Condenan a empresas a contratar mujeres para cubrir el cupo femenino

Los demandados eran el Ministerio de Trabajo y tres empresas de transporte de pasajeros de corta distancia.

Poe la Redacción de Noticias La Insuperable

En 2014, Erika Borda presentó el amparo, con el patrocinio letrado de la coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, Raquel Asensio, y del coordinador del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la misma institución, Sebastián Tedeschi.
El amparo se dirigió contra empresas de transporte urbano de corta distancia del área metropolitana, para requerir que adopten una política de selección y contratación del personal no discriminatoria y que se fije un cupo que permita equiparar la situación de las mujeres. También se demandó al Ministerio de Trabajo de la Nación, en su calidad de autoridad de aplicación en materia laboral, para que adopte las medidas necesarias para hacer cesar las prácticas discriminatorias que afectan a las mujeres en el acceso al trabajo en el sector. Por último, se cuestionó el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 460/1973, que rige la actividad del personal de autotransporte colectivo de pasajeros, por ser violatorio del principio de igualdad, ya que sólo contempla a hombres para los puestos de chofer de colectivos urbanos.

Una cuestión importante para entender el marco en el cual se dictó el fallo es que ninguna de las demandadas contaba con personal femenino entre sus choferes. Según las empresas, esto se debía a que los varones “han sido… casi los únicos quienes se postularon para desempeñar esa tarea”.

Según explica el abogado Esteban R. Sojo, es justamente esta última frase la que funciona como disparador para los jueces votantes Graciela González y Miguel Ángel Pirolo. Es que casi todo el desarrollo de la sentencia se enmarca en la idea en que el principio de no discriminación en nuestro ordenamiento legal no se limita a defender una noción de igualdad formal en la cual se prohíbe las diferencias de trato irrazonables, sino que avanza hacia una igualdad material que parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren medidas especiales de equiparación. El fallo destaca que es necesario actuar en contra de las instituciones o practicas que agravan la posición de subordinación de grupos especialmente desventajados.

Así, finalmente, el Tribunal ordenó “a las demandadas Transportes Avenida Bernardo Ader; Los Constituyentes S.A. y Transportes Escalada S.A.T a cesar de inmediato con la discriminación por razón de género” e instar “a los Poderes Ejecutivos y Legislativos a que adopten, en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas apropiadas para revertir la discriminación por género a partir de la realización de campañas de información y capacitación laboral y programas específicos a tales efectos”.

En lo que respecta al reclamo individual de Borda la solución a la que arriban es obligar a las empresas a tenerla en cuenta para las próximas vacantes que se puedan presentar.

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