambiental”, que la ley es ambigua con respecto a los parámetros de evaluación. “El caso de Atlanta merece revisión. El problema no es el club sino el Gobierno y su ausencia. Atlanta debería estar solventado por ingresos públicos. El Microestadio es un negocio de especulación inmobiliaria y el club un rehén. Es una acción perversa que se repite en otros sectores. Participo en temas del sector minero y es usual ver cómo dejan a un pueblo en estado de abandono para que cuando llegue una minera privada los pobladores la reciban como una salvación: le pintan una escuela, le ponen dos insumos en un hospital, les dan dos mangos. Es perverso. Un abandono deliberado del Estado para terminar entregando a privados hectáreas de tierra que en CABA son oro. Nosotros llamamos a ese proceso ´Extractivismo Urbano´”.

Andrea Burucúa, abogada especializada en derecho ambiental y miembro de la  Fundación Ecosur, cree que hay una política de estado que distintos partidos de la oposición han apoyado en la Legislatura. Terrenos públicos que se venden, subastan o concesionan a desarrolladores inmobiliarios y se acompañan, en general, de modificaciones al Código de Planeamiento Urbano. Cree  que dar terrenos en comodato a algunos clubes puede ser una buena medida para apoyar su continuidad, pero el caso de Atlanta se mezcla con un negocio inmobiliario y de espectáculos que empaña ese propósito. “La participación es uno de los pilares del derecho ambiental. Autorizar este tipo de proyectos que afectará de forma directa a los vecinos, sin darles participación, es un avasallamiento a sus derechos”.

El Arquitecto Osvaldo Guerrica Echevarría, Presidente de la Asociación de Amigos del Lago de Palermo,  dice en un mail del 9 de junio: “No es la primera vez que en la Legislatura de la Ciudad se aprueba algo que es un negocio para pocos y perjudicial para los vecinos. En cuanto al Certificado de Impacto Ambiental, desde siempre, cualquiera que ´acuerde´ con los funcionarios, obtiene la categoría ´sin relevante efecto´, sin que importe demasiado si la obra lo tiene o no.”

“Es la primera vez que veo votar mal a Adrián Camps”, dice Jonatan Baldiviezo, Presidente de la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad. Señalado como un referente en la defensa de los espacios de la ciudad, escucha las actividades sociales que realiza Atlanta y que son destacadas en los considerandos de la ley 5.874. “Hay que salir de esa trampa binaria. Aquí no se trata de Atlanta sí o Atlanta no. En diez años, en CABA se privatizaron 350 hectáreas de terrenos públicos. Digo ´privatizaron´ porque cuando se las concesiona difícilmente regresan al uso público; vuelven a quedar en manos privadas para la explotación y uso de una parte pequeña de los habitantes.”  Es el caso de Costanera Norte en los ´90; de los shoppings; de Distrito Arcos. “Nadie se opone a las ventajas de vitalizar la ciudad. La discusión es cómo. ¿Concentrando la riqueza en las cadenas internacionales que se benefician con estos emprendimientos? ¿O buscando una economía alternativa que no expulse a las familias que han vivido y trabajado en el barrio?”

Según Baldiviezo el problema se origina en códigos abstractos: no se planifica con seriedad, se permiten modificaciones puntuales para conseguir autorizaciones y la discusión con la ciudadanía está ausente. “La denominación Microestadio no es un término existente en el Código de Planeamiento y es esa ambigüedad la que deja, en el caso de Atlanta, la puerta abierta a las empresas.” La ley 123 postula que si un emprendimiento puede provocar un colapso de los servicios públicos, o si fue aprobado por una ley que exigió su aprobación por mayoría especial de más de cuarenta votos, o si  la construcción supera los dos mil quinientos metros cuadrados, entonces ese proyecto tiene un impacto ambiental relevante y se debe convocar, sin excusas, a una Audiencia Pública. “Creo que considerar al Microestadio de Atlanta como ´sin relevante impacto ambiental´ es ilegal.”

***

Gustavo Perrones vive en el piso 9 de un edificio sobre la calle Humboldt entre Padilla y Camargo, justo frente al futuro Buenos Aires Arena. Desde su ventana, a unos treinta metros de altura, sigue los detalles de la obra.

—Ahora avanza con todo —dice con la conmoción de quien es testigo de una evidencia fatal.

Quince millones de dólares es el monto del préstamo que, según una nota publicada por el portal LexLatin el 20 de agosto de 2018, otorgaron el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Comafi y el Banco Mariva, para financiar la obra que, según el artículo, demandaría treinta y ocho millones de dólares.

Perrones tiene 63 años, es veterinario y profesor en la universidad. Vive en ese departamento de cinco ambientes desde 1996, con su mujer y uno de sus cuatro hijos. Fue en 2014 cuando observó el ingreso de las primeras excavadoras. Empezó a averiguar y supo que edificarían un estadio. Leyó notas en los blogs, las sospechas, pensó en las consecuencias, intentó movilizar a los vecinos pero no lo escucharon.

—Supongo que por comodidad, por temor a las represalias, porque a muchos les parece que puede ser bueno para el barrio.

Con el accidente de 2015, sobrevinieron el estupor y la preocupación por la falta de controles. A través de su ventana vio cómo se congelaba la obra. Hasta que llegaron los recitales a fines de 2016 y empezó su derrotero, otra vez, por las oficinas públicas para denunciar los ruidos molestos.

—Los inspectores vinieron, midieron los decibeles, se horrorizaron y clausuraron el estadio. Y un mes después volvió a pasar lo mismo.

Gustavo repartió volantes, visitó oficinas públicas, tuvo encuentros tensos con miembros directivos del club, intentó ver a Fernando del Gaiso que nunca lo recibió, habló con una abogada del equipo de Margarita Stolbizer que hizo promesas que jamás cumplió, estuvo en un encuentro de vecinos con Horacio Rodríguez Larreta cuando era Jefe de Gabinete en 2015 y lo escuchó decir que no tenía ni idea del estadio. Un día, hace poco, se cansó. Llamó a una inmobiliaria y puso su departamento en venta.

—Uno similar al mío, de cinco ambientes, a pocas cuadras y en el mismo barrio, está tasado en doscientos treinta mil dólares. El mío, en ciento ochenta mil. Es decir, mi casa vale cincuenta mil dólares menos por culpa del estadio.

Lo habló con su mujer y siguieron adelante. Había una interesada. Se prepararon. Sonó el portero y sintieron la alegría de un día de fiesta. Gustavo atendió y escuchó lo que sería el comienzo de una debacle. “Lo siento, Gustavo -le dijo la promotora de la inmobiliaria-, pero la interesada miró la obra de acá enfrente y prefirió ni subir.”

Ahora, comenzaron a poner vidrios dobles para intentar amortiguar los ruidos de la obra. Un martillo mecánico los martiriza todo el día. Con Alejandra, una vecina con la que batallan desde hace tres años, hicieron varias denuncias. Y nada cambia.

—Hay concordancia política entre los legisladores para obtener sus ventajas, para el PRO este es uno más de sus negocios inmobiliarios, La Nación va a tener un estadio en tierras que no son de ellos, y Atlanta consigue lo único que le importa que es armar un equipo de fútbol. La revalorización, la única y real, es para cada uno de ellos.

Alejandra conoció a Gustavo haciendo denuncias. Con el tiempo se convirtió en una experta en derechos ciudadanos. Se la pasa llamando al 0800-Fiscal. Una tarea de tiempo completo que implica no sólo hacer la denuncia sino presentar pruebas y testigos.

—Si la seguís hasta el final, podés llegar a tener resultados satisfactorios. Ahora estoy en ese proceso. Porque el problema no está en el futuro, el problema ya está acá. Tenemos máquinas funcionando desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche.

Tiene 52 años y vive sola en un PH a treinta y tres metros de lo que será la entrada del estadio. Hasta hace una semana trabajaba en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de cultura. Renunció porque no estaba cómoda. Ahora ejerce como consultora. De la obra se enteró en 2014 cuando empezó a observar el movimiento y buscó información en la página web del club.

—Me preocupé, me angustié, pero no hice nada. Cuando le comenté a algunos vecinos vi que ninguno estaba dispuesto a ocuparse. Ejercer el derecho ciudadano en esta ciudad es un trabajo. Tenés que dedicarte todo el día. La gente es cómoda, hay una tendencia a no meterse y miedo a las represalias. Este es un barrio sin ley. Cada quien hace lo que se le da la gana. Hay una especie de impunidad donde todo vale. Es el Lejano Oeste.

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Alejandra no quiere oír hablar de las buenas obras de Atlanta, ni de la emoción de la hinchada, ni del estadio que antes habrá soñado Macri y ahora Larreta. No quiere oír hablar de ninguna otra cosa que no sea lo difícil que va a ser para ella mudarse sin perder gran parte del único capital que ha logrado construir con esfuerzo a lo largo de su vida.

—A esos que te dicen que va a estar bueno, que me voy a capitalizar, que será un sueño vivir acá, dales mi número y que me vengan a comprar mi casa sin descuento.

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